Política
Asamblea Legislativa aprueba con 76 votos Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 76 votos, la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia que crea toda una institucionalidad para garantizar los derechos de cada etapa de la vida humana en lo concerniente al crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación.
La Comisión de Familia del parlamento emitió el dictamen favorable a la norma el pasado lunes, luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión y debate donde tuvieron participación funcionarios del gobierno, jueces, representantes de oenegés y de organismos de cooperación internacional.
La #LeyCrecerJuntos fue aprobada por todos los partidos políticos en la @AsambleaSV (a excepción del FMLN).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2022
La protección y el desarrollo de las actuales y futuras generaciones será prioridad.
Orgulloso de mi esposa Gabriela por esta iniciativa. Esto será parte de su legado 🇸🇻 pic.twitter.com/nYKBr3v3jj
Suecy Callejas, presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, anunció que las sugerencias tomadas en cuenta representan aproximadamente el 21 % de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de decreto.
«La primera infancia, niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente y debemos trabajar por ellos. No podemos seguir perdiendo generaciones y negando la posibilidad de que crezcan en un Estado que garantiza sus derechos», expresó la diputada Callejas.
#SesiónPlenaria61✍🏻 La diputada @suecallejas lee el dictamen favorable de la #ComisiónFamilia para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos, a efecto de incorporar el artículo 163-A. pic.twitter.com/ybk98UvuWq
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La comisión de la familia, previo a la aprobación de la legislación, sostuvo ayer una última reunión de trabajo para realizar algunas mejoras en la redacción de algunos artículos de la futura normativa.
Los diputados de la mesa legislativa de trabajo también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos en la primera infancia, la niñez y adolescencia.
«En la Ley Crecer Juntos los plazos son más expeditos, rondan en las 24 y 72 horas, porque resuelven situaciones urgentes en la vida», de la primera infancia, niñez y adolescencia, dijo Callejas.
La legisladora recordó que en la Ley de Procedimientos Administrativos los plazos son más extensos, por lo que es necesario reformas en esa ley introduciendo un nuevo artículo que regule la materia de la primera infancia, niñez y adolescencia.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que «es imposible comprender el fenómeno de la violencia sin entender el abandono que nuestra niñez ha sufrido. Los gobiernos tuvieron la ocasión y el deber de garantizar sus derechos y darles una nueva oportunidad, pero no lo hicieron».
#SesiónPlenaria61✍️🏻 “Con la #LeyCrecerJuntos pasamos de la industria de la corrupción a la de la vida y oportunidades. Estamos evitando que los recursos se destinen a ONG como Las Mélidas. Garantizaremos que vayan a quienes trabajan por el país”, diputado @ChrisGuevaraG. pic.twitter.com/eyJNqaH7dQ
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La Ley Crecer Juntos por primera vez define qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral y establece además que los beneficiarios son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.
La legislación desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral como el derecho a la vida, la protección al nacer, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, derecho a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y derecho a la identidad.
Asimismo, el derecho a la identificación, el derecho a crecer y convivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, entre otros.
#SesiónPlenaria61✍️🏻 “Los niños son la razón de esta nueva ley que está por nacer. Ayer, hacíamos referencia a los logros en seguridad gracias al esfuerzo entre el Gobierno y esta Asamblea”, diputado presidente, @ECastroES. pic.twitter.com/w8jqguSXEX
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La legislación también toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, así como también obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.
La normativa también deroga de forma inmediata la ley de salas cuna y crea los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.
Las instituciones públicas, privada con más de 100 empleados deberán de instalar CAPI así como los 262 gobiernos municipales para lo cual deberán de contar con un tiempo que va desde los seis a los dieciocho meses.
La Ley Crecer Juntos también da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia dando con ello fortalecimiento al Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines.
Además, la legislación crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del nivel nacional con el local, así como define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas, medidas bajo el enfoque de la protección integral.
La normativa también crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin.
Asimismo, se establecen los procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia definiendo con claridad las atribuciones de las Juntas de Protección y Juzgados Especializados, logrando con ello la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.
El proyecto de ley fue impulsado por la primera dama de la República, Gabriel de Bukele, que en el pasado reciente ya impulsó la Ley Nacer con Cariño que da un trato digno a la mujer y a su hijo antes, durante y después del parto.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció el mes pasado el liderazgo de la primera dama de la República por el trabajo realizado en pro de la niñez salvadoreña, a través de normas como la Política Crecer Juntos y la Ley Nacer con Cariño.
La Comisión de La Familia del congreso, previo a la emisión del dictamen favorable, sometió a sendas consultas y debate el proyecto de legislación, el cual fue prioridad en las últimas semanas de trabajo.
La Ley Crecer Juntos fusiona el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el a Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), para crear el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La normativa también lleva a la creación del Instituto Crecer Juntos, que se enfocará solo en la atención de la primera infancia y su funcionamiento se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia, en el enfoque preventivo y en la ejecución de mecanismos previamente establecidos.
La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, más no así la derogación de la ley de salas cuna que comienza a tener efecto ocho días de la publicación de la Ley Crecer Juntos en el Diario Oficial.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
