Internacionales
Recuperaron 21 cuerpos del accidente aéreo que dejó 62 muertos en Brasil
Las autoridades brasileñas identificaron 21 cadáveres del accidente aéreo que dejó este viernes 62 muertos en el municipio de Vinhedo, en el estado de San Pablo. Los restos ya fueron retirados del lugar del accidente por agentes de las fuerzas de seguridad y enviados al Instituto Médico-Legal (IML) Central del estado.
De acuerdo a lo que publicó el periódico local Estadão, el IML Central está cerrado con el objetivo de trabajar de forma exclusiva para las víctimas del accidente. Alrededor de las 21:30 local de este viernes, bajo una intensa lluvia, un camión llegó al edificio Central del IML. Según los funcionarios, se utilizará para el traslado de los cadáveres.
Se espera que este sábado lleguen los primeros cadáveres al IML y se inicie el proceso formal de identificación. Agentes del Departamento de Bomberos retiraron 21 cadáveres de víctimas del lugar del accidente aéreo.
Para ayudar a identificar los cuerpos, los familiares deben presentar cualquier examen o documentación médica de las víctimas a la sede Central del IML, como exámenes radiológicos, médicos o dentales.
Cualquier tratamiento odontológico, como endodoncia, implante, prótesis, panorámica, aparatología de ortodoncia, así como cualquier tratamiento médico para prótesis, como pin, placa, fractura, tornillo, ayudan en el proceso, informó el IML. Esto ocurre porque, para la identificación, es necesario contar con algún elemento para comparar con los cuerpos, indicó Estadão.
El IML cuenta con más de 20 médicos, además de equipos de odontología forense, antropología y radiología. Cinco equipos serán enviados a Vinhedo para ayudar a recoger los cadáveres.
El accidente
El aparato, de la aerolínea Voepass, cayó en vertical, girando sobre sí mismo, hasta estrellarse en una zona de vegetación dentro de una urbanización residencial, cerca de una vivienda. No hubo sobrevivientes entre los 62 ocupantes del avión, entre ellos 58 pasajeros y cuatro tripulantes, según informaron las autoridades brasileñas.
El coronel Cássio de Araújo de Freitas, de la Policía Militarizada de San Pablo, aseguró que en tierra no hubo ninguna víctima debido a que el avión cayó en “una zona vacía” dentro del condominio Recanto Florido, una urbanización de alto nivel económico.
El aparato, un bimotor de modelo ATR-72-500, hacía el trayecto entre la ciudad de Cascavel y San Pablo y se accidentó poco antes de las 13:25 hora local (16:25 GMT), cuando le quedaban unos 80 kilómetros para llegar al aeropuerto de Guarulhos, su destino.
El avión volaba a cerca de 3.500 metros de altitud y se desplomó en cerca de un minuto, según datos de la web especializada Flightradar.
La caída en vertical fue filmada desde diversos ángulos por varios habitantes de Vinhedo, en videos que fueron difundidos en las redes sociales. Varios testigos dijeron que escucharon un estruendo antes de ver la caída del avión.
El accidente desencadenó un incendio que fue rápidamente apagado, aunque los bomberos continuaban trabajando horas después en el enfriamiento del fuselaje.
El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) y la Policía Federal han abierto sendas investigaciones para averiguar las causas del accidente. Los investigadores ya han localizado las cajas negras del aparato, según informó el Cenipa.
Según Flightradar, el avión había realizado dos vuelos más la mañana de este viernes antes del siniestro.
Pocos minutos después de conocerse la noticia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el accidente y pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
Este es el accidente aéreo más grave ocurrido en suelo brasileño desde 2007, cuando un vuelo de la aerolínea TAM se estrelló contra un almacén, al salirse de la pista en el aeropuerto de Congonhas de São Paulo, dejando 199 muertos. En 2009 un vuelo que cubría la ruta Río de Janeiro-París se desplomó en el océano Atlántico, en aguas internacionales, causando la muerte de sus 216 ocupantes.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
