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Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
