Internacionales
AMLO cierra cárcel de Puente Grande; donde escapó “El Chapo” Guzmán en 2001
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social 2, “Occidente”, mejor conocido como Puente Grande, en el estado de Jalisco, que cobró fama por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que se anunciara su desincorporado del Sistema Penitenciario Federal, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El nombre del penal de Puente Grande, Jalisco ocupó los titulares de la prensa internacional en enero de 2001, por la fuga de “El Chapo” Guzmán, otrora líder del cártel de Sinaloa.
Las autoridades federales establecen que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’ serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Asimismo, en torno a los trabajadores se menciona que también serán reubicados en otros centros penitenciarios federales, de acuerdo con las necesidades del Sistema Penitenciario Federal.
En el Diario Oficial de la Federación se establece que el destino final del bien inmueble del Cefereso 2 lo debe determinar posteriormente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El que fuera penal de máxima seguridad de Puente Grande, es una de las más cárceles más conocidas en México por ser la prisión de la que “El Chapo”, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.
Años después, en 2015, “El Chapo” se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.
Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.
En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de la COVID-19, que ha dejado centenares de muertos en las cárceles mexicanas.
Asimismo, la prisión era famosa por las “narcofiestas” que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.
“Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales”, prometió el acuerdo de este lunes.
El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles mexicanas, en la norteña ciudad de Monterrey.
La pandemia de la COVID-19 también ha exhibido la crisis en las prisiones en México.
En las cárceles mexicanas hay al menos de 3.350 casos de COVID-19 y 325 muertos entre presos y guardias, según la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
En su “Mapa Penitenciario de COVID-19”, AsiLegal también ha registrado 20 incidentes de violencia durante la pandemia.
En el acuerdo de este día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes “continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente”.
También estableció que la Secretaría “determinará en su momento el destino final del bien inmueble”.
De esa prisión escapó Joaquín, El Chapo, Guzmán en 2001. También ha tenido entre sus presos a Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.
Con información de agencias
Internacionales
Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
