La Asamblea Legislativa emitió, con 57 votos, disposiciones transitorias para que los ciudadanos que tienen armas de fuego sin registrar se sometan al proceso de legalización en el Ministerio de Defensa Nacional y se les extienda la matrícula para tenencia y conducción; portación y colección de armas de fuego.

Esta medida que tendrá 90 días de vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial— le brindará seguridad jurídica a los interesados. Además, contribuirá a que las autoridades tengan un control real de las armas que están en manos de la población; ayudará a prevenir el cometimiento de delitos y reforzará las estrategias de seguridad, como el Plan Control Territorial, que han permitido generar un clima de paz en El Salvador.

Los diputados Caleb Navarro y Alexia Rivas, de la bancada de Nuevas Ideas, aclararon que con las disposiciones transitorias no se está fomentando la compra o utilización de armas, sino que se pretende que quienes las poseen de forma ilegal puedan regularizarlas.

Otro de los objetivos es facultar a las autoridades para que puedan captar y destruir las armas de fabricación artesanal o hechiza que se obtengan durante la vigencia del decreto.

Navarro recordó que, en el pasado, debido a la violencia ejercida por las pandillas, muchas personas se vieron obligadas a adquirir armas de fuego para defender su vida y sus bienes.

“Esta propuesta es un compromiso firme con la legalidad y el control efectivo del armamento que hay en nuestro país. La legalización es fundamental, ya que la tenencia de arma sin control no solo amenaza la paz pública, sino que fomenta un entorno propicio para la delincuencia”, afirmó el legislador.

Las personas que estén siendo procesadas o se encuentren cumpliendo condenas por cualquiera de los delitos previstos y sancionados en el Código Penal que hayan sido cometidos utilizando armas de fuego y los que hayan sido cometidos por agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado no podrán legalizar sus armas. Tampoco se inscribirán las que hayan sido vinculadas a hechos delictivos, explicó la diputada Rivas.

Requisitos para registrar un arma

Para legaliza un arma de fuego los interesados deberán cumplir estos requisitos:

Presentar ante el Ministerio de la Defensa Nacional la solicitud con datos personales e información del arma a registrar. (El formulario va a ser entregado por las Oficinas de Registro y Control de Armas de Fuego).

Presentar el arma sin registrar en las Oficinas de Registro y Control de Armas de Fuego, en donde quedará en depósito para efectos de control, cuando no se haya adquirido en establecimientos nacionales autorizados para la venta.

Entregar cuatro municiones para que se puedan tomar las huellas balísticas del arma.

Adjuntar solicitud, facturas del arma ya sea que se haya adquirido en establecimientos nacionales o del extranjero, o un documento que compruebe la compra. Además, se debe adjuntar fotocopia de la licencia para el uso de arma.

Ser mayor de 21 años para obtener las matrículas de tenencia y conducción y mayor de 24 para la matrícula de portación.

Presentar constancia de antecedentes penales y solvencia de la Policía Nacional Civil.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos,  la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, con el propósito de actualizar el modelo por medio del que se entregan los permisos de construcción y de las lotificaciones para disminuir tiempos en el otorgamiento de los mismos.

Actualmente, la autorización de permisos de construcción y de las lotificaciones está regulada en varias normativas y requiere de múltiples requisitos, retrasando la entrega de los documentos y volviéndose un obstáculo para atraer la inversión. Los inversionistas deben esperar alrededor de 350 días para obtener todas las autorizaciones y con la implementación de la normativa  se pretende reducir este tiempo a 175 días.

La Ley dará paso a la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que entregará  autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización. Además, la DOT será la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo.

Una de las finalidades de la normativa es facilitar la inversión a través de la simplificación de la tramitología, disminuir los tiempos de respuesta para mejorar la competitividad del país, promover una actividad económica que genere empleo y dinamice la economía, y disminuir costos a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La diputada Elisa Rosales explicó que la normativa es necesaria para el ordenamiento territorial y para el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, ya que uno de los objetivos es  apostarle a la inversión nacional y extranjera.

