Internacionales
Las fuerza armadas de Colombia inicia ofensiva militar contra ELN en Catatumbo
El ministro de Defensa deColombia, Iván Velásquez, aseguró este viernes que las Fuerzas Armadas ya iniciaron una ofensiva militar contra guerrilleros del ELN que desde hace una semana libran una sangrienta arremetida en la frontera con Venezuela.
«Ya hubo un primer combate del ejército contra efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (…). La orden es copar el territorio», informó este viernes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde la fronteriza ciudad de Cúcuta.
Acompañado de altos mandos militares, Velásquez aseguró que más de 9.000 efectivos están desplegados en la zona para contener una ola de violencia que recuerda las peores épocas del conflicto armado colombiano.
Los primeros combates «se presentaron el día de ayer en la tarde en el suroriente de El Tarra», en la región limítrofe del Catatumbo, detalló de su lado el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo.
Desde el 16 de enero, miles de personas escapan de la guerra en el noreste del país, donde rebeldes del ELN atacan a civiles y se enfrentan con disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016.
La Defensoría del Pueblo estima que el desplazamiento actual es el mayor desde 1997, cuando empezó el registro.
«Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024» cuando fueron 25.611, indicó la defensora Iris Medina este viernes.
Periodistas de la AFP en esas zonas críticas registraron cómo los guerrilleros imponen un régimen de terror para ganar el control de estas montañas estratégicas para la producción de cocaína, a donde hasta ahora no llegaba la fuerza pública.
Reunión con Vladimir Padrino
La orden es «actuar con todas nuestras capacidades para someterlos, para que esa amenaza no continúe», lanzó Velásquez.
Durante la primera semana, las Fuerzas Militares se habían concentrado en rescatar a los pobladores de las zonas críticas en helicópteros.
Debido a la embestida, el presidente de izquierda Gustavo Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el «estado de conmoción interior» en el Catatumbo.
La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra la cúpula rebelde. Según inteligencia militar «algunos de ellos» podrían estar en Venezuela.
El ministro de Defensa dijo haberse reunido con su par venezolano, Vladimir Padrino, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, fronteriza con Colombia.
«Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables de los mandos militares y policía (…). Venezuela está de acuerdo con colaborar, está dispuesta», indicó Velásquez.
Las zonas más pobladas del departamento Norte de Santander se están transformando en enormes campamentos de desplazados, que llegan con niños y ancianos.
La política de «paz total» del mandatario no ha logrado su objetivo de apagar el prolongado conflicto colombiano y, en cambio, una escalada de violencia en varios puntos del país ha dejado más de 100 muertos en una semana.
Para la oposición, Petro es indulgente con las organizaciones ilegales, lo que les ha permitido fortalecerse.
En 2024, los desplazamientos habían disminuido con respecto al año anterior, con 54.665 personas afectadas, según la defensora Medina.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
