Política
Asamblea Legislativa aprueba con 76 votos Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 76 votos, la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia que crea toda una institucionalidad para garantizar los derechos de cada etapa de la vida humana en lo concerniente al crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación.
La Comisión de Familia del parlamento emitió el dictamen favorable a la norma el pasado lunes, luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión y debate donde tuvieron participación funcionarios del gobierno, jueces, representantes de oenegés y de organismos de cooperación internacional.
La #LeyCrecerJuntos fue aprobada por todos los partidos políticos en la @AsambleaSV (a excepción del FMLN).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2022
La protección y el desarrollo de las actuales y futuras generaciones será prioridad.
Orgulloso de mi esposa Gabriela por esta iniciativa. Esto será parte de su legado 🇸🇻 pic.twitter.com/nYKBr3v3jj
Suecy Callejas, presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, anunció que las sugerencias tomadas en cuenta representan aproximadamente el 21 % de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de decreto.
«La primera infancia, niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente y debemos trabajar por ellos. No podemos seguir perdiendo generaciones y negando la posibilidad de que crezcan en un Estado que garantiza sus derechos», expresó la diputada Callejas.
#SesiónPlenaria61✍🏻 La diputada @suecallejas lee el dictamen favorable de la #ComisiónFamilia para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos, a efecto de incorporar el artículo 163-A. pic.twitter.com/ybk98UvuWq
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La comisión de la familia, previo a la aprobación de la legislación, sostuvo ayer una última reunión de trabajo para realizar algunas mejoras en la redacción de algunos artículos de la futura normativa.
Los diputados de la mesa legislativa de trabajo también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos en la primera infancia, la niñez y adolescencia.
«En la Ley Crecer Juntos los plazos son más expeditos, rondan en las 24 y 72 horas, porque resuelven situaciones urgentes en la vida», de la primera infancia, niñez y adolescencia, dijo Callejas.
La legisladora recordó que en la Ley de Procedimientos Administrativos los plazos son más extensos, por lo que es necesario reformas en esa ley introduciendo un nuevo artículo que regule la materia de la primera infancia, niñez y adolescencia.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que «es imposible comprender el fenómeno de la violencia sin entender el abandono que nuestra niñez ha sufrido. Los gobiernos tuvieron la ocasión y el deber de garantizar sus derechos y darles una nueva oportunidad, pero no lo hicieron».
#SesiónPlenaria61✍️🏻 “Con la #LeyCrecerJuntos pasamos de la industria de la corrupción a la de la vida y oportunidades. Estamos evitando que los recursos se destinen a ONG como Las Mélidas. Garantizaremos que vayan a quienes trabajan por el país”, diputado @ChrisGuevaraG. pic.twitter.com/eyJNqaH7dQ
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La Ley Crecer Juntos por primera vez define qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral y establece además que los beneficiarios son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.
La legislación desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral como el derecho a la vida, la protección al nacer, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, derecho a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y derecho a la identidad.
Asimismo, el derecho a la identificación, el derecho a crecer y convivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, entre otros.
#SesiónPlenaria61✍️🏻 “Los niños son la razón de esta nueva ley que está por nacer. Ayer, hacíamos referencia a los logros en seguridad gracias al esfuerzo entre el Gobierno y esta Asamblea”, diputado presidente, @ECastroES. pic.twitter.com/w8jqguSXEX
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 23, 2022
La legislación también toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, así como también obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.
La normativa también deroga de forma inmediata la ley de salas cuna y crea los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.
Las instituciones públicas, privada con más de 100 empleados deberán de instalar CAPI así como los 262 gobiernos municipales para lo cual deberán de contar con un tiempo que va desde los seis a los dieciocho meses.
La Ley Crecer Juntos también da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia dando con ello fortalecimiento al Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines.
Además, la legislación crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del nivel nacional con el local, así como define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas, medidas bajo el enfoque de la protección integral.
La normativa también crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin.
Asimismo, se establecen los procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia definiendo con claridad las atribuciones de las Juntas de Protección y Juzgados Especializados, logrando con ello la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.
El proyecto de ley fue impulsado por la primera dama de la República, Gabriel de Bukele, que en el pasado reciente ya impulsó la Ley Nacer con Cariño que da un trato digno a la mujer y a su hijo antes, durante y después del parto.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció el mes pasado el liderazgo de la primera dama de la República por el trabajo realizado en pro de la niñez salvadoreña, a través de normas como la Política Crecer Juntos y la Ley Nacer con Cariño.
La Comisión de La Familia del congreso, previo a la emisión del dictamen favorable, sometió a sendas consultas y debate el proyecto de legislación, el cual fue prioridad en las últimas semanas de trabajo.
La Ley Crecer Juntos fusiona el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el a Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), para crear el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La normativa también lleva a la creación del Instituto Crecer Juntos, que se enfocará solo en la atención de la primera infancia y su funcionamiento se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia, en el enfoque preventivo y en la ejecución de mecanismos previamente establecidos.
La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, más no así la derogación de la ley de salas cuna que comienza a tener efecto ocho días de la publicación de la Ley Crecer Juntos en el Diario Oficial.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
