Internacionales
Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
Leópolis, Ucrania. El diputado y expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, informaron las autoridades locales.
La policía señaló que una “personalidad pública y política bastante conocida” había fallecido a causa de las heridas sufridas en un tiroteo, y que actualmente buscan al responsable del ataque.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que se trataba de Parubii, quien lideró el Parlamento entre 2016 y 2019, y calificó el hecho como un “horrible asesinato”, prometiendo una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos del crimen.
Andrii Parubii fue un destacado activista proeuropeo, participando en la Revolución Naranja de 2004 y en el movimiento de Maidán de 2014.
Evreux, Francia. Un hombre embistió intencionadamente con su vehículo a una multitud frente a un bar en la localidad de Evreux, al norte de Francia, tras un altercado ocurrido en la madrugada del sábado, causando un muerto y cinco heridos, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. (02:00 GMT), luego de que una discusión entre una joven y varios hombres dentro del bar derivara en que los porteros desalojaran a todos los clientes, aproximadamente un centenar, al exterior.
Según el fiscal de Evreux, Rémi Coutin, una persona regresó con un vehículo y, deliberadamente, embistió a gran velocidad contra la multitud. El ataque dejó un fallecido en el lugar y cinco heridos, dos de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados a un hospital.
La fiscalía abrió una investigación por homicidio y tentativa de homicidio, descartando cualquier motivación terrorista o racista. Hasta el momento, dos hombres y una mujer han sido detenidos en relación con el hecho, que las autoridades calificaron como una tragedia que se descontroló por completo.
“Desgraciadamente, el balance es muy grave”, señaló Coutin.
Al menos tres reclusos fallecieron el viernes durante una requisa policial en la cárcel de Turi, en Cuenca, sur de Ecuador, según medios locales.
De acuerdo con los informes, los incidentes se produjeron durante la mañana, cuando agentes detuvieron a un interno y decomisaron armas de fuego. Desde los exteriores del penal se escucharon gritos y disparos, lo que motivó la intervención de personal de la Policía, Fiscalía y un equipo de Criminalística.
Uno de los presos murió a causa de un disparo y se encontraba en el pabellón de máxima seguridad, según indicó un policía involucrado en la investigación. Las autoridades cerraron temporalmente los accesos al penal mientras se indagan las causas de los decesos.
La cárcel de Turi es considerada una de las más conflictivas del país y forma parte del “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa contra bandas del crimen organizado. Las prisiones ecuatorianas se encuentran bajo control de las Fuerzas Armadas debido a la violencia criminal y la crisis penitenciaria que persiste desde 2021.
