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Política

Asamblea aprueba Ley General de Recursos Hídricos

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Con 65 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos que garantizará, por primera vez en la historia del país, la no privatización del líquido, el agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso.

“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez.

La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos, entre ellos, el 1, 63, 64, 69, 133, 139 que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.

Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.   

Esta ley, como nunca antes se había hecho, fue ampliamente consultada con los sectores que representan a todo el país, defienden los intereses de las mayorías y abogan por la buena administración del vital líquido.

Durante amplias sesiones de trabajo, los diputados hicieron un análisis exhaustivo de la normativa y recibieron los aportes de la academia, entidades privadas, iglesias, sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones de mujeres, juntas de agua e instituciones de Gobierno.

Estos sectores no solo fueron escuchados, sino que, además, sus aportes fueron incorporados a la propuesta base enviada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. De las sugerencias lresentadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fueron incluidos 21 puntos.

“El tema del agua siempre fue visto como una oportunidad para cometer actos de corrupción, ha beneficiado a unos cuantos que vieron en el recurso hídrico una oportunidad de negocio. Hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad civil que se nos acercaron, hemos estructurado cada artículo de forma transparente”, aseveró la legisladora Martínez.

La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.

La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).

La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).

También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de el Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.

Por otra parte, la ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.

La Ley General de Recursos Hídricos fue enviada a la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele, el pasado 18 de junio. Inmediatamente fue conformada la Comisión Ad hoc a cargo del tema, que conoció el proyecto e inició su estudio el 1 de julio.

Pasadas legislaturas impidieron durante 15 años que salvadoreños tuvieran acceso al agua

96 proyectos de ley y 42 reformas fueron discutidas por anteriores legislaturas sin dar un resultado a favor de las comunidades excluidas del desarrollo debido a la vieja forma de gobernar, viciada por la corrupción.

Desde el año 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo.

“Ellos (anteriores asambleas) tenían un modelo de privatización pasiva unido con un modelo de corrupción a gran escala. Querían que los salvadoreños dijeran que no sirve el sistema público, que se necesitaba de un privado, eso fue lo que construyeron durante 15 años”, afirmó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

En el pasado, nunca se discutió este tema con los sectores del país; sí se recibían sus iniciativas, pero sus aportes nunca fueron abordados, ni incorporados en una propuesta real.

“El negocio de ellos era que nunca hubiera ley de agua, no fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente y nos ha costado millones en recurso hídrico desperdiciado”, añadió.

En la legislatura de 2012 a 2015 se discutieron y aprobaron 92 artículos, de 2015 a 2018 se realizaron cinco talleres de trabajo y se aprobaron apenas cinco artículos; y de 2018 a 2021 se acordó conformar un equipo técnico de trabajo y se aprobaron 111 artículos.

Sin embargo, hasta hoy, nunca se hizo justicia para aquellos hogares sin acceso al agua potable y saneamiento. Los lugares con mayores carencias han tenido que pagar camiones cisterna para abastecerse, o caminar largos trayectos para recoger el vital líquido en ríos.

El sello de la ANDA del pasado fue la corrupción

$30 millones de dólares fueron robados por el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, del partido ARENA.

Los proyectos que se construirían con estos fondos eran un reservorio de agua en Nejapa y Río Lempa II, que implicaba edificar una estación para recoger agua de este cuerpo de agua y bombearla hacia San Salvador. La no ejecución de estos proyectos afectó a 1.5 millones de salvadoreños.

En 2001 se utilizaron recursos públicos de ANDA para construir un pozo en la casa del diputado del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien fue recientemente desaforado por la Asamblea debido a negociaciones con pandillas.

Entre otros casos, se malversaron $16 millones en los gobiernos del FMLN, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serían supuestamente utilizados en el mejoramiento de la planta potabilizadora Las Pavas, algo que nunca se hizo.

Por el contrario, la falta de mantenimiento en la planta provocó casi el colapso del suministro de agua en la zona metropolitana de San Salvador. Estos hechos también ocurrieron durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores.

Además, la administración del FMLN entregó la ANDA al Gobierno del Presidente Bukele con un déficit de $19 millones derivado de la gestión de Marco Fortín, más una deuda de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los $40 millones.

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Política

Según DataPoll: 94 % de los salvadoreños respaldan al Presidente Bukele

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El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.

El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.

«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.

El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».

«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.

Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.

En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.

Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.

Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.

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Política

Comisión avala prórroga de placas hasta agosto de 2027

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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.

Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.

Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.

Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.

«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.

El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.

Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.

«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.

El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.

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Política

Nayib Bukele: «Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra»

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó este domingo cualquier confrontación militar con Honduras por la disputa territorial sobre la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele calificó el islote como “una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, respondiendo así al reciente acto encabezado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien visitó el territorio para conmemorar el 57 aniversario de la Guerra del Fútbol de 1969.
Bukele enfatizó la hermandad entre ambos pueblos centroamericanos y separó claramente el tema territorial del combate al narcotráfico. “Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos”, escribió. La declaración busca desescalar tensiones tras la izada de la bandera hondureña en el islote, reclamado históricamente por El Salvador.
El mensaje de Bukele acompañó un video de una ciudadana hondureña que, ante la falta de cupos quirúrgicos en su país, fue atendida de emergencia en el recién inaugurado Hospital Nacional Rosales de El Salvador. La paciente recibió una cirugía láser sin costo alguno y agradeció públicamente al mandatario salvadoreño por priorizar la salud. Este ejemplo ilustra la cooperación bilateral más allá de las diferencias limítrofes.
La Isla Conejo ha sido motivo de controversia durante décadas entre ambos países, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 que delimitó fronteras terrestres y marítimas en la región. Honduras ejerce control efectivo sobre el islote desde los años 80, mientras El Salvador mantiene su reclamo de soberanía. El acto de Asfura revivió memorias de la breve pero sangrienta guerra de 1969, que dejó miles de muertos y tensiones que aún persisten en la memoria colectiva.
Analistas ven en la respuesta de Bukele un tono pragmático que prioriza la estabilidad regional y el combate al crimen organizado en una zona estratégica del Pacífico. Mientras las relaciones diplomáticas se mantienen, el enfoque en temas comunes como la salud y la seguridad podría abrir vías para un diálogo constructivo entre Tegucigalpa y San Salvador, en un contexto de integración centroamericana.

El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso

El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.

Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.

Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

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