Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
Política
El Salvador y México fortalecen cooperación ambiental y desarrollo territorial en reunión bilateral
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en cooperación y gobernanza ambiental.
Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el Plan Maestro del Trifinio, los corredores biológicos y el desarrollo territorial, valorando la posibilidad de impulsar intercambios que fortalezcan los procesos promovidos en la región. En este contexto, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en este espacio, destacando su importancia estratégica para la articulación entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, se refirió a la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejecutados en el país a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), enfocados en la agricultura sostenible y la capacitación laboral.
En el encuentro también se abordaron temas culturales y artísticos como elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. Además, se acordó la visita en mayo del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, en el marco de una misión técnica orientada a perfilar un posible convenio de cooperación con el Plan Trifinio, con énfasis en atención rural, gestión de áreas protegidas e intercambio de experiencias en el manejo de incendios forestales.
Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar identificando áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo, la integración regional y el bienestar de las comunidades.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) llevará a cabo sus elecciones internas entre junio y julio de este año, según informó su vicepresidente, Guillermo Gallegos.
De acuerdo con el dirigente, en este proceso se definirán las candidaturas a diputados y alcaldes con miras a los comicios de 2027. Asimismo, no descartó la posibilidad de que el partido participe en la elección presidencial.
Gallegos explicó que una eventual participación en la contienda presidencial también permitiría al instituto político aspirar a representación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme a los resultados obtenidos.
Además, indicó que el partido ha autorizado la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas, entre ellas Nuevas Ideas, Fuerza Solidaria, PCN y PDC, con algunas de las cuales ya existen acuerdos preliminares.
El vicepresidente del partido también señaló que, por el momento, no buscará competir por cargos de elección popular, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar la suscripción de un préstamo destinado a financiar la instalación de iluminación con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial nacional.
Según el documento remitido por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se trata de un convenio de préstamo en especie con una empresa contratista por un monto de hasta $23,785,985.87, que cubrirá el 90 % del proyecto denominado “Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial”.
La inversión total del proyecto asciende a $26,428,873.19, por lo que el Gobierno deberá aportar el 10 % restante, equivalente a $2,642,887.32.
Los tramos beneficiados incluyen los ubicados en Sacacoyo-Acajutla, el periférico Claudia Lars, la carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y la carretera de Oro (Apopa–San Martín), entre otros puntos a escala nacional.
El objetivo principal es “continuar mejorando las condiciones de seguridad vial en la red de carreteras, a través de la iluminación de diversos tramos de carretera a escala nacional, con tecnologías innovadoras, contribuyendo a la disminución de accidentes viales”.
La gestión de estos recursos fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con base en la autorización de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2022 y publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de ese año.
La solicitud del Ejecutivo será estudiada por la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
