Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
