Judicial
El montaje de casos mediáticos por parte del exfiscal Douglas Meléndez
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, quien fue fiscal General de la República, del período 2016 al 2019, es marcado por el montaje de casos mediáticos durante su gestión, los jueces lo confirman por medio de las resoluciones a los casos que el construyó.
El exfiscal ha sido señalado por el montaje de casos y fraude procesal en los casos mediáticos en los que montaba persecuciones a imputados sin realizar las pruebas necesarias y alterando los procesos administrativos, según señalan los acusados de los casos.
El 28 de julio del año 2020, el fiscal general actual, Raúl Melara, señaló durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS), a la administración de Meléndez de forma implícita, al señalar que montaba los casos mediáticamente, que al final se perdían en los juzgados.
«Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados», señaló Melara.
Persecución a Enrique Rais
Enrique Rais fue acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado, imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extinguiendo las acciones civiles y penales contra el empresario.
Dicho caso surgió durante la gestión Meléndez en la FGR, quien entorpeció el proceso y creo una persecución contra Enrique Rais, iniciando por una captura arbitraria y mediática.
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, contra Rais, a través de un documento que no existió.
Rais fue citado, posteriormente, por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario ante las instancias, tal citatorio no existía. Meléndez ordenó en ese momento la detención inmediata, convocando a los medios de comunicación.
El abogado Carlos Rubio, defensor de Enrique Rais, lamentó que Meléndez no actuara con objetividad en el caso y señaló que a partir de ello surgieron los bloqueos en la resolución del caso.
«Se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», Añade Rubio.
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo, este 17 de marzo, por lo que el jurista, ve como un gran paso para la justicia salvadoreña, tras las persecuciones que sufrió su cliente por parte de Meléndez.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», añadió.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
Caso Ramón Kury
Uno de los casos sonados últimamente es el asesinato de Ramón Kury, exsecretario departamental de San Salvador, por el partido de Conciliación Nacional (PCN), las tres personas que culpó la FGR, mientras fungía Douglas Meléndez como fiscal, fueron absueltas, al no establecerse su participación en el homicidio.
En el caso fueron culpados, sin prueba alguna, los hermanos Samuel Elías Delgado y Óscar Remberto Delgado y el policía Santos Hernández Beltrán.
«Este caso lo ordenó Douglas Meléndez. Ellos montaron la escena y ocultaron los videos originales. Este caso fue una mentira», subrayó Delgado.
Delgado señaló que la creación de este juicio fue realizado por el exfiscal con el objetivo de que quedara en la impunidad y que los verdaderos responsables quedaran en libertad de la que ahora gozan.
“¿Por qué ellos sabiendo el caso y teniendo los videos, por qué ellos tienen los videos originales, los cuales no se pudieron mostrar acá, ¿por qué?, ¿por qué Douglas Meléndez me acusó a mí?”, cuestionó el acusado.
El tribunal valoró todas las pruebas en su totalidad y el juez resolvió que los imputados son inocentes, tras dos años de dilatación por parte de la fiscalía.
«Ellos ilegalmente pusieron documentos, pusieron teléfonos que no existían, han decomisado vehículos, es un fraude procesal el que ellos han hecho. Pusieron una arma que estaba incautada desde el 2011 en la Fuerza Armada y ellos sacaron esa arma», denunció Delgado.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
