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Piden retirar inmunidad a los jueces electorales acusados de fraude por Sandra Torres
La Fiscalía de Guatemala solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por una denuncia de fraude que presentó el partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales frente al presidente electo Bernardo Arévalo.
El requerimiento de la Fiscalía es una más de las acciones judiciales desplegadas desde la primera vuelta de los comicios presidenciales contra los órganos electorales, así como contra las juntas y sus integrantes que se encargaron del proceso de conteo de votos, a raíz de denuncias de los partidos políticos inconformes con los resultados.
Además aceleró sus investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que llevó a la presidencia a Arévalo, que es indagado judicialmente por presuntas irregularidades en las firmas que presentó para constituirse como partido y por el que enfrenta varios intentos de suspensión de su personalidad jurídica.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de Torres, presentó hace poco más de una semana una denuncia por fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados electorales.
La ex primera dama, que ha guardado silencio desde que perdió sus terceras elecciones presidenciales, se niega a aceptar los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio como ganador al progresista Arévalo.
El martes, el TSE entregó las credenciales que acreditan como presidente electo a Arévalo y a su vicepresidenta electa Karin Herrera.
Durante las elecciones del pasado 25 de junio, en primera vuelta electoral, hubo incidentes de violencia en cinco municipios del país, lo que obligó a repetir elecciones para alcaldes locales en esos lugares el 20 de agosto, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta electoral general para elegir presidente y vicepresidente.
En esos municipios hubo precisamente 164 mesas electorales en donde además de comicios presidenciales se repitieron las elecciones municipales, lo que derivó en que de cada mesa se emitieran dos actas, una por elección presidencial y otra por la elección municipal.
La UNE también cuestionó que hubo un escrutinio precipitado y que el proceso de conteo fue materialmente imposible de suceder dada la velocidad en que se dieron a conocer los resultados. Por ello, pidieron análisis forenses sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares u otro sistema usado por el tribunal electoral, desde la primera vuelta
Miles de guatemaltecos protestaron el lunes frente a las sedes del Ministerio Público en distintas partes del país en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien señalan de intentar impedir que el próximo presidente tome posesión.
Las protestas comenzaron la semana pasada y también exigen la dimisión del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes señalan de estar detrás de las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido que dio la sorpresa en las elecciones y que llevó a ganar la presidencia al progresista Bernardo Arévalo.
El viernes Arévalo le puso nombre y apellido a quienes considera que se encaminan a “un golpe de Estado” en el país centroamericano y acusó a Porras, Curruchiche, Orellana y a la Junta Directiva del Congreso de buscar suspender la personería jurídica de Semilla. El miércoles el Congreso despojó del partido a los diputados actuales de esa fuerza luego del fallo de Orellana que suspendió a Semilla pese a que aún no hay una sentencia firme.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
