Judicial
Fallo a favor de familia del expresidente Flores en caso Taiwán
La Cámara Segundo de lo Penal absolvió de toda responsabilidad civil al expresidente de la República, Francisco Flores, y a su familia, en el caso de las donaciones hechas por China-Taiwán a El Salvador; es decir, que no están obligados a devolver dinero al Estado de lo que supuestamente el exmandatario habría desviado de la donación.
La decisión de ello, según lo comunicado, se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pocas pruebas referentes a los delitos por los que se le acusaba: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
Ante esto, la Cámara declaró en firme la resolución hecha por el Tribunal Quinto de Sentencia, que en abril los exoneró de devolver al Estado $15 millones -en concepto de daños- de los fondos de Taiwán, tanto a Flores como a su esposa, Lourdes Rodríguez, y a sus dos hijos, Juan Marco Flores y Gabriela Flores.
Además, la instancia judicial indicó que fue inadmisible la apelación de la FGR, porque incumplieron con el plazo determinado para poder realizarla y no presentó las pruebas suficientes para revertir la sentencia.
Como última instancia, el ministerio público tiene la opción de presentar un recurso de casación -un escrito que se interpone contra fallos definitivos- ante la Cámara para que esta posteriormente lo remita a la Sala de lo Penal, para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de emitida la notificación de la resolución.
Esta resolución del Tribunal 5° de Sentencia fue brindada después de que transcurrieran cuatro años del proceso judicial y a este tiempo se le sumaron dos años después de la muerte del exmandatario, quien gobernó el país bajo la bandera de ARENA en el periodo de junio de 1999 a junio de 2004. Flores falleció el 30 de enero de 2016, tras sufrir una hemorragia cerebral.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
