Internacionales
Oficial militar ucraniano acusado de ataque al gasoducto Nord Stream
Un oficial militar ucraniano supuestamente coordinó el ataque del año pasado al gasoducto Nord Stream, según The Washington Post, citando fuentes anónimas en Ucrania y Europa.
Nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones de septiembre de 2022, frente a la isla danesa de Bornholm, que dañaron tres de los cuatro gasoductos marinos que discurren bajo el Mar Báltico y transportan gas ruso a Europa.
Estados Unidos y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo calificaron de acto de sabotaje, mientras que Moscú dijo que fue un acto de terrorismo internacional.
Alemania, Dinamarca y Suecia han iniciado investigaciones sobre las explosiones de Nord Stream, que enviaron columnas de metano a la atmósfera en una fuga que duró varios días.
Roman Chervinsky, un coronel condecorado de 48 años que sirvió en las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, fue el “coordinador” de la operación Nord Stream, según personas familiarizadas con su función, informó el sábado The Washington Post.
Chervinsky, dicen las fuentes, administró la logística y el apoyo a un equipo de seis personas que alquiló un velero con identidades falsas y utilizó equipos de buceo en aguas profundas para colocar cargas explosivas en los gasoductos, informó The Washington Post.
El 26 de septiembre de 2022, tres explosiones provocaron fugas masivas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El ataque dejó intacto solo uno de los cuatro enlaces de gas de la red a medida que se acercaba el invierno.
Un portavoz del ejército de Ucrania dijo a la agencia de noticias Reuters que no tenía «información» sobre la afirmación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y el servicio de seguridad interior de Kiev, el SBU, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El periódico también informó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que ha negado el papel de Kiev en las explosiones, no estaba al tanto de la operación. Zelenskyy reemplazó la semana pasada al jefe de las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania.
Chervinsky negó cualquier implicación en las explosiones del oleoducto. Como crítico abierto de la administración de Zelenskyy, dijo que el caso en su contra tiene motivaciones políticas.
«Todas las especulaciones sobre mi participación en el ataque al Nord Stream están siendo difundidas por propaganda rusa sin ningún fundamento», dijo Chervinsky en una declaración escrita al Washington Post y al periódico alemán Der Spiegel, que llevó a cabo una investigación conjunta sobre su papel.
Chervinsky se encuentra actualmente bajo arresto por intentar convencer a un piloto ruso en 2022 para que desertara a Ucrania, lo que, según los investigadores, provocó un mortal ataque ruso contra una base aérea ucraniana.
Aunque se le acusa de actuar solo en esto, su oficial al mando en ese momento, mayor general Viktor Hanushchak, dijo a los medios ucranianos a principios de este año que altos mandos militares habían aprobado el complot para atraer al piloto ruso.
The Post y Der Spiegel colaboraron en la elaboración de informes y escribieron historias separadas que acordaron publicar al mismo tiempo.
Por otra parte, tres soldados rusos murieron el sábado en una explosión en la ciudad ocupada por Rusia de Melitopol, según la dirección de inteligencia de Ucrania. «Este acto de venganza, llevado a cabo por representantes de la resistencia local», afirma un comunicado de la dirección, «tuvo lugar en las oficinas del Nuevo Correo tomadas por los rusos».
Reuters dijo que los rusos no mencionaron el incidente y la agencia de noticias no pudo verificarlo.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
