Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
Los salvadoreños elegirán a 460 funcionarios municipales en las elecciones del 28 de febrero de 2027, quienes integrarán los 44 concejos municipales del país durante un período de tres años.
Los datos sobre la conformación de los concejos municipales fueron proporcionados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
Durante el evento de convocatoria oficial a elecciones, Soriano informó que el período de inscripción de candidaturas para los concejos municipales iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026.
«Para las candidaturas a concejos municipales, el período de inscripción iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026», anunció la funcionaria.
De los 10 partidos políticos que participarán en la contienda electoral de 2027, todos han manifestado que inscribirán candidatos para los concejos municipales.
El Vicepresidente de la República, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT) Félix Ulloa, participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay. Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
El Vicepresidente Ulloa habló sobre la experiencia del Plan Trifinio, instancia integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras, que promueve una visión compartida para la gestión de los recursos naturales y, particularmente, del agua, reconociendo que las cuencas, ríos y acuíferos trascienden las fronteras nacionales y requieren mecanismos conjuntos de planificación, coordinación y gobernanza.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT), participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay.
Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Asimismo, agradeció a las autoridades y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el acompañamiento brindado a El Salvador y, particularmente, por el respaldo a diferentes iniciativas impulsadas desde la CTPT, destacando la importancia de la cooperación multilateral para fortalecer la resiliencia hídrica, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades.
Entre 2020 y 2026, la Región Trifinio consolidó una agenda de seguridad hídrica que comprende:
- 82 sistemas de cosecha de agua, captación o almacenamiento, 52 sistemas de cosecha de agua para producción agrícola y 7 reservorios para riego productivo.
- Soluciones para captación de agua de techos, destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y de piscicultura.
- Tratamiento, reutilización y manejo eficiente del agua en 647 hectáreas de producción cafetalera, beneficiando a 2,810 personas y alcanzando reducciones de hasta 75 % en el consumo de agua.
- Formación y asistencia técnica para la protección de fuentes.
- Cooperación por US$6 millones para la gestión de acuíferos y subcuencas transfronterizas.
Finalmente, el Vicemandatario se refirió a la estrategia impulsada por El Salvador para movilizar recursos hacia la conservación ambiental, destacando la conversión de deuda concretada en octubre de 2024 por US$1,031 millones, cuyos ahorros, superiores a US$352 millones, están destinados al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, administrado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y Catholic Relief Services (CRS), a través del programa “Somos Río Lempa”.
La participación de El Salvador en este encuentro reafirmó el compromiso de continuar promoviendo una gestión integral del recurso hídrico, impulsando las alianzas regionales y multilaterales para avanzar hacia territorios más resilientes y garantizar la disponibilidad y protección del agua para las próximas generaciones. En la sesión participó el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina.
Política
El Salvador pone a Grok en las aulas y busca socios en Uruguay para escalar su apuesta por la inteligencia artificial
El vicepresidente Félix Ulloa aterrizó en Montevideo con un mensaje claro: El Salvador no quiere quedarse en los discursos sobre inteligencia artificial y ya está metiendo herramientas concretas en sectores sensibles como la educación y la salud. Durante una visita al Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Vidart, Ulloa detalló cómo el país está incorporando tecnologías de xAI, incluida Grok, en procesos de tutoría, aprendizaje y evaluación educativa, al tiempo que exploró posibles puentes de cooperación con Uruguay.
La conversación no se limitó a presentaciones protocolares. El mandatario salvadoreño expuso avances como DoctorSV en el ámbito de la salud y la integración de sistemas de tutoría impulsados por IA en educación. También recordó el andamiaje institucional que el gobierno ha impulsado, entre ellos la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), creada para regular, promover y orientar el uso ético de estas herramientas y de la robótica.
Del lado uruguayo, el director ejecutivo del Instituto Vidart, Diego Garagorry, y el director científico Matías Di Martino presentaron el trabajo que desarrollan en investigación, gobernanza de datos y desarrollo de software aplicado a sectores productivos y educativos. Entre las referencias estuvo Ceibal, el programa estatal uruguayo de innovación educativa con tecnologías digitales, además de iniciativas de acompañamiento y tutoría tecnológica que articulan universidades, empresas e instituciones públicas.
La reunión sirvió para identificar puntos de contacto concretos: formación de talento, intercambio de experiencias en gobernanza de datos y posibles proyectos conjuntos en transformación digital. Ambos lados coincidieron en que la IA solo tiene sentido si se traduce en soluciones para problemas reales de educación, salud, economía y seguridad, y no queda reducida a laboratorios o anuncios.
También participó la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno. El encuentro no derivó en acuerdos firmados de inmediato, pero dejó abierta la puerta a una colaboración más técnica entre dos países que, con ritmos distintos, están tratando de posicionarse en el mapa regional de la inteligencia artificial.
Para El Salvador, la visita forma parte de un esfuerzo más amplio por mostrar que su apuesta digital va más allá de las criptomonedas y el bitcoin. Uruguay, con una trayectoria más consolidada en gobierno digital y educación tecnológica, aparece como un interlocutor natural para contrastar modelos y, eventualmente, compartir herramientas. Si la cooperación avanza, el siguiente paso será ver si las experiencias piloto —incluida la de Grok en las aulas— logran escalar sin quedar atrapadas en la retórica.
