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Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
