Política
Proponen reforma para que policías no sean detenidos cuando éstos actúen en defensa legítima
El diputado de GANA, Osiris Luna, propuso una reforma al Código Procesal Penal para que ya no se detenga a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada (FAES) y personal de los Centros Penales luego de que en una situación se vean obligados a actuar en legítima defensa o en el ejercicio de su deber.
De acuerdo con las leyes salvadoreñas, si un agente de la Policía se ve en peligro y utiliza su arma de equipo para repeler un ataque y quien lo ataca resulta fallecido, el agente debe ser detenido y se debe iniciar las investigaciones respectivas para determinar los hechos. En el repunte de violencia que vivió el país, en los primeros días de enero fueron asesinados nueves agentes policiales.
«Lo que queremos es que el policía no vaya detenido, creo que esa es una de las formas de demostrarle de que ellos puedan repeler los ataques que están recibiendo. Hemos iniciado el año con nueve policías fallecidos. Creo que la delincuencia está desbordada para no estar del lado de las personas que nos defienden todos los días», valoró Luna en la presentación de la pieza de correspondencia.
En las reformas se añaden dos excepciones a los artículos que hablan sobre la detención, el primero de ellos es el artículo ocho que indica en qué momentos se deberá restringir la libertad personal. La propuesta de Luna añade «No podrá decretarse detención en la comisión de actos de legítima defensa o en el cumplimiento del deber por parte del persona de la PNC, FAES y Dirección General de Centros Penales (DGCP)».
La otra excepción es al artículo dos, que explica la detención provisional y las causas por las que se puede decretar. Siendo una de ellas que exista la convicción suficiente para sostener la existencia de un delito y que el mismo tenga pena de prisión. Luna propone «No obstante lo anterior, cuando se trate de miembros de la PNC, FAES y DGCP deberán ser procesados en libertad ante el cometimiento de actos de legítima defensa o en el ejercicio de su deber».
El último caso de un agente detenido luego de tener que recurrir a su arma de fuego fue el de un miembro de la división de Tránsito Terrestre de la PNC, luego de que hiciera señales de parada a un motociclista, pero el acompañante lo amenazó con una pistola, por lo que el policía sacó su arma y le asestó un disparo que le causó la muerte.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
