Internacionales
Estos son los abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el tribunal de Nueva York
El Tribunal de Nueva York admitió las cartas de acreditación de los dos poderosos abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores en el juicio que enfrentarán por narcotráfico, conspiración y corrupción. Se trata de Mark Donnelly y Barry Pollack.
La Fiscalía General de Estados Unidos, en el primer indictment emitido por la fiscal Pamela Bondi, el pasado sábado 3 de enero, señaló a Maduro de haber liderado durante más de dos décadas una conspiración internacional de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uso de armas de guerra y venta de pasaportes ilegales en alianza con organizaciones criminales y terroristas de América Latina.
Ante el inminente juicio en contra de la pareja de venezolanos, ambos ya seleccionaron a los abogados que los representarán ante el tribunal. Nicolás Maduro seleccionó a Barry J. Pollack, que no es un nombre más en los pasillos de los tribunales federales de Estados Unidos.
Con más de tres décadas de experiencia, es considerado uno de los litigantes penales más sólidos del país, especializado en procesos complejos, sensibles y de alto impacto político, económico y mediático. Su hoja de vida lo ubica en la primera línea de la defensa criminal federal, un terreno donde los márgenes de error son mínimos y las consecuencias, históricas.
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Fue justamente este hombre el que negoció el acuerdo que permitió la liberación inmediata de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
El caso, seguido durante más de una década por gobiernos, tribunales y organizaciones de derechos humanos, exigía una combinación poco habitual de estrategia jurídica, manejo político y negociación internacional.
Antes, Pollack había logrado un hito en su carrera en medio del colapso judicial de Enron Corp. Fue el autor de la absolución total de un exejecutivo acusado de fraude criminal tras dos juicios con jurado en Houston, uno de los escasos fallos favorables a la defensa en ese histórico escándalo corporativo. También consiguió la desestimación de acciones paralelas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Mark Donnelly es un abogado forjado en los tribunales. Con más de cien juicios con jurado en su trayectoria, su carrera se construyó desde las salas de audiencias federales y estatales, donde se encargó de algunos de los casos más delicados del estado.
Hoy, representa a clientes en procesos penales, regulatorios y administrativos complejos, con una ventaja clave y es que conoce desde dentro cómo piensa y actúa la Fiscalía.
Donnelly es socio de Parker Sánchez & Donnelly, firma a la que llegó tras 12 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). En el DOJ se desempeñó como asesor principal del fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, considerada la oficina más activa del país.
Desde ese cargo dirigió y supervisó investigaciones federales de alto calibre, y mantuvo contacto permanente con los niveles más altos del Departamento de Justicia en Washington.
Uno de los ejes centrales de su carrera ha sido el derecho penal de cuello blanco. Durante más de dos años lideró la división de fraude del Distrito Sur de Texas, encabezando investigaciones por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraude en el sistema de salud, procesos conjuntos con la SEC, esquemas masivos de fraude a inversionistas y casos relacionados con ciberseguridad.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
