Internacionales
Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
Internacionales
Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.
La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.
Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.
La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.
El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción. La medida marca un nuevo giro en la relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro.
Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.
Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.
Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.
«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», detalla el texto difundido este sábado.
El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una «deportación».
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.
Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Caída en desgracia
Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.
Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.
Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.
