Judicial
Milena de Escalón a juicio por presunto enriquecimiento ilícito
La exdiputada y exalcaldesa del departamento de Santa Ana, por el partido Arena, Milena de Escalón, fue enviada a juicio por decisión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, luego que no lograra justificar $2.3 millones de su patrimonio. El fallo contó con 12 de 15 votos.
De Escalón habría incrementado su fortuna desde el periodo de diputada que asumió el 1 de mayo de 2012, hasta que finalizó su vida política el 30 de abril de 2021 en la alcaldía de Santa Ana, cuando perdió frente a Gustavo Acevedo, de Nuevas Ideas. La suma exacta que le cuestiona la CSJ asciende a $2,316,270.16.
Según la Comisión de Ética y Probidad, se encontraron 163 inconsistencias en su patrimonio, las cuales en un principio sumaron $4,004,166.54, pero la exdiputada logró bajar la cifra con la documentación presentada.
«En el primer período correspondiente a la diputada propietaria de la Asamblea Legislativa del 1/5/2012 al 30/4/2015 se determinaron 64 observaciones luego de las justificaciones permaneció un monto observado de $1,772,643.59; para el segundo período de diputada del 1/5/2015 al 30/4/2018 se determinaron 58 inconsistencias y se mantuvo sin justificar $743,500.08; en el último período como Alcaldesa en la ciudad de Santa Ana del 1/5/2018 al 30/4/2021 se determinaron 41 observaciones y permaneció un monto no justificado de $361,795.86; de tal forma, que de los $4,004,166.54 no logró justificar $2,877,939.53, menos la disponibilidad de $561,669.37, por lo que permaneció observado un monto de $2,316,270.16”, detalla el acta.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
