Internacionales
ONU rechaza ley talibana que silencia mujeres en Afganistán
La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó este domingo que una nueva ley de los talibanes, que obliga a las mujeres a llevar velo y les prohíbe hablar en voz alta, arroja “una visión desoladora del futuro”.
El organismo de la ONU se mostró “preocupado” por la promulgación esta semana en Afganistán “de una nueva ley sobre la moralidad que impone restricciones amplias y de gran calado a la conducta personal, y otorga a la policía de la moral amplios poderes”, según un comunicado.
Los fundamentalistas se hicieron con el control de Afganistán en agosto de 2021, y el pasado jueves recogieron en una Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio muchas de las limitaciones que venían abordando, como la obligatoriedad del velo integral o hiyab para mujeres o la vestimenta de los hombres, forzados a dejarse crecer la barba.
La ley también prohíbe que las mujeres hablen en voz alta en lugares públicos, constató la representante Especial de la ONU para Afganistán, Roza Otunbayeva, en la nota.
La legislación “extiende las restricciones ya intolerables a los derechos de las mujeres y de las niñas, e incluso el sonido de las voces de las mujeres fuera de sus hogares es aparentemente una falta moral”, dijo.
Según el artículo 13 de las nuevas normas, la voz de una mujer “se considera un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público, prohibiendo que canten, reciten o lean en voz alta”. El vocero del régimen, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, aseguró que la restricción “será de gran ayuda para la promoción de la virtud y la eliminación del vicio”.
Desde que llegaron al poder, los talibanes han impuesto una serie creciente de prohibiciones que han afectado en particular a los derechos de las mujeres, incluyendo la suspensión de la educación superior femenina.
El código de vestimenta impuesto por los talibanes también se ha endurecido con estas nuevas leyes. Es obligatorio que las mujeres cubran su cuerpo por completo en público, utilizando un velo que oculte también su rostro.
Además, la ropa debe ser lo suficientemente gruesa, suelta y larga para no delinear la figura femenina, evitando así cualquier posibilidad de “tentación”.
Estas normativas refuerzan la visión de los talibanes sobre el rol de la mujer en la sociedad, donde su presencia debe ser minimizada y controlada para alinearse con la estricta interpretación de la sharía que sostiene el régimen.
Las leyes, aprobadas el último miércoles por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, establecen que las mujeres no deben mirar a hombres con los que no tengan un parentesco cercano, y viceversa. Además, se prohíbe que viajen solas, lo que limita aún más su movilidad y autonomía.
Estas restricciones han sido criticadas por la comunidad internacional, que hasta ahora no ha reconocido oficialmente la autoridad del Gobierno interino talibán a pesar de las aperturas hechas por países como China y Emiratos Árabes Unidos, que recientemente reconocieron a embajadores fundamentalistas.
Otunbayeva advirtió que “una mayor restricción en los derechos del pueblo afgano” hará “todavía más difícil” interactuar con los talibanes a la comunidad internacional.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
Empezó hace años hasta la detención este jueves por la policía británica, como sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
1999: Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.
Julio de 2011: Andrés renuncia a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.
En ese rol de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional existen sospechas de que pudo transmitir información confidencial a Epstein.
Noviembre de 2019: Andrés se retira de sus funciones públicas, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.
Agosto de 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual.
Enero de 2022: la demanda de la joven es declarada admisible por la justicia. Al día siguiente, la reina Isabel II retira a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.
Febrero de 2022: Andrés llega a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.
Diciembre de 2024: Andrés se ve envuelto en un nuevo escándalo relacionado con sus vínculos con un empresario chino acusado de espionaje.
Enero de 2025: surgen documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein en 2011, aunque el hermano del rey había asegurado que cortó los lazos con el estadounidense en 2010.
17 de octubre de 2025: Andrés renuncia a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años.
30 de octubre de 2025: Carlos III retira a su hermano menor todos sus títulos, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.
Finales de enero/principios de febrero de 2026: se publican millones de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense, algunos de los cuales resultan embarazosos y comprometedores para Andrés.
Entre ellos, aparecen fotos sin fecha que muestran al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro cubierto, correos electrónicos invitando a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en «privado», así como una acusación de agresión sexual de una segunda mujer que afirma, a través de su abogado, que el financiero la envió a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrés en la residencia de éste en Windsor.
2 de febrero: bajo presión, Andrés deja Windsor para instalarse oficialmente en Sandringham, residencia privada del rey en Norfolk, al este de Inglaterra.
9 de febrero: la policía de Windsor indica que está «examinando» información según la cual Andrés habría transmitido en 2010 a Jeffrey Epstein datos confidenciales cuando era enviado especial para comercio internacional.
11 de febrero: el que fuera primer ministro laborista Gordon Brown llama a la policía a «examinar» las acusaciones según las cuales mujeres habrían sido enviadas a Reino Unido en aviones privados del delincuente sexual estadounidense. Según medios británicos, al menos una habría visitado a Andrés en el Palacio de Buckingham.
19 de febrero: Andrés es arrestado por la policía y puesto bajo custodia, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.
Internacionales
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.
