Judicial
Piden penas hasta de 30 años en caso Saqueo Público
En la recta final de la causa penal conocida como Saqueo Público, la Fiscalía General de la República expuso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que el esquema ilícito creado por Mauricio Funes le permitió sustraer en efectivo $292,218,871.38 del Banco Hipotecario, de un total de $351,035,400.49 apropiados.
El grupo de fiscales lo plantearon como una trama de conspiración en la que concurrieron los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial enjuiciados por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delitos.
El dinero fue desviado desde la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para gastos reservados clasificado en el específico «54315» convertidos en un proveedor ficticio denominado «Gastos Operativos de la Presidencia de la República».
Amoldaron el mecanismo ilícito a las formas legales para darle una apariencia de legalidad a sus actuaciones, dijo una de las fiscales al momento de exponer sus alegatos finales. Agregó que como parte de esa apariencia legal también se compraron voluntades, por ejemplo, los miembros de la junta directiva y del entonces oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
En las indagaciones dijeron que Funes y aliados no dejaron registros oficiales, en la Gerencia Financiera de la Presidencia no hay un soporte documental que respalde pagos, todo se manejó en una total opacidad, el fin era no dejar rastro.
En la apropiación de los fondos se utilizaron mecanismos legales como incrementos presupuestarios, «hubo un abuso del trámite legal de la disponibilidad presupuestaria» mencionó la fiscal, dejó claro que a los 10 imputados no los están acusando que se hayan apropiado del dinero, sino que con sus acciones ayudaron a que Mauricio Funes sustrajera los fondos.
Con ese dinero, Funes hizo pagos de boletos aéreos, pagos de cirugías, hoteles y vuelos privados de viajes turísticos para funcionarios como Vanda Pignato, familiares, personas cercanas a él, entre otros.
Entrega de efectivo como sobresueldos y sobornos a diferentes funcionarios públicos, de secretarías, ministerios y otros, varios de los cuales, con el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y la exministra de Salud, Violeta Menjívar enfrentan procesos por peculado y lavado de dinero.
Con el dinero sustraídos de las cuentas de fondos públicos, hubo entrega de efectivo para uso discrecional de algunas secretarías de la Presidencia. Pago de gastos hospitalarios a familiares y personas cercanas a Funes y Vanda Pignato. Cancelación de créditos y tarjetas de crédito personales del expresidente y la primera dama.
Adquisición de vehículos y remodelaciones de inmuebles personales del expresidente y la primera dama a través de testaferros, como el exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es prófugo.
Compra de artículos de uso personal como joyas de alto valor como relojes Rolex y Cartier para el presidente y la primera dama y secretarios de gobierno.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), Anastasio Membreño Martínez fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por violar y agredir sexualmente a una menor de edad. La víctima tenía 12 años cuando Membreño Martínez cometió los crímenes.
Las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, condenara a Membreño Martínez a 26 años y 8 meses por violación en menor e incapaz agravada y a 16 por agresión sexual en menor o incapaz agravada.
En juicio, el fiscal del caso comprobó que entre el 1 y 6 de junio de 2023, el procesado agredió y violó a la menor de edad en la casa de la víctima ubicada en la colonia Prado, del cantón El Norte, del distrito de San Francisco Gotera, en Morazán.
El hombre aprovechó que la menor se encontraba sola en la habitación para cometer los delitos.
La menor de edad le contó a una hermana y a su mamá lo que el procesado le había hecho y denunciaron el crimen a las autoridades. El procesado fue condenado en rebeldía.
El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó la detención provisional para Diego Josael Calderón Hernández, quien es procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico ilícito.
«El 14 de enero se recibió información y se le dio la vigilancia a efecto de corroborar la información de que se iba a realizar un traslado de droga, y en efecto, el 15 de enero se verificó e incautó al imputado más de dos kilos de cocaína», explicó la fiscal del caso.
La misma fuente agregó que al efectuar la diligencias del caso, los resultados y pruebas presentadas al citado juzgado se ordenó la detención provisional del imputado.
La droga decomisada a Calderón Hernández tiene un valor de $50,473.58, informó la Fiscalía.
La detención del sospechoso fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que fue intervenido por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía.
«Este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito y deberá responder ante las autoridades, sepan que en este país no hay cabida para ningún narcotraficante, los estamos combatiendo y no daremos ni un solo paso atrás», afirmó en esa ocasión el ministro.
Ese día de la captura, el hombre circulaba en un vehículo por el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector de la colonia Carrillo, en San Miguel.
