Judicial
Fallo a favor de familia del expresidente Flores en caso Taiwán
La Cámara Segundo de lo Penal absolvió de toda responsabilidad civil al expresidente de la República, Francisco Flores, y a su familia, en el caso de las donaciones hechas por China-Taiwán a El Salvador; es decir, que no están obligados a devolver dinero al Estado de lo que supuestamente el exmandatario habría desviado de la donación.
La decisión de ello, según lo comunicado, se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pocas pruebas referentes a los delitos por los que se le acusaba: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
Ante esto, la Cámara declaró en firme la resolución hecha por el Tribunal Quinto de Sentencia, que en abril los exoneró de devolver al Estado $15 millones -en concepto de daños- de los fondos de Taiwán, tanto a Flores como a su esposa, Lourdes Rodríguez, y a sus dos hijos, Juan Marco Flores y Gabriela Flores.
Además, la instancia judicial indicó que fue inadmisible la apelación de la FGR, porque incumplieron con el plazo determinado para poder realizarla y no presentó las pruebas suficientes para revertir la sentencia.
Como última instancia, el ministerio público tiene la opción de presentar un recurso de casación -un escrito que se interpone contra fallos definitivos- ante la Cámara para que esta posteriormente lo remita a la Sala de lo Penal, para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de emitida la notificación de la resolución.
Esta resolución del Tribunal 5° de Sentencia fue brindada después de que transcurrieran cuatro años del proceso judicial y a este tiempo se le sumaron dos años después de la muerte del exmandatario, quien gobernó el país bajo la bandera de ARENA en el periodo de junio de 1999 a junio de 2004. Flores falleció el 30 de enero de 2016, tras sufrir una hemorragia cerebral.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
