Política
Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presenta objetivos presupuestarios para 2025 ante la Comisión de Hacienda
En una reunión clave en la Comisión de Hacienda, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, expuso los objetivos que busca alcanzar con el presupuesto destinado para el año 2025. Durante su intervención, Villatoro destacó la necesidad de robustecer los recursos disponibles para la Policía Nacional Civil (PNC) y las instituciones del sector justicia y seguridad del país.
Entre las propuestas anunciadas, estan:
- Dotación de flota vehicular, a fin de apoyar las labores de la PNC
- Adquisición de equipo de transporte marítimo y aéreo para la PNC
- Equipar y modernizar a las instituciones del ramo de justicia y seguridad
- Desarrollo de proyectos de infraestructura para asegurar la agilidad y la buena ejecución en el ramo
- Modernizar las tecnologías de la información, con el objetivo de mejorar el análisis, la prevención y la investigación de delitos
- Construcción, adecuación y equipamiento de las áreas de balística forense
- Construcción y mejoramiento de delegaciones policiales
«Con los recursos, se seguirá garantizando la seguridad pública y la represión al crimen. También, se asegurarán los salarios, bonos, alimentación y prestaciones de nuestros policías y servidores públicos,» afirmó Villatoro, haciendo hincapié en la relevancia de un presupuesto que respalde el trabajo del sector.
El ministro también se refirió a la necesidad de implementar mecanismos que optimicen el gasto público, con la intención de desechar aquellos casos que no generen un impacto positivo en la población. «Haremos todo lo indispensable para que el presupuesto se mantenga con cero déficit,» añadió.
En su discurso, Villatoro resaltó los logros alcanzados bajo el Régimen de Excepción, informando que se han registrado 82,953 capturas, 4,435 armas de fuego decomisadas, 9,792 vehículos confiscados y 21 mil celulares incautados hasta el 18 de octubre. Asimismo, destacó que el país ha alcanzado 730 días sin homicidios, una cifra que, según él, parecía impensable en el pasado.
«Hoy somos el país más seguro del hemisferio occidental, y en lo que va de este año, la tasa de homicidios se sitúa en 2.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes,» argumentó el funcionario, quien también anticipó la entrega de más de 30 camionetas todo terreno a la policía rural, así como la incorporación de motocicletas eléctricas y lanchas de patrullaje para fortalecer la operatividad contra las pandillas.
Con estos ambiciosos planes, el Ministerio de Seguridad busca continuar su labor en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad en El Salvador, enfatizando la importancia de un marco presupuestario adecuado para alcanzar sus metas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
