Judicial
Fallo a favor de familia del expresidente Flores en caso Taiwán
La Cámara Segundo de lo Penal absolvió de toda responsabilidad civil al expresidente de la República, Francisco Flores, y a su familia, en el caso de las donaciones hechas por China-Taiwán a El Salvador; es decir, que no están obligados a devolver dinero al Estado de lo que supuestamente el exmandatario habría desviado de la donación.
La decisión de ello, según lo comunicado, se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pocas pruebas referentes a los delitos por los que se le acusaba: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
Ante esto, la Cámara declaró en firme la resolución hecha por el Tribunal Quinto de Sentencia, que en abril los exoneró de devolver al Estado $15 millones -en concepto de daños- de los fondos de Taiwán, tanto a Flores como a su esposa, Lourdes Rodríguez, y a sus dos hijos, Juan Marco Flores y Gabriela Flores.
Además, la instancia judicial indicó que fue inadmisible la apelación de la FGR, porque incumplieron con el plazo determinado para poder realizarla y no presentó las pruebas suficientes para revertir la sentencia.
Como última instancia, el ministerio público tiene la opción de presentar un recurso de casación -un escrito que se interpone contra fallos definitivos- ante la Cámara para que esta posteriormente lo remita a la Sala de lo Penal, para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de emitida la notificación de la resolución.
Esta resolución del Tribunal 5° de Sentencia fue brindada después de que transcurrieran cuatro años del proceso judicial y a este tiempo se le sumaron dos años después de la muerte del exmandatario, quien gobernó el país bajo la bandera de ARENA en el periodo de junio de 1999 a junio de 2004. Flores falleció el 30 de enero de 2016, tras sufrir una hemorragia cerebral.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
