Internacionales
Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
Un fuerte accidente se registró en el poblado El Pedregal, en la jurisdicción del municipio de Ocotlán, en Jalisco, México.
En este aparatoso incidente, una camioneta de color azul fue impactada por el tren que llevaba múltiples vagones.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el conductor de una camioneta intentó cruzar las vías del ferrocarril sin respetar el paso de la máquina pesada.
Esta maniobra provocó que la unidad fuera alcanzada e impactada por el ferrocarril, ocasionando daños destruyendo casi por completo el vehículo y dejando a una persona gravemente herida.
Hasta el momento, se informó que el lesionado permanece bajo cuidados médicos, debido a la severidad de las lesiones provocadas por el impacto.
Internacionales
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.
