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Estos son los abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el tribunal de Nueva York
El Tribunal de Nueva York admitió las cartas de acreditación de los dos poderosos abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores en el juicio que enfrentarán por narcotráfico, conspiración y corrupción. Se trata de Mark Donnelly y Barry Pollack.
La Fiscalía General de Estados Unidos, en el primer indictment emitido por la fiscal Pamela Bondi, el pasado sábado 3 de enero, señaló a Maduro de haber liderado durante más de dos décadas una conspiración internacional de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uso de armas de guerra y venta de pasaportes ilegales en alianza con organizaciones criminales y terroristas de América Latina.
Ante el inminente juicio en contra de la pareja de venezolanos, ambos ya seleccionaron a los abogados que los representarán ante el tribunal. Nicolás Maduro seleccionó a Barry J. Pollack, que no es un nombre más en los pasillos de los tribunales federales de Estados Unidos.
Con más de tres décadas de experiencia, es considerado uno de los litigantes penales más sólidos del país, especializado en procesos complejos, sensibles y de alto impacto político, económico y mediático. Su hoja de vida lo ubica en la primera línea de la defensa criminal federal, un terreno donde los márgenes de error son mínimos y las consecuencias, históricas.
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Fue justamente este hombre el que negoció el acuerdo que permitió la liberación inmediata de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
El caso, seguido durante más de una década por gobiernos, tribunales y organizaciones de derechos humanos, exigía una combinación poco habitual de estrategia jurídica, manejo político y negociación internacional.
Antes, Pollack había logrado un hito en su carrera en medio del colapso judicial de Enron Corp. Fue el autor de la absolución total de un exejecutivo acusado de fraude criminal tras dos juicios con jurado en Houston, uno de los escasos fallos favorables a la defensa en ese histórico escándalo corporativo. También consiguió la desestimación de acciones paralelas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Mark Donnelly es un abogado forjado en los tribunales. Con más de cien juicios con jurado en su trayectoria, su carrera se construyó desde las salas de audiencias federales y estatales, donde se encargó de algunos de los casos más delicados del estado.
Hoy, representa a clientes en procesos penales, regulatorios y administrativos complejos, con una ventaja clave y es que conoce desde dentro cómo piensa y actúa la Fiscalía.
Donnelly es socio de Parker Sánchez & Donnelly, firma a la que llegó tras 12 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). En el DOJ se desempeñó como asesor principal del fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, considerada la oficina más activa del país.
Desde ese cargo dirigió y supervisó investigaciones federales de alto calibre, y mantuvo contacto permanente con los niveles más altos del Departamento de Justicia en Washington.
Uno de los ejes centrales de su carrera ha sido el derecho penal de cuello blanco. Durante más de dos años lideró la división de fraude del Distrito Sur de Texas, encabezando investigaciones por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraude en el sistema de salud, procesos conjuntos con la SEC, esquemas masivos de fraude a inversionistas y casos relacionados con ciberseguridad.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
