Judicial
Fallo a favor de familia del expresidente Flores en caso Taiwán
La Cámara Segundo de lo Penal absolvió de toda responsabilidad civil al expresidente de la República, Francisco Flores, y a su familia, en el caso de las donaciones hechas por China-Taiwán a El Salvador; es decir, que no están obligados a devolver dinero al Estado de lo que supuestamente el exmandatario habría desviado de la donación.
La decisión de ello, según lo comunicado, se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pocas pruebas referentes a los delitos por los que se le acusaba: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
Ante esto, la Cámara declaró en firme la resolución hecha por el Tribunal Quinto de Sentencia, que en abril los exoneró de devolver al Estado $15 millones -en concepto de daños- de los fondos de Taiwán, tanto a Flores como a su esposa, Lourdes Rodríguez, y a sus dos hijos, Juan Marco Flores y Gabriela Flores.
Además, la instancia judicial indicó que fue inadmisible la apelación de la FGR, porque incumplieron con el plazo determinado para poder realizarla y no presentó las pruebas suficientes para revertir la sentencia.
Como última instancia, el ministerio público tiene la opción de presentar un recurso de casación -un escrito que se interpone contra fallos definitivos- ante la Cámara para que esta posteriormente lo remita a la Sala de lo Penal, para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de emitida la notificación de la resolución.
Esta resolución del Tribunal 5° de Sentencia fue brindada después de que transcurrieran cuatro años del proceso judicial y a este tiempo se le sumaron dos años después de la muerte del exmandatario, quien gobernó el país bajo la bandera de ARENA en el periodo de junio de 1999 a junio de 2004. Flores falleció el 30 de enero de 2016, tras sufrir una hemorragia cerebral.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
