Internacionales
Evo Morales denunció ante la CIDH que “agentes de élite del Estado boliviano” intentaron asesinarlo
El ex mandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “agentes del Estado” boliviano intentaron asesinarlo en un ataque a tiros que hirió a su chofer en Cochabamba
“Denuncio de manera urgente” ante la CIDH “que agentes de élite del Estado boliviano atentaron contra mi vida el día de hoy, mientras el Gobierno reactiva operaciones conjuntas” para “reprimir” las manifestaciones que bloquean carreteras en su apoyo, informó Morales en la red social X.
Morales señaló que esta madrugada fue blanco de un ataque mientras se dirigía de la localidad de Villa Tunari a Lauca Ñ para participar en su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca. El ex jefe de Estado relató que un grupo de desconocidos, que iba en dos o tres camionetas, disparó varias veces al vehículo en el que se transportaba, logrando herir al conductor. Los agresores escaparon pero el hecho quedó grabado.
“El coche en el que llegué tiene 14 agujeros de bala”, dijo Morales, y añadió: “Esto estaba planificado. La idea era matar a Evo”.
Los miembros del círculo cercano a Morales pidieron una investigación que tenga el respaldo de los organismos internacionales, mientras que también se hace una solicitud a la CIDH para que se apliquen medidas cautelares.
La dirección nacional del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Evo Morales, emitió un comunicado en el que responsabiliza por lo sucedido al presidente Luis Arce y a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo.
Morales culpó a Luis Arce, un antiguo aliado y ministro de su gabinete con el que se ha enemistado. “Lucho ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro proceso matando a Evo”, dijo el ex mandatario, usando el apodo del presidente, sobre su propio intento de recuperar la presidencia. “Afortunadamente, me perdonaron la vida”, manifestó.
Pese a esas acusaciones en su contra, el presidente Arce ordenó que se investigue el ataque. “El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas”, escribió el jefe de Estado en la red social X.
También informó que “ante la denuncia del expresidente Morales de un presunto atentado contra su vida” instruyó “una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”.
Asimismo, los miembros del círculo cercano de Evo Morales pidieron una investigación respaldada por entes internacionales para indagar las causas del ataque.
Estos hechos se produjeron cuando se cumplen dos semanas del bloqueo indefinido de caminos que los seguidores de Morales mantienen para exigir que el Gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política.
El presidente Luis Arce ordenó que se investigue el ataque de este domingo y condenó el ejercicio de cualquier práctica violenta en la política. “No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas”, escribió en la red social X.
Arce declaró que “ante la denuncia del ex presidente Morales de un presunto atentado contra su vida” instruyó “una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho”.
El viceministro de Seguridad de Bolivia, Roberto Ríos, remarcó que el gobierno investigará el atentado. Pero advirtió que podría haber sido organizado por el bando de Morales, lo que llamó “un autoatentado”.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
