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Estaba tan harto del reggaetón de su vecino que inventó un aparato para «hackear» su altavoz
Cuando tu vecino hace un ruido excesivo, tienes varias formas de solucionar este problema. Por un lado, puedes hacerlo de manera amistosa, indicándole con toda la educación del mundo que se está colando y que está molestando al resto de personas que viven en el bloque. Si no atiende a razones y el ruido es tan excesivo que te impide hacer vida en casa, también es un tema que puedes trasladar a la policía para presentar una denuncia. Junto a ello también puedes insonorizar tu piso de diversas formas, algunas más costosas que otras.
No obstante, este inventor y programador ha recurrido a una solución algo menos ética pero efectiva: hackear el altavoz de su vecino. Y es que tras sufrir el reggaetón de su vecino a todo volumen desde las nueve de la mañana, decidió construir un dispositivo para manipular el funcionamiento de los altavoces bluetooth de su vecino con una Raspberry Pi.
Este conocido emprendedor tecnológico de Buenos Aires, y autor de novelas como El Sueño Colbert o La Gran Monterrey, de nombre Roni Bandini, explicó cómo realizó todo el proceso a partir de un artículo en Medium. Tal y como menciona, se inspiró en el viejo TV-B-Gone, que se trataba de un pequeño dispositivo del tamaño de un mando de garaje con un botón para apagar televisores en bares y restaurantes. De hecho, su pequeño proyecto se denomina ‘Reggaetón-Be-Gone’.
El dispositivo de Bandini está entrenado para poder detectar cualquier canción de reggaetón y apagar o interferir la señal del altavoz para que la música deje de sonar tan alta. Su primer paso fue entrenar a una IA para que lograse reconocer este género. Para ello bastó con descargar varias canciones y desarrollar un algoritmo de clasificación. El modelo fue creado para Linux y procesadores ARM, por lo que pudo integrarlo en una sencilla Raspberry Pi.
Bandini conectó la placa a una pequeña pantalla OLED y lo encapsuló todo para darle un toque más vistoso, junto a un botón para poder hacer funcionar el aparato. Además de haber documentado sus pasos en su artículo de Medium, también subió el modelo a Github para que más personas pudieran probar su invento.
El modelo es capaz de detectar los patrones del reggaetón y actuar cuando se rebasa un límite de sonido establecido, según explica Bandini. Para ello, el invento determina el volumen de destino y lo reduce hasta alcanzar el límite de la tasa de decibelios que se haya establecido. El invento es capaz de interferir en la señal para reducir el sonido hasta que sea inapreciable para la persona que vive en un piso inferior o superior.
Superado el umbral del algoritmo, el modelo es capaz de hacer uso de los comandos rfcomm y l2ping hacia la dirección MAC del altavoz bluetooth para enviar solicitudes al dispositivo y atacar la señal bluetooth, reduciendo su eficacia o desconectándola por completo.
A pesar de que es una vía muy ingeniosa por parte de este programador, la realidad es que la eficacia del dispositivo no resultó tan exitosa como esperaba Bandini. Y es que los obstáculos del piso, como las paredes y la lejanía de la conexión, hacían mella en el proceso de interferencia. Además, si el altavoz se movía de lugar a otro punto más alejado, el sistema deja de funcionar, algo que es justo lo que ocurrió según explicaba Bandini en el texto.
Si bien se trata de una solución realmente ingeniosa, debemos también señalar sus implicaciones éticas y legales, ya que este proceso consiste en atacar o interferir la señal de un dispositivo completamente ajeno.
La situación es especialmente específica y por tanto no se refleja en ningún marco legislativo, pero sí podemos concluir que se trata de un caso similar al de utilizar inhibidores de frecuencia, dispositivos que solamente pueden utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administraciones públicas autorizadas según la ley. También podemos trasladar esta situación a la de robarle la contraseña del WiFi al vecino, algo que sin tener consecuencias tan graves, también está estipulado como un acto ilegal en la legislación vigente según viene reflejado en el artículo 256 del Código Penal.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
En el segundo día del año escolar, el Gobierno salvadoreño continúa la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos del país, y uno de ellos es el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, ubicado en San Salvador Centro, donde los estudiantes recibieron uniformes, útiles y recursos tecnológicos.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó personalmente la jornada y afirmó que la distribución se mantendrá activa durante todo el mes, como parte de una logística nacional que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes.
Entre los insumos entregados se incluyen tablets de 8 pulgadas para parvularia cuatro, tablets de 10 pulgadas para primer grado, computadoras portátiles para cuarto grado y para primer año de bachillerato. La funcionaria destacó que estos recursos buscan motivar a los estudiantes a continuar su formación académica.
«Son más de 5,000 escuelas, 1.2 millones de paquetes escolares, que vamos a entregar en todo este mes, es una logística inmensa, su paquete escolar va a llegar a su escuela, es gratuito, completo y con los implementos tecnológicos para los diferentes niveles educativos», recalcó Trigueros.
Durante la visita, la ministra y la directora del centro educativo, Blanca Guirola, dieron la bienvenida a los alumnos y promovieron la práctica de valores como el respeto, los buenos modales y la convivencia sana dentro de la comunidad educativa.
El Centro Escolar Benjamín Sol Millet atiende a una población de 309 estudiantes, desde parvularia cuatro hasta noveno grado, quienes iniciaron el año escolar con los insumos necesarios para su formación integral.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
