Política
Bukele cedió un terreno valorado en $2. Mills. a $100 mil, 20 veces menos de su costo real, según investigación de EDH
Según una investigación realizada por El Diario de Hoy, el actual candidato a la presidencia por el partido GANA, Nayib Bukele, durante su gestión como edil de la comuna de San Salvador, entregó el área verde de la comunidad Nueva Esperanza para la construcción de uno de los mercados, denominado “Centro Comercial Municipal”, en la colonia Escalón.
El terreno fue otorgado a un precio de $100,000 en usufructo; sin embargo, un valúo realizado por su misma alcaldía reflejó que el inmueble tenía un valor de mercado de $1.974, 533, es decir, 20 veces menos a su valor real.
El contrato de fecha 12 de enero de 2017, firmado por Bukele, establece que la alcaldía entregó el inmueble en usufructo para 30 años a la recién creada empresa de capital guatemalteca, Nuevo Sistema de Mercados S.E.M. de C.V., nombre comercial que recibió Direct Security Systems, DSS, después de vender sus acciones.
Posteriormente, para que se pudieran realizar las operaciones del proyecto, se creó una sociedad de economía mixta (SEM) para que se construyeran tres mercados municipales, según lo establecen documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy.
Asimismo, el exalcalde comprometió además a su gestión y a la siguiente administración a entregar el usufructo de dos terrenos más para el mismo propósito en el parqueo del antiguo parque Hula Hula y en el predio de la Biblioteca Nacional, siendo este último aún propiedad del Ministerio de Educación, el cual está en negociación actualmente por medio de una permuta que debió realizar previo a la firma del contrato.
El 7 de junio de 2016 a petición de la misma comuna de Bukele se realizó el informe de los ingenieros de la firma valuadora “Valúos-Supervisión-Construcción”, en donde se describe la propiedad en la colonia Escalón como un terreno en buen estado, con acceso en calle pavimentada y con una extensión de 8,363.76 metros cuadrados, equivalentes a 11,966.37 varas cuadradas; además indica que posee factibilidad de conexión de servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y líneas telefónicas, entre otras.
A pesar de las bondades de la propiedad en la Escalón, Bukele y un grupo de concejales otorgaron el usufructo del terreno muy por debajo del valor del mercado, según tres expertos. Varias firmas de ingenieros valuadores de inmuebles consultados por El Diario de Hoy coinciden en que el valor de una vara cuadrada en la zona de la Escalón es de por lo menos $160 y hasta $350, estableciendo el valor mínimo del terreno en $1.974,533 y hasta en $4.188,229.
En el mismo contrato firmado por Nayib Bukele y el representante legal de la firma Nuevo Sistema de Mercados, Uwe Chiristian Martinz, también se estableció que la empresa “acepta” la entrega de la tradición del dominio.
Parte de la investigación que realizó El Diario de Hoy explica que, Martinz aparece como representante legal de la empresa Direct Security Systems (DSS), la cual se convirtió en socio estratégico de la alcaldía. Luego DSS cambió de nombre a Makensa, pero no se obtuvo el documento que certifique ese traspaso de acciones. Ahora el representante legal de Makensa es Enrique Sánchez, quien reside en Guatemala, pero con nacionalidad mexicana.
El Diario de Hoy señaló que hasta donde ha podido llegar no se encontró registro de algún documento en las instituciones correspondientes que certifiquen que la comuna presidida por Bukele tenía permisos del Ministerio del Medio Ambiente para construir un centro comercial en ese terreno de la colonia Escalón o para hacer el cambio de uso de suelo, requisitos establecidos en las ordenanzas municipales vigentes.
“Se solicitaron los documentos mediante la Oficina de Acceso a la Información Pública, pero no fueron entregados”, asegura EDH.
El medio impreso tampoco encontró registro de alguna consulta ciudadana, según confirmaron habitantes de la comunidad Nueva La Esperanza, quienes usan el área verde para recreación.
“Los residentes aseguran que viven en la zona desde hace más de 20 años y que el exalcade Norman Quijano les otorgó a una buena parte de vecinos las escrituras de los terrenos, aunque fue hasta la gestión de Bukele que se les entregaron los documentos de las viviendas”.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
