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Política

Asamblea Legislativa aprueba con 76 votos Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

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La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 76 votos, la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia que crea toda una institucionalidad para garantizar los derechos de cada etapa de la vida humana en lo concerniente al crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación.

La Comisión de Familia del parlamento emitió el dictamen favorable a la norma el pasado lunes, luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión y debate donde tuvieron participación funcionarios del gobierno, jueces, representantes de oenegés y de organismos de cooperación internacional.

Suecy Callejas, presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, anunció que las sugerencias tomadas en cuenta representan aproximadamente el 21 % de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de decreto.

«La primera infancia, niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente y debemos trabajar por ellos. No podemos seguir perdiendo generaciones y negando la posibilidad de que crezcan en un Estado que garantiza sus derechos», expresó la diputada Callejas.

La comisión de la familia, previo a la aprobación de la legislación, sostuvo ayer una última reunión de trabajo para realizar algunas mejoras en la redacción de algunos artículos de la futura normativa.

Los diputados de la mesa legislativa de trabajo también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos en la primera infancia, la niñez y adolescencia.

«En la Ley Crecer Juntos los plazos son más expeditos, rondan en las 24 y 72 horas, porque resuelven situaciones urgentes en la vida», de la primera infancia, niñez y adolescencia, dijo Callejas.

La legisladora recordó que en la Ley de Procedimientos Administrativos los plazos son más extensos, por lo que es necesario reformas en esa ley introduciendo un nuevo artículo que regule la materia de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que «es imposible comprender el fenómeno de la violencia sin entender el abandono que nuestra niñez ha sufrido. Los gobiernos tuvieron la ocasión y el deber de garantizar sus derechos y darles una nueva oportunidad, pero no lo hicieron».

La Ley Crecer Juntos por primera vez define qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral y establece además que los beneficiarios son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.

La legislación desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral como el derecho a la vida, la protección al nacer, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, derecho a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y derecho a la identidad.

Asimismo, el derecho a la identificación, el derecho a crecer y convivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, entre otros.

La legislación también toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, así como también obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.

La normativa también deroga de forma inmediata la ley de salas cuna y crea los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.

Las instituciones públicas, privada con más de 100 empleados deberán de instalar CAPI así como los 262 gobiernos municipales para lo cual deberán de contar con un tiempo que va desde los seis a los dieciocho meses.

La Ley Crecer Juntos también da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia dando con ello fortalecimiento al Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines.

Además, la legislación crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del nivel nacional con el local, así como define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas, medidas bajo el enfoque de la protección integral.

La normativa también crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin.

Asimismo, se establecen los procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia definiendo con claridad las atribuciones de las Juntas de Protección y Juzgados Especializados, logrando con ello la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.

El proyecto de ley fue impulsado por la primera dama de la República, Gabriel de Bukele, que en el pasado reciente ya impulsó la Ley Nacer con Cariño que da un trato digno a la mujer y a su hijo antes, durante y después del parto.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció el mes pasado el liderazgo de la primera dama de la República por el trabajo realizado en pro de la niñez salvadoreña, a través de normas como la Política Crecer Juntos y la Ley Nacer con Cariño.

La Comisión de La Familia del congreso, previo a la emisión del dictamen favorable, sometió a sendas consultas y debate el proyecto de legislación, el cual fue prioridad en las últimas semanas de trabajo.

La Ley Crecer Juntos fusiona el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el a Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), para crear el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La normativa también lleva a la creación del Instituto Crecer Juntos, que se enfocará solo en la atención de la primera infancia y su funcionamiento se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia, en el enfoque preventivo y en la ejecución de mecanismos previamente establecidos.

La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, más no así la derogación de la ley de salas cuna que comienza a tener efecto ocho días de la publicación de la Ley Crecer Juntos en el Diario Oficial.

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Nacionales

Aumento salarial en el Concejo Municipal de San Miguel Centro genera controversia

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Foto: Cortesía

El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.

El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.

El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.

En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.

La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.

La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.

El Presidente Nayib Bukele se refirió a los costos excesivos en los costos de licencias para negocios, en San Salvador. “Estas alzas deben revertirse de inmediato, y los cobros indebidos ya realizados deben ser reembolsados. De lo contrario, impulsaremos legislación para regular estos abusos a nivel nacional”, sentenció el mandatario.
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Política

Nuevas Ideas expulsa al alcalde de San Salvador Este, José María Chicas

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El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.

A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.

 

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Nacionales -deportes

Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones

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La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.

Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.

La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.

Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.

“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.

Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.

Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.

El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.

Organización Nacional Antidopaje de El Salvador

La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.

La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.

Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.

Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.

Violaciones de las normas antidopaje

Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.

También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.

Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.

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