Internacionales
Piden retirar inmunidad a los jueces electorales acusados de fraude por Sandra Torres
La Fiscalía de Guatemala solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por una denuncia de fraude que presentó el partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales frente al presidente electo Bernardo Arévalo.
El requerimiento de la Fiscalía es una más de las acciones judiciales desplegadas desde la primera vuelta de los comicios presidenciales contra los órganos electorales, así como contra las juntas y sus integrantes que se encargaron del proceso de conteo de votos, a raíz de denuncias de los partidos políticos inconformes con los resultados.
Además aceleró sus investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que llevó a la presidencia a Arévalo, que es indagado judicialmente por presuntas irregularidades en las firmas que presentó para constituirse como partido y por el que enfrenta varios intentos de suspensión de su personalidad jurídica.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de Torres, presentó hace poco más de una semana una denuncia por fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados electorales.
La ex primera dama, que ha guardado silencio desde que perdió sus terceras elecciones presidenciales, se niega a aceptar los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio como ganador al progresista Arévalo.
El martes, el TSE entregó las credenciales que acreditan como presidente electo a Arévalo y a su vicepresidenta electa Karin Herrera.
Durante las elecciones del pasado 25 de junio, en primera vuelta electoral, hubo incidentes de violencia en cinco municipios del país, lo que obligó a repetir elecciones para alcaldes locales en esos lugares el 20 de agosto, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta electoral general para elegir presidente y vicepresidente.
En esos municipios hubo precisamente 164 mesas electorales en donde además de comicios presidenciales se repitieron las elecciones municipales, lo que derivó en que de cada mesa se emitieran dos actas, una por elección presidencial y otra por la elección municipal.
La UNE también cuestionó que hubo un escrutinio precipitado y que el proceso de conteo fue materialmente imposible de suceder dada la velocidad en que se dieron a conocer los resultados. Por ello, pidieron análisis forenses sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares u otro sistema usado por el tribunal electoral, desde la primera vuelta
Miles de guatemaltecos protestaron el lunes frente a las sedes del Ministerio Público en distintas partes del país en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien señalan de intentar impedir que el próximo presidente tome posesión.
Las protestas comenzaron la semana pasada y también exigen la dimisión del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes señalan de estar detrás de las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido que dio la sorpresa en las elecciones y que llevó a ganar la presidencia al progresista Bernardo Arévalo.
El viernes Arévalo le puso nombre y apellido a quienes considera que se encaminan a “un golpe de Estado” en el país centroamericano y acusó a Porras, Curruchiche, Orellana y a la Junta Directiva del Congreso de buscar suspender la personería jurídica de Semilla. El miércoles el Congreso despojó del partido a los diputados actuales de esa fuerza luego del fallo de Orellana que suspendió a Semilla pese a que aún no hay una sentencia firme.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
