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Le confiscan cuentas bancarias a pareja de «coyotes» por un monto US$106 mil
La unidad especializada de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó, este jueves, la materialización de las cuentas bancarias de Hugo Fredy Amaya Arévalo y su esposa Ana Moreno Ascencio de Amaya, por un monto US$106 mil 910.05, quienes se dedicaban a transportar personas ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Los imputados formaban parte de una estructura que se dedicaban al Tráfico Ilícito de Personas, y cobraban a sus víctimas entre US$3,000,00. y US$6,000.00. por llevarlos hacia el país norteamericano, explicó una fuente fiscal.
“Procedimos a la materialización de dos certificados a plazos fijos, que tuvieron vencimiento el día de ayer (miércoles); el primero pertenencía a Fredy Amaya por el total 99,509.98 dólares y el segundo a nombre de Ana Moreno de Amaya por un total de 7,400.07 dólares”, declaró la fiscal.
Los imputados se dedicaban a transportar ilegalmente a personas de San Miguel, La Paz, San Vicente, Cabañas, San Salvador y Santa Ana.
Tras investigaciones realizadas en conjunto con la unidad de tráfico ilegal de personas de la Fiscalía, utilizando la herramienta de intervención telefónica, se pudo comprobar la participación de la pareja en los delitos que se les atribuyen.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
El saldo de los créditos verdes del país en moneda nacional y extranjera se situó en 44,8 billones de yuanes (6,46 billones de dólares) para el final de 2025, lo que supone un aumento interanual del 20,2 por ciento, según un informe publicado por el Banco Popular de China.
Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los créditos verdes crecieron a una tasa media anual del 30,2 por ciento, es decir, 21,1 puntos porcentuales más que el total de créditos, mientras que su participación en el saldo absoluto de créditos aumentó del 6,7 por ciento al 16,2 por ciento.
Durante ese lapso, la emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones de yuanes, lo que convirtió a China en uno de los mayores mercados de bonos verdes del mundo, de acuerdo con el informe.
De cara al futuro, el banco ampliará su apoyo para abarcar más áreas con beneficios en materia de reducción de carbono, ayudará a liberar el valor de los recursos y los activos medioambientales, y apoyará a las instituciones financieras para que participen de manera ordenada en el desarrollo del mercado nacional del carbono, destaca el informe.
Julio César Hernández Magaña, acusado del delito de homicidio culposo por presunta mala praxis, es enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
La acusación fiscal detalla que Hernández Magaña realizó un procedimiento quirúrgico inadecuado el 24 de junio del 2022, en su clínica ubicada en colonia Escalón, San Salvador Centro.
«La mujer habría sido sometida a tres cirugías en un lapso de seis horas en el quirófano; posteriormente se le dio el alta y no habría recibido la vigilancia médica requerida después de las intervenciones», explicó el ministerio público.
La víctima falleció seis días después de las cirugías, el 30 de junio 2022 en su casa de habitación ubicada en Lourdes Colón, La Libertad Oeste.
Durante el juicio, la Fiscalía asegura que presentará suficiente prueba documental, pericial, testimonial que determinan la responsabilidad del imputado y ha pedido al tribunal que se haga justicia y que le aplique la pena máxima de cárcel por ese delito y también una condena civil.
