Política
Gustavo López Davidson acepta que hubo reuniones de pandillas con Ernesto Muyshondt
Después que el Fiscal General Raúl Melara confirmara que la FGR está investigando todo lo que ha sido declarado por el testigo «Noé» y que varias personas han sido citadas ya ha declarar, el Ministerio Público se guarda los detalles y solo se limita a decir que la información se brindará en el momento oportuno.
En medio de toda esta polémica, el testigo criteriado con clave “Noé” que declaró en el juicio “Operación Cuscatlán”, confirmó ante el juez Especializado de Sentencia “A” que cabecillas de pandillas hablaron por teléfono con el expresidente del COENA, Jorge Velado, antes de reunirse con Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, previo a los procesos electorales que se vivieron en El Salvador en el 2014 y 2015.
En la quinta semana del juicio donde se procesó a 425 imputados acusados por varios delitos, “Noé”, reveló que una llamada telefónica entre los cabecillas de pandillas y Jorge Velado se desarrolló desde el despacho del alcalde de Ilopango, departamento de San Salvador.
Según el testigo, la llamada telefónica fue posible por la mediación que hizo el alcalde Salvador Ruano, “de hecho, durante esa llamada se habló por primera vez del millón de dólares”.
Noé afirmó, que la llamada se realizó con el consentimiento del fallecido alcalde Ruano y que uno de los pandilleros que participó en la conversación fue identificado por su alías, el “Weekend”.
Posteriormente, “tuvimos otra reunión con Muyshondt y Ruano, para hablar de nuestra petición y fue en la tercera reunión donde llego Quijano y Angulo, donde ellos nos ofrecieron ese millón de dólares” señaló “Noé”.
Desde que se dio a conocer que cabecillas de pandillas se habrían reunido con algunos políticos de izquierda y derecha, el doctor Norman Quijano ha negado esa situación y únicamente Ernesto Muyshondt dijo que lo hizo por encargo de la cúpula del partido ARENA.
De igual forma se refirió, a que durante la “tregua” la pandilla había aprovechado para invertir el dinero en negocios lícitos, para hacer crecer las finanzas de la pandilla, debido a que sabían que en algún momento ese proceso de “pacificación” iba a fracasar.
En un programa nacional, Gustavo López Davidson, presidente del partido ARENA, acepto que hubo videos de reuniones de lideres de pandillas con Ernesto Muyshondt , donde se dice que se busco que las pandillas dejaran votaran a la población. «En ARENA fuimos extorsionados como todas la alcaldías, es un problema del país la extorsión, por ello buscamos apoyar el tema de seguridad de forma clara», explicó.
Al ser preguntado sobre su intento de reformar el protocolo de entendimiento, comento que ese esfuerzo fue real y afirma que aun puede lograrlo. López Davidson sospecha del PCN por una posible alianza con GANA, con base en las acciones administrativas que desde la asamblea se han tomado y que desde su punto de vista se traduce en un despilfarro de fondos. «Entendemos que hoy hay 2740 personas trabajando con los mismos 84 diputados, en eso no estamos de acuerdo con el mal gasto».
Finalmente y sobre su relación con el actual Presidente de la República, López Davidson sostiene que los partidos políticos son la base de democracia. «El Señor Presidente en su visión autoritaria, cree que reunirse con los partidos políticos no tiene beneficios para él. Que me reconoce o no me reconoce, eso no me preocupa, a mi me eligió mi partido, en momentos nada fáciles».
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
