Internacionales
Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.
«Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo», afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.
Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.
«Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas», agregó Dogo.
De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.
Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama.
Internacionales
Más de 300 de ciudadanos de Corea del Sur fueron detenidos en una amplia redada migratoria en Estados Unidos
Más de 300 surcoreanos se encontraban entre las 475 personas arrestadas en una redada migratoria en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en el sureste de Estados Unidos, informó el sábado el gobierno de Corea del Sur.
Según las autoridades estadounidenses, el allanamiento de la planta ubicada en Ellabell, en el estado de Georgia, fue la mayor redada en un solo sitio en el marco de la cruzada antiinmigratoria del presidente Donald Trump.
Desde Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun dijo en una reunión de emergencia que de los 475 detenidos «se cree que más de 300 son nuestros ciudadanos».
«Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto», declaró, y expresó su disposición a viajar a Washington para reunirse con las autoridades si fuera necesario.
Trump, consultado por periodistas el viernes, respaldó la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). «Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE solo estaba haciendo su trabajo», dijo.
En rueda de prensa el viernes, Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta, señaló que la operación realizada el jueves fue consecuencia de una «investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales».
Los 475 detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos» y «trabajando de forma ilegal» y fueron puestos a disposición del ICE para su posible expulsión, afirmó.
Antes de las declaraciones de Cho, el gobierno de Corea del Sur había instado a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos.
«Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos e intereses legítimos de nuestros nacionales no deben verse injustamente vulnerados en el curso de la aplicación de la ley en Estados Unidos», sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, Lee Jae-woong.
LG Energy Solution indicó el sábado que del total de detenidos, unos 47 (46 surcoreanos y un indonesio) eran empleados directos de la empresa, en tanto alrededor de 250 eran empleados de subcontratistas.
Hyundai dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera «empleado directamente» por la empresa.
Según el gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, otros habían llegado con visas que les prohibían trabajar o habían excedido la duración de sus visas de trabajo.
«Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger empleos para los georgianos y los estadounidenses, asegurar una competencia justa para las empresas que cumplen con la ley, salvaguardar la integridad de nuestra economía y proteger a los trabajadores de la explotación», subrayó Schrank.
Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y productor de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.
En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.
El mandatario republicano inició un segundo mandato en enero con la promesa de implementar el programa de expulsión de inmigrantes más grande en la historia de su país.-
Desde entonces, su gobierno ha aplicado con la mayor firmeza medidas contra los aproximadamente 11 millones de personas en situación migratoria irregular presentes en Estados Unidos.
Un helicóptero se estrelló en la región de Tepetlixpa, Estado de México, en la zona límite con Juchitepec y el estado de Morelos, dejando como saldo dos personas fallecidas.
El accidente ocurrió el martes, según reportaron autoridades locales. El presidente municipal de Tepetlixpa confirmó el siniestro y destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia, quienes encontraron la aeronave en terrenos de difícil acceso.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la matrícula del helicóptero ni la institución a la que pertenecía. Fuentes extraoficiales indican que la nave podría estar vinculada a un cuerpo de seguridad, identificable por su coloración verde característica.
