Internacionales
Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió públicamente repetir las elecciones presidenciales en Honduras. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en medio del escrutinio especial.
Nasralla afirmó que el proceso electoral es “totalmente falso” y aseguró tener pruebas de fraude electoral. Según su declaración, existen actas que no se han contado de forma deliberada.
Además, advirtió que no aceptará un resultado oficial si se proclama un ganador antes del cierre del escrutinio especial. Sostuvo que las autoridades buscan impedir la revisión completa de las actas.
La propuesta de repetir las elecciones generó un rechazo inmediato dentro del propio Partido Liberal. Dirigentes y diputados liberales marcaron distancia de la postura de Nasralla.
El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), Yani Rosenthal, reiteró su oposición a una nueva elección presidencial. Aseguró que esa posición representa de forma clara la línea institucional del partido.
Rosenthal señaló que el Partido Liberal debe respetar las reglas del proceso electoral. Indicó que corresponde continuar con el escrutinio especial y agotar los recursos legales existentes.
En su pronunciamiento, Rosenthal afirmó que la repetición de elecciones no tiene sustento legal en este momento. Sostuvo que desconocer un proceso en curso resulta contradictorio y peligroso.
“El único interesado en repetir elecciones es Libre”, declaró, al señalar que ese partido busca romper el orden constitucional. Según Rosenthal, el camino institucional exige respetar las etapas del proceso electoral.
También advirtió que desacreditar el desarrollo de las elecciones debilita la institucionalidad democrática. Insistió en que el Estado de Derecho ofrece mecanismos legales para resolver disputas electorales.
Diputados liberales refuerzan el rechazo
La diputada liberal Maribel Espinoza rechazó de forma tajante cualquier intento de repetir las elecciones generales en Honduras. Afirmó que esa propuesta responde a intereses políticos ajenos al orden democrático.
“No a la repetición de elecciones generales para ayudarle a Libre a destruir la democracia”, expresó la parlamentaria. Agregó que el contexto actual pone a prueba la coherencia de los liderazgos políticos.
Espinoza recordó que todos los partidos aceptaron las reglas electorales antes de los comicios. Subrayó que el Partido Liberal se sometió al proceso bajo ese marco legal.
Tensión política y efectos en el país
Las declaraciones de Nasralla se producen en un contexto de alta tensión política por el escrutinio especial. El proceso ha estado marcado por denuncias, bloqueos y confrontaciones entre actores políticos.
Analistas señalan que el llamado a repetir elecciones aumenta la incertidumbre institucional. También advierten que ese planteamiento puede profundizar la polarización política en Honduras.
Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con la revisión de actas. El desarrollo del escrutinio especial se mantiene como el mecanismo central para resolver las disputas electorales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
