Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
