Internacionales
AMLO cierra cárcel de Puente Grande; donde escapó “El Chapo” Guzmán en 2001
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social 2, “Occidente”, mejor conocido como Puente Grande, en el estado de Jalisco, que cobró fama por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que se anunciara su desincorporado del Sistema Penitenciario Federal, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El nombre del penal de Puente Grande, Jalisco ocupó los titulares de la prensa internacional en enero de 2001, por la fuga de “El Chapo” Guzmán, otrora líder del cártel de Sinaloa.
Las autoridades federales establecen que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’ serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Asimismo, en torno a los trabajadores se menciona que también serán reubicados en otros centros penitenciarios federales, de acuerdo con las necesidades del Sistema Penitenciario Federal.
En el Diario Oficial de la Federación se establece que el destino final del bien inmueble del Cefereso 2 lo debe determinar posteriormente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El que fuera penal de máxima seguridad de Puente Grande, es una de las más cárceles más conocidas en México por ser la prisión de la que “El Chapo”, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.
Años después, en 2015, “El Chapo” se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.
Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.
En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de la COVID-19, que ha dejado centenares de muertos en las cárceles mexicanas.
Asimismo, la prisión era famosa por las “narcofiestas” que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.
“Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales”, prometió el acuerdo de este lunes.
El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles mexicanas, en la norteña ciudad de Monterrey.
La pandemia de la COVID-19 también ha exhibido la crisis en las prisiones en México.
En las cárceles mexicanas hay al menos de 3.350 casos de COVID-19 y 325 muertos entre presos y guardias, según la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
En su “Mapa Penitenciario de COVID-19”, AsiLegal también ha registrado 20 incidentes de violencia durante la pandemia.
En el acuerdo de este día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes “continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente”.
También estableció que la Secretaría “determinará en su momento el destino final del bien inmueble”.
De esa prisión escapó Joaquín, El Chapo, Guzmán en 2001. También ha tenido entre sus presos a Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.
Con información de agencias
El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que ya dejaron más de 200 muertos este año.
«Se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, [y] las instituciones descentralizadas (…) pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves y viernes», dijo el ministerio en un comunicado.
Argumentó que son «recomendaciones de la Secretaría de Salud», porque hay «un acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas» como «el Sar-Covid-19, el virus sincitial respiratorio, la influenza o el resfriado común».
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Lorenzo Pavón, aseguró a medios locales que 216 personas han fallecido en lo que va del año a causa de infecciones respiratorias, cinco por Covid-19, en «una letalidad realmente bien considerable».
El gobierno había recomendado a la población «retomar el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes», así como «evitar concentraciones masivas en espacios reducidos», igual que en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
