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Política

Asamblea aprueba Ley General de Recursos Hídricos

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Con 65 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos que garantizará, por primera vez en la historia del país, la no privatización del líquido, el agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso.

“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez.

La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos, entre ellos, el 1, 63, 64, 69, 133, 139 que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.

Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.   

Esta ley, como nunca antes se había hecho, fue ampliamente consultada con los sectores que representan a todo el país, defienden los intereses de las mayorías y abogan por la buena administración del vital líquido.

Durante amplias sesiones de trabajo, los diputados hicieron un análisis exhaustivo de la normativa y recibieron los aportes de la academia, entidades privadas, iglesias, sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones de mujeres, juntas de agua e instituciones de Gobierno.

Estos sectores no solo fueron escuchados, sino que, además, sus aportes fueron incorporados a la propuesta base enviada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. De las sugerencias lresentadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fueron incluidos 21 puntos.

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“El tema del agua siempre fue visto como una oportunidad para cometer actos de corrupción, ha beneficiado a unos cuantos que vieron en el recurso hídrico una oportunidad de negocio. Hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad civil que se nos acercaron, hemos estructurado cada artículo de forma transparente”, aseveró la legisladora Martínez.

La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.

La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).

La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).

También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de el Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.

Por otra parte, la ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.

La Ley General de Recursos Hídricos fue enviada a la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele, el pasado 18 de junio. Inmediatamente fue conformada la Comisión Ad hoc a cargo del tema, que conoció el proyecto e inició su estudio el 1 de julio.

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Pasadas legislaturas impidieron durante 15 años que salvadoreños tuvieran acceso al agua

96 proyectos de ley y 42 reformas fueron discutidas por anteriores legislaturas sin dar un resultado a favor de las comunidades excluidas del desarrollo debido a la vieja forma de gobernar, viciada por la corrupción.

Desde el año 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo.

“Ellos (anteriores asambleas) tenían un modelo de privatización pasiva unido con un modelo de corrupción a gran escala. Querían que los salvadoreños dijeran que no sirve el sistema público, que se necesitaba de un privado, eso fue lo que construyeron durante 15 años”, afirmó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

En el pasado, nunca se discutió este tema con los sectores del país; sí se recibían sus iniciativas, pero sus aportes nunca fueron abordados, ni incorporados en una propuesta real.

“El negocio de ellos era que nunca hubiera ley de agua, no fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente y nos ha costado millones en recurso hídrico desperdiciado”, añadió.

En la legislatura de 2012 a 2015 se discutieron y aprobaron 92 artículos, de 2015 a 2018 se realizaron cinco talleres de trabajo y se aprobaron apenas cinco artículos; y de 2018 a 2021 se acordó conformar un equipo técnico de trabajo y se aprobaron 111 artículos.

Sin embargo, hasta hoy, nunca se hizo justicia para aquellos hogares sin acceso al agua potable y saneamiento. Los lugares con mayores carencias han tenido que pagar camiones cisterna para abastecerse, o caminar largos trayectos para recoger el vital líquido en ríos.

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El sello de la ANDA del pasado fue la corrupción

$30 millones de dólares fueron robados por el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, del partido ARENA.

Los proyectos que se construirían con estos fondos eran un reservorio de agua en Nejapa y Río Lempa II, que implicaba edificar una estación para recoger agua de este cuerpo de agua y bombearla hacia San Salvador. La no ejecución de estos proyectos afectó a 1.5 millones de salvadoreños.

En 2001 se utilizaron recursos públicos de ANDA para construir un pozo en la casa del diputado del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien fue recientemente desaforado por la Asamblea debido a negociaciones con pandillas.

Entre otros casos, se malversaron $16 millones en los gobiernos del FMLN, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serían supuestamente utilizados en el mejoramiento de la planta potabilizadora Las Pavas, algo que nunca se hizo.

Por el contrario, la falta de mantenimiento en la planta provocó casi el colapso del suministro de agua en la zona metropolitana de San Salvador. Estos hechos también ocurrieron durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores.

