Judicial
Dueño de St. Jack’s será procesado bajo medidas sustitutivas a la detención
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla resolvió ayer en audiencia preliminar enviar a juicio al presidente de la junta directiva de Industrias St. Jack’s, Rolando Simán Jacir, en el proceso penal, donde es acusado del delito de contaminación ambiental agravada, por hechos ocurridos en julio del 2022.
Las pruebas ofertadas, tanto por la Fiscalía General de la República y por la defensa técnica, fueron aceptadas por el juzgado y serán valoradas en audiencia de vista pública por un tribunal de sentencia.
Durante la audiencia, las «partes procesales» presentaron una solicitud de suspensión condicional del procedimiento en favor del procesado, pero el juez la declaró no ha lugar, tras argumentar que entre la prueba existen pericias ambientales que determinan «una actitud dolosa por parte del acusado».
Rolando Simán Jacir es procesado bajo medidas sustitutivas a la detención, y su situación jurídica se determinará hasta su juicio.
A Simán Jacir, la Fiscalía lo acusó luego que el pasado 4 de julio del 2022, el Ministerio de Medio Ambiente realizó análisis al manto acuífero de la quebrada El Piro, y señaló que una coloración roja en el agua se debía a una «sustancia que se utiliza en manufacturas de tipo textil».
Las autoridades afirmaron que, la empresa aprovechaba el incremento de los caudales de los receptores de agua para descargar químicos hacia la quebrada.
Durante esa misma acusación, también estaban dos ejecutivos de Industrias St. Jack’s, empresa ubicada en el Plan de La Laguna Antiguo Cuscatlán, siendo Arturo Germán Martínez Rodríguez, gerente de operaciones de la Asociación Plan de La Laguna, y Efraín Antonio Ruballo,gerente de operaciones de Industrias St. Jack’s. Estas dos personas fueron absueltas definitivamente en la audiencia inicial.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
