Internacionales
El narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada fue llevado a EE.UU. “contra su voluntad”
El narcotraficante mexicano Ismael «Mayo» Zambada fue detenido en Estados Unidos tras volar a ese país «contra su voluntad» junto a un hijo de su exsocio, Joaquín «Chapo» Guzmán, dijo este viernes (09.08.2024) el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.
Joaquín Guzmán López «voluntariamente se entregó», mientras que a Zambada lo llevaron «contra su voluntad», aseguró Salazar en rueda de prensa, dos semanas después de que los dos capos aterrizaran en un avión privado en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos.
Salazar dijo que la captura del «Mayo” Zambada fue «una operación entre cárteles” de la droga y no hubo intervención ni del Gobierno mexicano ni el estadounidense.
«La evidencia que vimos nosotros, cuando llegó él (el Mayo) a Santa Teresa, a Nuevo México, al aeropuerto (el pasado 25 de julio), es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad”, comentó.
Además, si bien sostuvo fue una operación entre los cárteles de la droga en México, en la que uno entregó al otro, destacó la colaboración y presión que ejercen en conjunto los Gobierno de México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales que operan de los dos lados de la frontera.
«Estas dos cosas son históricas (ambas capturas), pero no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto que llevamos con México”, enfatizó.
Además, agradeció al Gobierno de México «por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.
Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de todos los días que el Gobierno estadounidense «no ha cooperado con información» sobre las detenciones de estos capos mexicanos desde hace más de dos semanas.
Ante eso, Salazar aclaró que los informes sobre sus detenciones han sido compartidos con México y en específico refirió que «se han presentado también a la Fiscalía de México”.
El embajador estadounidense insistió en que en la operación no se destinaron recursos económicos ni humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.
«No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, explicó.
Además, compartió que no se planificó ese vuelo y que el avión en el que llegaron los lideres del Cártel de Sinaloa partió desde el estado de Sinaloa, noroeste de México, la base de esta organización criminal en el norte del país.
Salazar confesó que la acción sorprendió a las autoridades estadounidenses, las cuales dijo, se pusieron de inmediato en contacto con «colegas” y «amigos” del Gobierno mexicano para llevar a cabo su proceso frente a la Justicia en EE.UU.
Tras su detención, el Mayo Zambada se declaró no culpable a través de su abogado de los 14 delitos que se le imputan, que incluyen cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y provienen de una acusación presentada en 2012 en Estados Unidos.
El cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido tras bajar de una aeronave que lo llevó hasta Estados Unidos sin que el narcotraficante tuviera conocimiento de ello, acompañado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, antiguo socio de Zambada.
El jueves 1 de agosto compareció para una audiencia procedimental en El Paso (Texas) en la que solo habló una vez y fue para decir «sí», en respuesta a una pregunta de la jueza sobre posibles «conflictos de intereses» de su representación legal.
Según su abogado, Zambada será trasladado desde Texas a Nueva York para ser juzgado allí. Aunque aún no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a ese estado, se sabe que existe ya una acusación pendiente contra Zambada en el Distrito Este de Brooklyn, el mismo donde su otrora socio Joaquín «el Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
