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Política

Asamblea Legislativa aprueba con 76 votos Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

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La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 76 votos, la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia que crea toda una institucionalidad para garantizar los derechos de cada etapa de la vida humana en lo concerniente al crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación.

La Comisión de Familia del parlamento emitió el dictamen favorable a la norma el pasado lunes, luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión y debate donde tuvieron participación funcionarios del gobierno, jueces, representantes de oenegés y de organismos de cooperación internacional.

Suecy Callejas, presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, anunció que las sugerencias tomadas en cuenta representan aproximadamente el 21 % de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de decreto.

«La primera infancia, niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente y debemos trabajar por ellos. No podemos seguir perdiendo generaciones y negando la posibilidad de que crezcan en un Estado que garantiza sus derechos», expresó la diputada Callejas.

La comisión de la familia, previo a la aprobación de la legislación, sostuvo ayer una última reunión de trabajo para realizar algunas mejoras en la redacción de algunos artículos de la futura normativa.

Los diputados de la mesa legislativa de trabajo también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos en la primera infancia, la niñez y adolescencia.

«En la Ley Crecer Juntos los plazos son más expeditos, rondan en las 24 y 72 horas, porque resuelven situaciones urgentes en la vida», de la primera infancia, niñez y adolescencia, dijo Callejas.

La legisladora recordó que en la Ley de Procedimientos Administrativos los plazos son más extensos, por lo que es necesario reformas en esa ley introduciendo un nuevo artículo que regule la materia de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que «es imposible comprender el fenómeno de la violencia sin entender el abandono que nuestra niñez ha sufrido. Los gobiernos tuvieron la ocasión y el deber de garantizar sus derechos y darles una nueva oportunidad, pero no lo hicieron».

La Ley Crecer Juntos por primera vez define qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral y establece además que los beneficiarios son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.

La legislación desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral como el derecho a la vida, la protección al nacer, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, derecho a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y derecho a la identidad.

Asimismo, el derecho a la identificación, el derecho a crecer y convivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, entre otros.

La legislación también toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, así como también obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.

La normativa también deroga de forma inmediata la ley de salas cuna y crea los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.

Las instituciones públicas, privada con más de 100 empleados deberán de instalar CAPI así como los 262 gobiernos municipales para lo cual deberán de contar con un tiempo que va desde los seis a los dieciocho meses.

La Ley Crecer Juntos también da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia dando con ello fortalecimiento al Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines.

Además, la legislación crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del nivel nacional con el local, así como define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas, medidas bajo el enfoque de la protección integral.

La normativa también crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin.

Asimismo, se establecen los procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia definiendo con claridad las atribuciones de las Juntas de Protección y Juzgados Especializados, logrando con ello la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.

El proyecto de ley fue impulsado por la primera dama de la República, Gabriel de Bukele, que en el pasado reciente ya impulsó la Ley Nacer con Cariño que da un trato digno a la mujer y a su hijo antes, durante y después del parto.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció el mes pasado el liderazgo de la primera dama de la República por el trabajo realizado en pro de la niñez salvadoreña, a través de normas como la Política Crecer Juntos y la Ley Nacer con Cariño.

La Comisión de La Familia del congreso, previo a la emisión del dictamen favorable, sometió a sendas consultas y debate el proyecto de legislación, el cual fue prioridad en las últimas semanas de trabajo.

La Ley Crecer Juntos fusiona el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el a Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), para crear el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La normativa también lleva a la creación del Instituto Crecer Juntos, que se enfocará solo en la atención de la primera infancia y su funcionamiento se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia, en el enfoque preventivo y en la ejecución de mecanismos previamente establecidos.

La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, más no así la derogación de la ley de salas cuna que comienza a tener efecto ocho días de la publicación de la Ley Crecer Juntos en el Diario Oficial.

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Política

Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados

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El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.

Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .

Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.

La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.

Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .

En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .

Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .

La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.

La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.

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Nacionales

Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad

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Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.

“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.

Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.

Analista René Martínez

El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.

Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.

Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.

Analista Francisco Góchez

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Política

TSE anuncia que pronto revelará el calendario electoral para elecciones de 2027

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.

A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.

El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.

De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.

Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.

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