Judicial
¿Por qué la FGR se resiste a que el caso corruptela sea ventilado en Sede Judicial de Santa Tecla?
Imputados en caso corruptela, señalan a fiscales por no ventilar los expedientes ante los juzgados de Santa Tecla, tomando en cuenta que los hechos que se les acusa fueron en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, por lo que tendría que trasladarse el caso a tribunales de dicho departamento, tal y como lo establece la ley; sin embargo estos insisten que el caso se lleve a cabo en San Salvador.
Dentro de dicho caso hay varios imputados incluyendo Enrique Rais, que fue detenido en el 2016 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la decretó como captura ilegal y arbitraria y quienes instaron a las autoridades un cese a la persecución penal y mediática.
Los fiscales han insisto en llevar el caso al Juzgado Cuarto de Instrucción, sin embargo la jueza se declara incompetente de seguir el proceso, en razón del territorio, ya que los hechos suscitaron en Antiguo Cuscatlán, por lo que el caso tendría que llevarlo la sede judicial, ubicada en Santa Tecla.
Luego la Fiscalía General de la República, presentó una apelación, para que el caso sea llevado en los tribunales de San Salvador, teniendo con claridad que el proceso lo tendría que llevar en Santa Tecla con jueces y magistrados independientes. Esto pone en tela de juicio a los fiscales del caso. ¿Será que los jueces y fiscales no quieren desarrollar el caso con imparcialidad?.
Los fiscales impiden que jueces y magistrados ventilen este caso objetivamente.
El caso fue iniciado durante la gestión del exfiscal Douglas Meléndez, últimamente implicado en algunas irregularidades dentro de esta institución.
Diario Digital Cronio publicó ayer los supuestos casos creados por el exfiscal Douglas Meléndez, donde se presentan algunas alteraciones y que se han caído en tribunales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
