Política
Norman Quijano critica despidos de esposa, familiar y amigo de Óscar Ortiz ordenados por el presidente Nayib Bukele
Los despidos ordenados la noche del lunes por el presidente de la República, Nayib Bukele, contra la esposa del ahora secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, Elda Gladis Tobar Ortiz y otras personas allegadas a él, han levantado muchas opiniones en el ámbito político del país.
Bukele en su cuenta de twitter publicó: “Se ordena la destitución de Elda Gladis Tobar Ortiz, esposa de Óscar Ortiz, de su cargo como Directora ejecutiva del ISNA, con un salario de $3,550 mensuales más prestaciones”.
Sin embargo, esa no fue la única destitución que el mandatario pidió anoche, pues otras personas allegadas al exvicepresidente Ortiz que seguían en puestos de gobierno fueron también destituidas como Patricya Augustynowicz, nuera de Óscar Ortiz, de la Dirección Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía con un salario de $1,500 mensuales y a Carlos Alberto Palma, quien fuera mano derecha de Óscar Ortiz y que lo sustituyó como Alcalde de Santa Tecla, de su cargo en INSINCA.
Tras conocer la noticia este martes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norma Quijano, reaccionó al método y forma del presidente de la República y en cierta manera, «defendido» a la esposa de Ortiz y las otras personas que fueron separadas de sus cargos.
“Uno piensa que un presidente es una personas seria y responsable que va a actuar en sinfonía con lo que la sociedad espera y esto es una forma hasta burlesca y grosera ofendiendo la dignidad de las personas lanzado a la calle a funcionarios, independientemente de qué clase de funcionarios sean. Es un exvicipresidente de la República y alguna consideración debe tener siempre”.
Quijano también cuestionó los despidos vía twitter por parte de Bukele.
«Para eso hay un equipo de gobierno, el secretario particular puede llamar a la persona responsable de alguna unidad Estado y decirle, pero nada de este gobierno se da sin que sea presidida del espectáculo”, reiteró.
Las criticas del presidente de la Asamblea Legislativa no tardaron en ser contestadas por el presidente de la República, quien a través de su twitter publicó.
“Norman defendiendo a Óscar. Pero ni los “Acuerdos de Paz” lograron tanto”, dejo ver el mandatario.
Para algunas personas las declaraciones de Quijano en «defensa» de la esposa de Ortiz y el resto de funcionarios, no es más que un método estratégico de los partidos Arena y el FMLN para hacer quedar mal al actual gobierno del presidente Bukele, cuando ambos partidos políticos han librado pugnas de poder y acusaciones entre sí tras la derrota en las pasadas elecciones presidenciales.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
