Judicial
Dueño de St. Jack’s será procesado bajo medidas sustitutivas a la detención
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla resolvió ayer en audiencia preliminar enviar a juicio al presidente de la junta directiva de Industrias St. Jack’s, Rolando Simán Jacir, en el proceso penal, donde es acusado del delito de contaminación ambiental agravada, por hechos ocurridos en julio del 2022.
Las pruebas ofertadas, tanto por la Fiscalía General de la República y por la defensa técnica, fueron aceptadas por el juzgado y serán valoradas en audiencia de vista pública por un tribunal de sentencia.
Durante la audiencia, las «partes procesales» presentaron una solicitud de suspensión condicional del procedimiento en favor del procesado, pero el juez la declaró no ha lugar, tras argumentar que entre la prueba existen pericias ambientales que determinan «una actitud dolosa por parte del acusado».
Rolando Simán Jacir es procesado bajo medidas sustitutivas a la detención, y su situación jurídica se determinará hasta su juicio.
A Simán Jacir, la Fiscalía lo acusó luego que el pasado 4 de julio del 2022, el Ministerio de Medio Ambiente realizó análisis al manto acuífero de la quebrada El Piro, y señaló que una coloración roja en el agua se debía a una «sustancia que se utiliza en manufacturas de tipo textil».
Las autoridades afirmaron que, la empresa aprovechaba el incremento de los caudales de los receptores de agua para descargar químicos hacia la quebrada.
Durante esa misma acusación, también estaban dos ejecutivos de Industrias St. Jack’s, empresa ubicada en el Plan de La Laguna Antiguo Cuscatlán, siendo Arturo Germán Martínez Rodríguez, gerente de operaciones de la Asociación Plan de La Laguna, y Efraín Antonio Ruballo,gerente de operaciones de Industrias St. Jack’s. Estas dos personas fueron absueltas definitivamente en la audiencia inicial.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
