Internacionales
Petro: “Hay 15.660 estadounidenses en Colombia de manera irregular”
Embajada de EE. UU. cerró trámites de visas para los colombianos y Petro respondió: “Hay 15.660 estadounidenses en Colombia de manera irregular”
En la mañana del domingo 26 de enero de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Colombia decidió cerrar la sección de visas para este lunes 27 de enero, en respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro de devolver dos aviones norteamericanos con migrantes colombianos que residían en esa nación.
A raíz de ello, el mandatario respondió en su cuenta de X a la orden dada por la embajada norteamericana, y explicó que los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en el país deberán realizar su trámite.
“Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación”, escribió el jefe de Estado colombiano en sus redes sociales.
Así mismo, el presidente sostuvo: “Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regularización aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando EE. UU. bloqueo a Venezuela e hizo estallar la oleada migratoria”.
Igualmente, el mandatario colombiano reiteró su postura de recibir ciudadanos colombianos por parte del gobierno estadounidense, al denunciar malos tratos por parte de funcionarios de la Casa Blanca. “Primero es la dignidad de Colombia y América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados”, aseveró.
Su comentario generó una oleada de comentarios por varios sectores políticos y sociales del país. Mientras que algunos defendieron la postura del presidente, otros consideran que es una decisión que perjudicaría las relaciones con el Gobierno de Donald Trump, y afectaría la estabilidad de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio colombiano con su documentación al día.
Al respecto, el presidente aclaró que su determinación va dirigida a quienes no han realizado sus trámites en Colombia, por lo que sostuvo que quienes cuenten con su documentación en regla, podrán ingresar al país.
“Los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia, yo creo en la libertad humana. Pero están irregulares más de 15.666 y por las leyes colombianas deben regularizar su estadía”, mencionó Petro.
A su vez, el jefe de Estado colombiano afirmó que “No me verán jamás quemando una bandera gringa o haciendo una “ratzia” (sic) para devolver los ilegales esposados a EE. UU.”, esto en referencia a la queja presentada por el Gobierno de Brasil ante la llegada de migrantes a Manaos en precarias condiciones y esposados.
“Los libertarios de verdad jamás agrediremos la libertad humana. Somos lo contrario de los Nazis”, puntualizó Petro en su cuenta de X.
Esta fue la polémica por deportación de migrantes colombianos
En la madrugada del domingo 26 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro había negado el ingreso de dos aeronaves provenientes de Estados Unidos con migrantes indocumentados de nacionalidad colombiana, al considerar que el trato a los connacionales fue indigno.
“Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros (SIC)”, escribió en su momento el presidente Petro en las redes sociales.
Posteriormente, el presidente justificó que “un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, y aclaró que aceptaría la deportación de colombianos bajo la consigna de la dignidad y el respeto.
“No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con los y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”, mencionó.
Frente a ello, el Departamento de los Estados Unidos había ordenado el cierre de la sección de visas desde el lunes 27 de enero de 2025 en la embajada norteamericana en Bogotá (Colombia).
“En respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar dos vuelos con deportados colombianos, que anteriormente el presidente había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana la sección de visas. Próximamente, se implementarán medidas de represalia adicionales”, señaló el Gobierno norteamericano en diálogo con El Tiempo.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
