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Gobierno de Maduro arremetió contra Petro, Lula y Mujica

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El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela arremetió contra sus aliados regionales Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula de Silva, mandatario de Brasil; y José “Pepe” Mujica, ex jefe de Estado de Uruguay.

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo en los diálogos de Barbados con la oposición, Jorge Rodríguez, expresó: “No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”.

“¿Saben el presidente Petro, el presidente Lula, Mujica, etcétera, del plan insurreccional y magnicida aquí revelado por el vocero principal del fascismo en Miami?”, se preguntó el referente del chavismo; al tiempo que siguió: “¿Aceptarían en sus países planes para atentar contra el presidente como los que hemos develado en numerosas oportunidades? ¿Saben que la organización fascista Vente Venezuela jamás solicitó ser inscrita como partido político ni existió postulación por iniciativa propia alguna? Es decir, jamás se inscribió ese partido en el CNE (Consejo Nacional Electoral) ni buscaron la inscripción por iniciativa propia”, publicó Rodríguez.

Y completó: “¿Se han enterado que el 100% de los partidos acreditados ante el CNE inscribieron alguno de los 13 candidatos, de todo el espectro político, que compiten por la presidencia de Venezuela.? ¿Desconocimiento? ¿Ignorancia? ¿Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”.

Esta fuerte arremetida del chavismo contra sus históricos aliados regionales se debe a que Petro, Lula y Mujica cuestionaron en los últimos días el proceso electoral que se lleva a cabo en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado está inhabilitada para participar de los comicios del 28 de julio y a la persona que ella quiso postular, la historiadora Corina Yoris, tampoco se le permitió inscribirse como candidata.

El jueves, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Francia, Emmanuel Macron, afirmaron que los impedimentos para la inscripción de la candidatura opositora Yoris son “graves”.

Lula, quien habló con la prensa en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, de visita oficial en Brasil, dijo que el hecho de que Yoris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación “política ni jurídica”.

Por su parte, el Gobierno de Colombia expresó su inquietud por las dificultades de la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas para los comicios de este año.

“Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la PUD y el movimiento Vente Venezuela, entre otros”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial.

En tanto, el ex presidente uruguayo José Mujica dijo que Venezuela vive en un “régimen porfiado” que no respeta las “leyes elementales de la democracia”.

“¿Sabe cuál es la desgracia de Venezuela? Es una desgracia parecida a la de Argentina: es demasiado rica. Y la han cercado. Tiene un régimen porfiado, que está con la venda puesta y es contradictorio”, dijo el referente del Frente Amplio a radio Rincón al participar de un evento en la Expo Activa de Soriano, Uruguay.

Y completó: “Cuando tiene una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela está siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. Necesita respetar a los que piensan distinto porque para estar de acuerdo… sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar”.

El agradecimiento de María Corina Machado
La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este viernes a Petro, Lula y Macron sus posturas sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, de la que expresaron su preocupación por la imposibilidad del antichavismo de inscribir la candidatura de Corina Yoris.

“Agradezco a los presidentes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro por sus posiciones en las últimas horas que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática”, manifestó la líder de Vente Venezuela en su cuenta de X.

Luego pidió a los “líderes democráticos del mundo” que se unan para exigir al régimen de Maduro que permita la inscripción de Yoris como candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Ha quedado claro que no hay razones políticas ni jurídicas que impidan que Corina Yoris pueda ser candidata y que su exclusión, como la mía, niegan la posibilidad de elecciones libres y justas”, remarcó.

Por último, sostuvo: “Pedimos a todos los líderes democráticos del mundo su apoyo a la plena implementación del Acuerdo de Barbados, firmado hace apenas unos meses, para lograr elecciones libres y justas en Venezuela”.

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Congreso de Honduras suspende al fiscal general para someterlo a juicio político

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El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.

El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.

El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.

«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.

Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.

Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».

«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.

 

Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.

La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.

El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.

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Presidente Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York tras invasión de EEUU en Venezuela

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La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.

«Prisionero de guerra»

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

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Francia investigará al exdirector de Frontex por complicidad en crímenes contra la humanidad

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Un juez de instrucción francés investigará al eurodiputado de extrema derecha Fabrice Leggeri, exjefe de la agencia europea de control fronterizo, tras una denuncia por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, anunció el martes a la AFP una fuente judicial.

Leggeri dirigió entre enero de 2015 y abril de 2022 la agencia Frontex, responsable del control de fronteras de la Unión Europea.

En 2024, se había incorporado al Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) como número tres de su lista para las elecciones europeas.

Como director de Frontex, fue acusado regularmente por las ONG de tolerar devoluciones ilegales de migrantes, erigiéndose en un defensor de la impermeabilidad de las fronteras europeas.

La Liga de los Derechos Humanos lo acusó en particular de haber «alentado» a sus agentes a facilitar las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por parte de las autoridades libias y griegas, según la denuncia presentada en 2024 de la que tuvo conocimiento la AFP.

También se le reprocha haber «optado por una política destinada a impedir, fuera cual fuera el precio —en vidas humanas especialmente—, la entrada de personas migrantes en la UE».

Después de un trámite procesal de dos años, el Tribunal de Apelación de París decidió el 18 de marzo abrir una investigación, según la fuente judicial.

«El señor Leggeri no estaba informado de estos avances y, por tanto, no tiene comentarios que hacer en esta fase», indicó a la AFP una fuente de su entorno.

«Por primera vez, uno o varios jueces de instrucción franceses van a examinar las condiciones de la eventual responsabilidad penal de Fabrice Leggeri en la hecatombe que ha causado miles de muertos en el Mediterráneo, en particular niños y mujeres», celebró por su parte el martes el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.

Unos 82,000 migrantes han muerto o desaparecido desde 2014, principalmente en el Mediterráneo (34,000), la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una cifra subestimada, según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (Manul) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en un reciente informe señalaron las «graves violaciones» sufridas por las personas migrantes «detenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales y no oficiales» en Libia.

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