Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
