Judicial
¿Por qué la FGR se resiste a que el caso corruptela sea ventilado en Sede Judicial de Santa Tecla?
Imputados en caso corruptela, señalan a fiscales por no ventilar los expedientes ante los juzgados de Santa Tecla, tomando en cuenta que los hechos que se les acusa fueron en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, por lo que tendría que trasladarse el caso a tribunales de dicho departamento, tal y como lo establece la ley; sin embargo estos insisten que el caso se lleve a cabo en San Salvador.
Dentro de dicho caso hay varios imputados incluyendo Enrique Rais, que fue detenido en el 2016 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la decretó como captura ilegal y arbitraria y quienes instaron a las autoridades un cese a la persecución penal y mediática.
Los fiscales han insisto en llevar el caso al Juzgado Cuarto de Instrucción, sin embargo la jueza se declara incompetente de seguir el proceso, en razón del territorio, ya que los hechos suscitaron en Antiguo Cuscatlán, por lo que el caso tendría que llevarlo la sede judicial, ubicada en Santa Tecla.
Luego la Fiscalía General de la República, presentó una apelación, para que el caso sea llevado en los tribunales de San Salvador, teniendo con claridad que el proceso lo tendría que llevar en Santa Tecla con jueces y magistrados independientes. Esto pone en tela de juicio a los fiscales del caso. ¿Será que los jueces y fiscales no quieren desarrollar el caso con imparcialidad?.
Los fiscales impiden que jueces y magistrados ventilen este caso objetivamente.
El caso fue iniciado durante la gestión del exfiscal Douglas Meléndez, últimamente implicado en algunas irregularidades dentro de esta institución.
Diario Digital Cronio publicó ayer los supuestos casos creados por el exfiscal Douglas Meléndez, donde se presentan algunas alteraciones y que se han caído en tribunales.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
