Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habilitará centros de votación en la República Popular China, Japón y Australia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el organismo colegiado, dos de las sedes estarán ubicadas en las capitales de los países asiáticos y las otras dos en ciudades australianas. Los centros estarán en Beijing y Tokio, así como en Canberra y Melbourne.
«¡Centros de Votación en Asia y Oceanía para 2027! Dos sedes, ubicadas en: Canberra y Melbourne (Australia); Beijing, China; y en Tokio, Japón», detalló el TSE.
Con estas cuatro sedes, el tribunal completa las 92 previstas en 29 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Del total de sedes, el 53 % se concentrará en Estados Unidos, según informó el organismo electoral.
De esta manera, la diáspora salvadoreña podrá ejercer el voto de forma presencial el próximo 28 de febrero. El TSE recordó que en los centros de votación en el extranjero estará habilitado el voto electrónico presencial para salvadoreños cuya dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) se encuentre desactualizada.
Ante esto, la institución recordó a los salvadoreños residentes en el exterior que el plazo para actualizar la dirección del DUI vence el 29 de noviembre de 2026.
«¿Eres salvadoreño viviendo en el extranjero? Votar es más fácil si tienes tu dirección al día en el DUI. Si aún no lo has hecho actualízala antes del 29 de noviembre de 2026», puntualizó el tribunal.
Los salvadoreños podrán realizar este trámite en los consulados, durante las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y, en el caso de los ciudadanos residentes en Estados Unidos, mediante la aplicación dui.sv.
Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE, el voto por internet comenzará el 30 de enero de 2027 y podrá emitirse desde diferentes dispositivos electrónicos. El calendario oficial del TSE contempla las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Como parte de las actividades relacionadas con el voto en el exterior, el TSE informó que los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección legislativa anterior —Nuevas Ideas, ARENA y FMLN— tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus propuestas de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han intensificado las acciones contra las estructuras delictivas que durante años afectaron a El Salvador. Hasta el pasado 30 de agosto, se reportan 93,039 personas vinculadas a pandillas capturadas.
Como parte de estas operaciones, las autoridades también han incautado 5,548 armas de fuego, 12,227 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,458 celulares que contienen información considerada relevante sobre el accionar delictivo y que podría ser vinculada a procesos de investigación.
«Seguimos firmes, actuando para impedir que las estructuras criminales vuelvan a sembrar terror en nuestras comunidades», ha señalado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Solo entre el 1.° de enero y el 30 de agosto de este año, las autoridades han localizado a 2,195 personas vinculadas a pandillas.
Entre los últimos capturados se encuentra Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, señalado como homeboy con función de gatillero y miembro de la pandilla 18. Fue detenido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, González Medina cuenta con antecedentes vigentes desde 2022 por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Además, el funcionario indicó que el detenido ha intentado borrarse los tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece.
«Siempre fueron expertos en esconderse y montar sus bares, clubes y discotecas de fachada. Ustedes, uno a uno, y sus negocios, irán cayendo. Terroristas. Que les quede claro: todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado», advirtió Villatoro.
En materia de narcotráfico, las autoridades valoran en $1,736,249,885 el total de droga incautada durante la implementación de la medida constitucional.
El régimen de excepción fue solicitado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, luego del incremento de homicidios registrado entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. La medida fue implementada para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población.
A partir de estas disposiciones legales, las autoridades reforzaron las acciones para localizar a pandilleros mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. Asimismo, en varias zonas del país se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de ese partido, en el que se solicita su expulsión y se le notificó la suspensión de sus derechos como afiliada, incluido el derecho a participar en la elección interna y a ejercer como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ortiz cuestionó la actuación del Tribunal de Honor y señaló que este está integrado por dos personas. Según expuso en un comunicado, una de ellas tendría afinidad con la actual secretaria general, además de haber sido candidata de la planilla que actualmente compite contra la que ella lidera y posteriormente renunciar a esa candidatura. La otra persona, afirmó, es esposo de una candidata de esa misma planilla.
Ante estas circunstancias, Ortiz sostuvo que quienes tengan vínculos directos con personas que compiten contra la planilla que lidera no deberían decidir sobre su permanencia en el partido ni sobre sus derechos dentro de la elección interna. Por ello, exigió que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten del proceso y aseguró que no acepta la suspensión.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de su partido, en el que se solicita su expulsión y se suspenden sus derechos como afiliada.
La medida también le impediría participar en la elección interna y ejercer como… pic.twitter.com/QBellfj1vf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
La diputada afirmó que defenderá su derecho a competir y el derecho de los afiliados de VAMOS a decidir quiénes conducirán el partido. Asimismo, aseguró que su planilla continuará trabajando y haciendo campaña.
“Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, afirmó Ortiz. “Que voten los afiliados. Que decida la militancia. ¡Eso es democracia!”, expresó.