“La seguridad se ha vuelto un factor determinante para el país. Debemos aprovechar este momento para tomar las decisiones pertinentes y generar las condiciones y armas necesarias para volvernos atractivos para la inversión nacional y extranjera y así apostarle al despegue económico del país”, sostuvo la legisladora.

La parlamentaria comentó que la nueva ley facilitará la inversión extranjera y nacional y también generará una homologación en trámites relacionados a la construcción.

Rosales argumentó que actualmente existen en el país alrededor de 80 regulaciones sobre temas de construcción y cerca de 30 instituciones que emiten criterios sobre los permisos para el rubro, por lo que reiteró que la iniciativa permitirá que los inversionistas acudan a una sola institución.

“Es importante apostarle al sector construcción. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa en 2023 superó los $759 millones, cuadruplicando las cifras obtenidas en 2022, cuando se registraron $170.85 millones, y es por eso que debemos generar los marcos jurídicos que fomenten este crecimiento de la inversión” señaló Rosales.

Datos del BCR y el Ministerio de Economía señalan que el sector construcción representa  el 40% de la inversión nacional  y según información de la Cámara Salvadoreña de Construcción, el sector emplea anualmente alrededor de 200 mil personas.

Autorización de trámites

Según la ley, para la autorización de los trámites se requiere un informe de condición del inmueble que debe realizar la DOT para determinar el estado de los inmuebles, un proceso de factibilidad en el que se verifiquen las condiciones para poder construir y conocer si el suelo y otros aspectos son los idóneos para el proyecto, el otorgamiento de permisos cuando las empresas cumplan con los requisitos medioambientales y culturales. Además, como último paso, se deberá verificar que el proyecto cumpla con todo lo que se solicitó y con lo que se estableció en los permisos.

Consejo Directivo de la DOT 

La máxima autoridad de la DOT es el consejo directivo, y estará integrado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, quien ostentará la presidencia del Consejo; el titular del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. También será parte del consejo el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua.

DOM dentro del consejo directivo 

Durante el estudio de la iniciativa, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en incluir al director ejecutivo o delegado de la Dirección de Obras Municipales en el consejo directivo de la DOT.

Además, el 100 % de los ingresos percibidos de servicios como la realización de un informe para conocer la condición territorial del inmueble, el otorgamiento de permisos y verificación del cumplimiento, entre otros, será destinado para la DOT.

En el caso de los ingresos recibidos por revisión vial y zonificación, valoración cultural del terreno, permiso de parcelación o urbanización y otros, el 50 % de los fondos será para la DOT y el 50 % restante será entregado a Hacienda para que los transfiera a las municipalidades.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que dicho organismo estatal funcionará el próximo año con un presupuesto de $46,996,257, lo que representa una reducción de $7.2 millones respecto al de este año, que fue de $54,139,060.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto estatal presentado el lunes anterior por el Ministerio de Hacienda, ha habido reducciones presupuestarias para el congreso desde 2022, pues un año antes fue de $58.3 millones, y de aprobarse el planteado para el próximo año, la reducción será de $11.3 millones respecto al de 2021.

Castro recordó que el plan de gastos de 2022 fue el primero avalado por Nuevas Ideas y aliados, registrándose desde entonces disminuciones. En el rubro de remuneraciones de la Asamblea también ha habido reducciones en dicho período, totalizando $18.6 millones, debido a que pasó de $45.3 millones en 2021 a $36.7 millones proyectados para 2025.

«Es una reducción significativa que se va a ver reflejado sobre todo en el tema de salarios y plazas. En 2021 encontramos 2,500 plazas y el próximo año vamos a trabajar con 1,000 plazas menos; de hecho, ya estamos trabajando casi con esa reducción», detalló Castro.