Internacionales
Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
Este viernes, la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó una sentencia que obliga a la red social TikTok a cesar sus operaciones en dicho país a partir del próximo domingo, lo que dejaría a 170 millones de usuarios sin acceso a la popular aplicación de videos cortos. El plazo llegó y la red social ha dejado de estar disponible para los usuarios del vecino país del norte.
Esto pese a que recientemente Donald Trump había indicado que se analizaría esta decisión a partir del lunes, sugiriendo que TikTok podría tener una prórroga de 90 días antes de que se materialice la suspensión definitiva.
Durante una entrevista con la cadena NBC, Trump expresó que una prórroga de tres meses podría ser una medida adecuada, señalando que “es lo apropiado” y que se trataría de una “situación muy importante” que requiere una evaluación cuidadosa.
“Si decido hacerlo, probablemente lo anunciaré el lunes”, comentó el próximo presidente de Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de una extensión temporal en lo que respecta a la vigencia de la ley que ordena la salida de TikTok del territorio estadounidense.
Esta decisión de suspender TikTok en Estados Unidos pudo haberse aplazado debido a que la nueva ley permite que el presidente suspenda la aplicación de la medida por tres meses.
Funcionarios del gobierno saliente de Joe Biden indicaron que la ley quedaría en manos de Trump, quien asumirá la presidencia el lunes. En consecuencia, el futuro de TikTok dependía en gran medida de las decisiones del republicano.
La relación entre Donald Trump y TikTok ha sido complicada desde 2020, cuando intentó prohibir la aplicación alegando preocupaciones de seguridad nacional, debido a su vinculación con China. Sin embargo, en los últimos días, su postura ha cambiado, y ahora parece inclinarse hacia la continuidad de la plataforma en Estados Unidos.
Trump incluso discutió este asunto con el presidente chino Xi Jinping en una conversación telefónica celebrada este viernes, lo que refleja un enfoque más conciliador respecto a la aplicación.
¿Qué dice la red social ante su posible salida?
Ante el fallo de la Suprema Corte, TikTok emitió un comunicado en el que confirmó su salida de Estados Unidos, aunque dejando abierta la posibilidad de que la suspensión se retrase. Shou Zi Chew, director ejecutivo de la compañía, agradeció a los usuarios estadounidenses por su apoyo y les aseguró que la empresa haría todo lo posible para garantizar el futuro de la plataforma.
A pesar del fallo, el directivo también expresó su gratitud hacia Trump por su disposición a trabajar conjuntamente para encontrar una solución que permita a TikTok seguir operando en Estados Unidos.
Internacionales
Se planean bailes inaugurales y protestas en Washington durante la toma de poder de Trump
Washington se ha estado preparando para muchas cosas esta semana, incluidos varios días más de temperaturas gélidas y hordas de personas y policías para la toma de mando presidencial, además de protestas relacionadas, previstas en toda la ciudad los próximos días.
Las autoridades dijeron esta semana que esperaban que unas 250.000 personas con boletos de entrada llegaran a la capital de Estados Unidos para presenciar la toma de posesión de Donald Trump como presidente nuevamente. La última vez que ocupó el cargo fue entre 2017 y 2021.
Se esperan menos visitantes para la ceremonia del próximo lunes que los que estuvieron presentes en la primera toma de mando de Trump, dijeron funcionarios locales y federales en una conferencia de prensa. En 2017, se prepararon para más de un millón de personas.
Se espera que las temperaturas sean particularmente bajas en Washington el lunes. Se pronostica que la temperatura al mediodía, cuando Trump prestará juramento, estará en los 20 grados Fahrenheit (- 6 grados Celsius), aproximadamente 20 grados por debajo de lo normal.
Seguridad reforzada
Aunque se espera una menor participación en esta ocasión, los recientes actos de violencia —como el ataque del día de Año Nuevo en Nueva Orleans— significan que habrá una mayor presencia de seguridad, dijeron los funcionarios.
El día de la investidura, 25.000 agentes de policía y militares estarán en el Distrito de Columbia para proporcionar seguridad, incluida la activación total de la policía de DC, 7.800 tropas de la Guardia Nacional y unos 4.000 oficiales de todo el país, según William McCool, el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto.
Antes de la inauguración, Washington acogerá tanto actos de celebración como protestas.
El domingo por la tarde se ha previsto un mitin por la victoria de Trump en el Capital One Arena, donde actuará la banda estadounidense Village People.
El estadio tiene capacidad para 20.000 personas, según informó a una emisora de noticias de Washington la empresa que lo gestiona, Monumental Sports & Entertainment.
La empresa dijo en un comunicado a News4 que el estadio se ha ofrecido a todas las administraciones, “independientemente del partido”, durante décadas.
“Estamos contentos de que el presidente Trump haya aceptado nuestra oferta y le daremos la bienvenida a él y a sus invitados en el Capital One Arena el 19 de enero”, decía el comunicado.
Aunque habrá tres bailes inaugurales oficiales, se han programado más de una docena de bailes inaugurales no oficiales durante todo el fin de semana en Washington.
Sin embargo, también se han programado protestas.
