Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
