Política
Presidente Bukele culpa a la ANEP de llevar a la banca rota al ISSS: “Asquerosos. Que codicia más impresionante. Solo les importa el maldito dinero”
La propuesta de ARENA de obligar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a absorber el pago de salarios de cotizantes en cuarentea domiciliar o en los 68 centros de contención, fue aprobada anoche por la Asamblea Legislativa y contó con los votos de la fracción tricolor y del FMLN, así como de algunos del PCN, PDC y del diputado independiente.
El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó a estos partidos y a la gremial empresarial ANEP de hacer alianza para quebrar al ISSS «justo en medio de una pandemia».
«Asquerosos. Que codicia más impresionante. Solo les importa el maldito dinero», reaccionó.
Según el mandatario la ANEP «se embolsará» 300 millones de dólares mensuales del ISSS. «Dinero que obviamente el ISSS no tiene», dijo.
A iniciativa de ARENA, la Asamblea hizo una interpretación auténtica del artículo 5 inciso tercero del decreto 593 de emergencia nacional aprobado el 14 de marzo para enfrentar la pandemia generada por el covid-19.
El dictamen aprobado este jueves por los legisladores reza: “Las cuarentenas ordenadas por el Órgano ejecutivo, a partir del 11 de marzo del año 2020, ya sean estas en un centro de contención o domiciliares, por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena, durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social”.
Es decir, todos los trabajadores que estén cumpliendo cualquier tipo de cuarentena tendrán derecho al subsidio desde el primer día hasta la finalización del periodo de resguardo sanitario, no importando si el trabajador estuviese enfermo o no, reza el decreto.
Para que el decreto entre en vigencia, necesita la sanción o aval del presidente Bukele, quien también tiene facultad para observar o vetar.
La propuesta del ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación incluía una reforma al decreto 593 que obligaba a las empresas seguir pagando los salarios de los empleados mientras dure la cuarentena, pero fue rechazada por la ANEP y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
Según la Camarasal, la reforma del Ejecutivo amenazaba con el cierre de cualquier empresa que incumpliera las medidas decretadas a raíz de la crisis, «sin detenerse a evaluar circunstancias específicas ni hacer distinciones de responsabilidad al interior de cada empresa», mencionaron.
Por otra parte, este mismo día, la Asamblea aprobó al Ejecutivo una deuda de hasta $2,000 milllones para enfrentar la pandemia.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
