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Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.
Los bomberos de Paraná y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, dijo el gobierno de Paraná en un comunicado.
De ese total, nueve presentan heridos graves y algunos debieron pasar por cirugía.
Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno local.
Internacionales
Trump exige acción inmediata contra empresas cárnicas acusadas de inflar precios en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) iniciar de inmediato una investigación contra las principales compañías empacadoras de carne del país, a las que acusó de incrementar los precios de la carne de res mediante prácticas ilícitas de colusión, fijación y manipulación de precios.
Trump señaló que estas empresas, en su mayoría de capital extranjero, están afectando a los ganaderos estadounidenses, quienes son injustamente responsabilizados por el aumento de los costos. “Debemos proteger a nuestros ganaderos, que están siendo culpados por lo que hacen las empacadoras de carne mayoritariamente de propiedad extranjera, las cuales inflan artificialmente los precios y ponen en riesgo la seguridad del suministro alimentario de nuestra nación”, escribió el mandatario.
El presidente subrayó que deben tomarse medidas urgentes para proteger a los consumidores, combatir los monopolios ilegales y evitar que las corporaciones obtengan beneficios indebidos a costa del pueblo estadounidense. “He pedido al Departamento de Justicia que actúe con rapidez”, concluyó Trump.
Tras el anuncio presidencial, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que la investigación ya se encuentra en marcha. “Nuestra investigación está en curso. Mi División Antimonopolio, dirigida por el asistente del fiscal general Slater, ha tomado la iniciativa en asociación con nuestro colega, el secretario Rollins, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)”, publicó Bondi en sus redes sociales.
Bondi aseguró que el Departamento de Justicia trabajará de manera coordinada con el USDA para garantizar que se esclarezcan las posibles irregularidades en el mercado de la carne y se proteja tanto a los consumidores como a los ganaderos estadounidenses frente a prácticas monopólicas o manipulaciones de precios.
Un ataque armado ocurrido en las últimas horas en un reconocido motel de El Paraíso, Copán, Honduras, dejó como saldo a un hombre fallecido y a una mujer herida, confirmaron autoridades policiales.
La víctima fue identificada como Wilmer Giovanni Fuentes Benítez, de 34 años, quien perdió la vida dentro de una de las habitaciones tras ser alcanzado por disparos. Su acompañante resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
De acuerdo con testigos y versiones preliminares, varios sujetos armados ingresaron al motel por la fuerza y abrieron fuego contra las dos personas presentes en la habitación.
Fuentes Benítez era originario y residente del barrio Miraflores, en el municipio de San Antonio, cercano a El Paraíso.
Agentes policiales y autoridades locales se encuentran en el lugar del crimen recabando evidencias y trabajando para identificar a los responsables del ataque.