Además, la administración del FMLN entregó la ANDA al Gobierno del Presidente Bukele con un déficit de $19 millones derivado de la gestión de Marco Fortín, más una deuda de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los $40 millones.

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Política

Asamblea Legislativa ratifica cinco convenios de la OIT claves en favor de trabajadores salvadoreños

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La Asamblea Legislativa ratificó durante la sesión plenaria del lunes cinco importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son claves para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores salvadoreños.

Las iniciativas de ley para la ratificación fueron enviadas a inicios del mes por el presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Trabajo, y los dictámenes favorables provinieron de las comisiones de trabajo y relaciones exteriores de la Asamblea.

El primer convenio ratificado fue el 154 sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, el cual fue suscrito por el Estado desde 1983. El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua criticó que los Gobiernos y legislaturas anteriores -con mayoría de diputados de ARENA y el FMLN- no se interesaron por ratificar el instrumento.

La diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de relaciones exteriores, Ana Figueroa explicó que el convenio es «un aporte esencial para fomentar las buenas relaciones laborales» y que la negociación colectiva «deberá extenderse a todos los trabajadores».

La Asamblea también ratificó el Convenio 102, concerniente a la Norma Mínima de Seguridad Socia que garantiza la asistencia médica, prestaciones de desempleo, vejez e invalidez. Con la ratificación del Convenio 148 se garantizará la Protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

Los últimos dos instrumentos ratificados fueron el 183 y el 190, relativo a la Protección de la Maternidad y la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, respectivamente.

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El 72 % de los salvadoreños aprueba el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa, según encuesta de La Prensa Gráfica

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El 72 % de los salvadoreños aprueba el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa, así lo confirmó una encuesta publicada por el periódico La Prensa Gráfica.

El presidente de la Asamblea, diputado Ernesto Castro, destacó que se trata de datos «contundentes», ya que, con anterioridad, el Órgano Legislativo era uno de los peores evaluados, según explicó.

«Un dato histórico. Contundente. Las anteriores Asambleas siempre fueron las instituciones con el peor índice de aprobación. Los salvadoreños siempre detestaron a las anteriores legislaturas», dijo Castro.

Ante esto, y viniendo de un medio que ha que «lleva más de un año atacándonos (a la nueva Asamblea», Castro compartió algunas conclusiones.

En primero lugar, aseguró que como Bancada Cian «van por el camino correcto y que la población lo tiene claro».

Y, en segundo lugar, aseguró que «las voces de oposición y las que sobreviven del sistema moribundo no han podido influir en nada».

Por: DES.

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Asamblea Legislativa aprueba Ley de compensación para retiro de policías

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La noche de este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó, con 75 votos a favor, la Ley de Compensación para retiro de policías.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en compañía del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y representantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Esta ley tiene como objetivo de proteger el bienestar de los policías que por su edad están próximos a retirarse de su labor, y «lograr que nuestros héroes que vistieron con su uniforme por más de 20 años puedan tener una compensación económica para que se puedan retirar dignamente de la institución», indicó Gustavo Villatoro.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que este es un día histórico para los agentes policiales, ya que el proyecto de ley dignificará el trabajo que han desempeñado durante años los elementos de la institución.

«Ningún gobierno nos había apoyado y lo digo con justo conocimiento y por haberlo vivido en carne propia», dijo.

«Ningún gobierno nos había apoyado y lo digo con justo conocimiento y por haberlo vivido en carne propia», dijo.

Por otro lado, Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas y  presidente de la Asamblea Legislativa, reafirmó que la nueva legislatura apoyará la medida con el propósito de reconocer el trabajo que realizan los policías a favor de la seguridad de los salvadoreños e informó que esta misma tarde, en la sesión plenaria número 55, solicitarán modificación de agenda para incorporar el anteproyecto de ley con dispensa de trámites.

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Asimismo, resaltó que la ley ayudará a renovar a la PNC y darle la oportunidad a más jóvenes a integrarse a las labores policiales.

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