Política
ARENA y el FMLN mantienen en el limbo ratificación de $250 millones
Luego de que el jueves y el viernes tanto ARENA como el FMLN cambiaran de postura sobre la ratificación del crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos partidos han demostrado que existen profundas diferencias en la manera de como juegan su rol opositor y que no entienden la gravedad de la crisis de COVID-19 que vive el país, ya sea porque piensan en clave electoral o juegan a desgastar al Gobierno, aunque haya miles de vidas de por medio.
ARENA, por ejemplo, mantiene como “punto de honor” $5 millones para San Salvador, obviando que el FODES es el mecanismo legal para hacer transferencias monetarias a los municipios y apoyar su desarrollo, mientras que el FMLN recalca en $24 millones para los veteranos de guerra, un tema para donde ya hay partida presupuestaria y asignación, obviando la situación sanitaria del país y la importancia de acuerdos para favorecer esta lucha.
Hay que recordar que la votación se ha entrampado porque se necesita mayoría calificada (56 votos), por lo que es necesaria la votación de las dos fuerzas de oposición, que durante el primer año de gestión del Presidente Nayib Bukele nunca han mostrado signos de gobernabilidad, ya que siguen lineamientos desfasados de cúpulas y de sectores políticos y económicos que luchan por no desaparecer en las elecciones de 2021.
Los $250 millones que fueron negociados por el órgano Ejecutivo entre marzo y abril son parte de un conjunto de paquetes de financiamiento con organismos multilaterales para responder a la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 y así lograr el equilibrio de las finanzas públicas.
Hoy a las 2:00 p.m. se espera una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa donde, según fuentes legislativas, la discusión se enfrascará en asignaciones específicas que quiere hacer el FMLN, recortando $55 millones de planillas para las micro, pequeñas y medianas empresa (Mipymes) y asignándolas a veteranos, más otras negociaciones específicas.
Hay que recordar que la Asamblea tiene muchas deudas con la población, sobre todo la aprobación de un Régimen de Excepción que permita hacer una cuarentena estricta de 15 dias para reducir la curva de contagio de COVID-19, que está en todo el país, según los indicadores epidemiológicos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
