Judicial
El montaje de casos mediáticos por parte del exfiscal Douglas Meléndez
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, quien fue fiscal General de la República, del período 2016 al 2019, es marcado por el montaje de casos mediáticos durante su gestión, los jueces lo confirman por medio de las resoluciones a los casos que el construyó.
El exfiscal ha sido señalado por el montaje de casos y fraude procesal en los casos mediáticos en los que montaba persecuciones a imputados sin realizar las pruebas necesarias y alterando los procesos administrativos, según señalan los acusados de los casos.
El 28 de julio del año 2020, el fiscal general actual, Raúl Melara, señaló durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS), a la administración de Meléndez de forma implícita, al señalar que montaba los casos mediáticamente, que al final se perdían en los juzgados.
«Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados», señaló Melara.
Persecución a Enrique Rais
Enrique Rais fue acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado, imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extinguiendo las acciones civiles y penales contra el empresario.
Dicho caso surgió durante la gestión Meléndez en la FGR, quien entorpeció el proceso y creo una persecución contra Enrique Rais, iniciando por una captura arbitraria y mediática.
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, contra Rais, a través de un documento que no existió.
Rais fue citado, posteriormente, por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario ante las instancias, tal citatorio no existía. Meléndez ordenó en ese momento la detención inmediata, convocando a los medios de comunicación.
El abogado Carlos Rubio, defensor de Enrique Rais, lamentó que Meléndez no actuara con objetividad en el caso y señaló que a partir de ello surgieron los bloqueos en la resolución del caso.
«Se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», Añade Rubio.
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo, este 17 de marzo, por lo que el jurista, ve como un gran paso para la justicia salvadoreña, tras las persecuciones que sufrió su cliente por parte de Meléndez.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», añadió.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
Caso Ramón Kury
Uno de los casos sonados últimamente es el asesinato de Ramón Kury, exsecretario departamental de San Salvador, por el partido de Conciliación Nacional (PCN), las tres personas que culpó la FGR, mientras fungía Douglas Meléndez como fiscal, fueron absueltas, al no establecerse su participación en el homicidio.
En el caso fueron culpados, sin prueba alguna, los hermanos Samuel Elías Delgado y Óscar Remberto Delgado y el policía Santos Hernández Beltrán.
«Este caso lo ordenó Douglas Meléndez. Ellos montaron la escena y ocultaron los videos originales. Este caso fue una mentira», subrayó Delgado.
Delgado señaló que la creación de este juicio fue realizado por el exfiscal con el objetivo de que quedara en la impunidad y que los verdaderos responsables quedaran en libertad de la que ahora gozan.
“¿Por qué ellos sabiendo el caso y teniendo los videos, por qué ellos tienen los videos originales, los cuales no se pudieron mostrar acá, ¿por qué?, ¿por qué Douglas Meléndez me acusó a mí?”, cuestionó el acusado.
El tribunal valoró todas las pruebas en su totalidad y el juez resolvió que los imputados son inocentes, tras dos años de dilatación por parte de la fiscalía.
«Ellos ilegalmente pusieron documentos, pusieron teléfonos que no existían, han decomisado vehículos, es un fraude procesal el que ellos han hecho. Pusieron una arma que estaba incautada desde el 2011 en la Fuerza Armada y ellos sacaron esa arma», denunció Delgado.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