El sábado se espera que una manifestación llamada Marcha del Pueblo atraiga a decenas de miles de personas al centro de Washington. La manifestación está organizada por varios grupos de derechos civiles, justicia racial y salud reproductiva.
“Mientras Trump asume la presidencia en enero, nos reunimos para movilizar nuestro poder colectivo y oponernos a sus esfuerzos por hacer retroceder nuestros derechos y libertades”, dijo Analilia Mejía, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular, en un comunicado.
El lunes, el Día Nacional de Acción de la Coalición de Respuestas incluirá una manifestación y una marcha, según informes de los medios.
Acostumbrados a las multitudes
Los funcionarios de Washington dijeron que están acostumbrados a manejar multitudes y protestas.
“Aquí en la ciudad, permitimos protestas pacíficas todo el tiempo”, dijo la jefa de policía de DC Pamela Smith en una conferencia de prensa esta semana. “Pero cuando se trata de violar la ley, simplemente no lo vamos a tolerar”.
El lunes por la noche, después de la investidura, se espera que Trump se desplace entre las tres fiestas inaugurales oficiales.
Pero las celebraciones de la investidura no se limitarán a Washington.
Por ejemplo, en Florida, donde Trump reside en su resort Mar-a-Lago, el Club pro-Trump Villages M.A.G.A. organizará una fiesta inaugural el lunes por la noche, a unas 60 millas al noroeste de Orlando. La celebración ya tiene entradas agotadas, según un anuncio de Eventbrite que anuncia la fiesta.
El surcoreano Yoon Suk-yeol acudió este sábado a declarar ante el tribunal que debe decidir si extender o no el arresto del depuesto mandatario, detenido por la oficina nacional anticorrupción por su fugaz declaración de la ley marcial.
El surcoreano Yoon Suk-yeol acudió este sábado a declarar ante el tribunal que debe decidir si extender o no el arresto del depuesto mandatario, detenido por la oficina nacional anticorrupción por su fugaz declaración de la ley marcial.
El vehículo que transportaba a Yoon partió poco antes de las 13:30 hora local (4:30 GMT) del Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, donde se encontraba y llegó a su destino una media hora después, escoltado por una comitiva de vehículos de seguridad que llegaron a ser zarandeados por multitudes concentradas en el camino, retransmitió en directo la agencia de noticias Yonhap.
Yoon declaró durante unos 40 minutos para explicar ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl sus argumentos sobre la legitimidad de su imposición del estado de excepción el pasado 3 de diciembre, que le costó la destitución once días después, según informó el citado medio.
Tanto la acusación como el equipo legal del presidente invirtieron por su parte 70 minutos, respectivamente, en presentar sus alegatos.
El tribunal concluyó la audiencia tras unas cinco horas escuchando los argumentos de ambas partes, mientras en el exterior se concentraban más de 12.000 simpatizantes de Yoon, coreando su nombre y ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos. Algunos rompieron a llorar, mientras otros se vieron involucrados en pequeños altercados con la policía.
Se vivieron algunos momentos de tensión creciente a medida que los manifestantes intentaban abrirse paso a empujones para intentar entrar en el recinto del tribunal, mientras solicitaban a gritos que abrieran las puertas y les dejaran ver al presidente.
“El presidente explicó y respondió fielmente sobre los hechos, las pruebas y las cuestiones jurídicas”, dijo su abogado, Yun Gap-geun, a los periodistas apostados en la entrada del tribunal. “Esperaremos tranquilamente hasta que se conozca la decisión”, añadió.
Yoon fue arrestado el pasado miércoles tras un largo asedio a su residencia por parte de las autoridades y el tribunal debe ahora decidir si extender el período inicial de 48 horas de detención, que se ha visto intermitentemente suspendido por los intentos de su defensa de entorpecer los procedimientos abiertos en su contra.
Está previsto que el tribunal tome una decisión al respecto como pronto la noche de este mismo sábado, o a primera hora del domingo.
De ser aceptada la solicitud, la detención de Yoon podría extenderse hasta 20 días. Si es rechazada, se espera que regrese a su residencia para seguir preparando su defensa.
La solicitud para prolongar la detención de Yoon fue presentada en la víspera por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), el ente que lidera una investigación conjunta con la Policía y el Ministerio de Defensa sobre si su declaración de la ley marcial pudo equivaler a un intento de insurrección, el único delito ante el que un presidente surcoreano no tiene inmunidad.
Yoon, el primer presidente de la historia surcoreana en ser detenido mientras está en el cargo (pese a haber sido suspendido de sus funciones por su destitución), también había presentado un recurso para revocar su orden de detención, que fue rechazado.
En paralelo a esta investigación penal, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene abierto otro procedimiento para decidir antes de mediados del próximo mes de junio si se mantiene la destitución de Yoon o se le restituyen sus funciones.
El presidente, que se sometió a más de diez horas de interrogatorio por parte de la CIO el día de su arresto, se negó a comparecer en las dos jornadas de interrogatorio posteriores, alegando motivos de salud y que ya ha explicado suficientemente su postura, y tampoco ha comparecido hasta ahora en el Constitucional.
Yoon sostiene que su imposición de la ley marcial fue “un ejercicio de autoridad presidencial”, y no un crimen.
