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Judicial

Juzgado Ambiental de Santa Ana realiza inspección en Río Ostúa por denuncia

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El Juzgado Ambiental con sede en Santa Ana,  recibió una denuncia el pasado 26 de noviembre interpuesta por el señor Wilber Armando Figueroa Sandoval en su calidad de dueño de una propiedad que linda con el Río Ostúa que está intermedio entre El Salvador y Guatemala, considerando que existen daños al medio ambiente con la hacienda propiedad de Figueroa de nombre La Portada con otra hacienda El Platanal que linda con Guatemala.

Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Metapán decidió realizar una obra de paso (un puente) lo cual aduce dicha municipalidad que lo realizó en vista de una solicitud realizada por una Adesco de la población de Metapán. Dicha obra beneficiaría a un grupo de trabajadores de la ciudad calera que van a laborar a dicha finca ya en la República de Guatemala en el rubro del cultivo de melones.

La población del lugar al realizar la primera inspección se acercaron a las autoridades  para explicar que ellos tienen trabajo seguro por siete meses en dicha finca y que es una de las fuentes de trabajo  que año con año tiene esa comunidad ya que por la ausencia de trabajo ellos logran esos siete meses tener un salario fijo y así hacer un ahorro para los meses que no realizan dicha actividad. Sin embargo, el propietario de La Portada quien han conformado una fundación y que entre unos de sus rubros está la protección al medio ambiente aduce que cuando se realizó esa obra se desvió el cauce del río y en las épocas de invierto provoca un rebalse para el lado de El Salvador.

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Esta ha sido la segunda inspección realizada en dicho lugar ya que anteriormente se tuvo otra denuncia  por una contaminación en el río.

La denuncia actual se recibió porque hay una propiedad afectada en territorio salvadoreño. Al llegar a Metapán los técnicos de la Alcaldía informaron que la obra de paso no está en este país sino que está realizada en territorio guatemalteco y fue realizada en  base a un recalculeo de la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro donde dice que la línea fronteriza ya no está a mitad del río,  porque antiguamente era considerado que a la mitad de los ríos era la división entre ambas repúblicas.

En base al recalculeo realizado el cual dice que está  más atrás la línea fronteriza se suspendió la audiencia y se reprogramó para ser realizada el lunes de esta semana con la participación de todos los actores locales involucrados como son la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro, la Alcaldía de Metapán, la Fiscalía General de la República, la Policía de Medio Ambiente, Soberanía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y los afectados quienes decidieron convocar también a los señores de Aduanas por la razón que ahí se ha realizado un punto ciego de paso.

Para la juzgadora  no es de su competencia si existe o no un punto ciego. A ella le corresponde determinar el daño ambiental. Si el daño ambiental efectivamente se da por esta obra de paso y como ellos lo argumentan viene de la República vecina y como jueza no podría hacer nada más que dar los informes a las instituciones respectivas para lo cual ella ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente haga un estudio de esas circunstancias denunciadas por dicha obra que ha desviado el cauce del río y está haciendo afectaciones.  Las obras que se pueden hacer aquí en el país para evitar esas circunstancias las podría resolver la señoría pero si fuese necesaria una demolición del puente ya no es de su jurisdicción al no ser vista como objeto de imposición de una medida cautelar y si está en el país vecino ya no se tiene competencia.

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La jueza encomendó a la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del CNR que realice un levantamiento topográfico en base a los antecedentes históricos y que ellos determinen hasta donde llega la línea fronteriza de El Salvador. Ellos argumentan que eso no tendrá validez para Guatemala pero si lo tendrá para este país y eso le permitirá a la señoría tener el marco de actuación para dicho juzgado.

En este caso, es evidente que hay un daño pero lo que mantiene en suspenso es determinar hasta donde la jueza puede actuar y en base a dicha investigación se podrá ver esta problemática denunciada,  ayudando a que se activen todas las instituciones inmersas en la protección del medio ambiente y evitar que a raíz de esas circunstancias se ha visto una actuación con falta de orientación para la municipalidad metapaneca en qué  trámites realizar y qué tener a la mano antes de hacer una obra como la que ya fue realizada. Al mismo tiempo les servirá de sustento por estar en una zona fronteriza para conocer hasta donde llega su jurisdicción territorial para acceder a las peticiones de su misma comunidad.

Este caso es importante porque ayudará a determinar estas afectaciones al medio ambiente en este caso al recurso hídrico como es el del Río Ostúa y permitirá tener a las demás instituciones con un margen de actuación para poder abordar esta problemática ya que no solo se da en ríos sino en muchas partes del territorio nacional y es importante no solo contar históricamente hasta donde llega la línea fronteriza sino documentalmente para tener el bien claro y específico en el marco de actuación. Se les dio 25 días hábiles y se espera próximo de la semana santa ya tener una respuesta antes del invierno que es donde se sufre más por estos impactos que los denunciantes han hecho del conocimiento de dicha sede judicial.

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Judicial

Instalan juicio contra Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero

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Hoy se instaló el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas entre el 2012 y 2014, en la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en Chalatenango, aceptando como dádiva una avioneta.

El ente fiscal cuenta con más de 230 documentos, 34 testigos y prueba pericial, los cuales serán aportados como prueba contra el exmandatario, a quien se le imputa el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, por lo que se pedirá la pena máxima.

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Judicial

FGR pretende que exfuncionario de la presidencia, José Cáceres, reintegre al Estado $3,892.095.46 dólares

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La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar por un monto total de $3,892,095.46 dólares.

El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes entre el año 2009 y el 2014. A Cáceres se le reclama un monto de $3,541.407.87, por 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo y por medio de cheques en cuentas de ahorro, por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.

La demanda también incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le señalan 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85 dólares.

Y a su hija, Mariana Cáceres Flores se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74 dólares.

El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

La documentación de la demanda está conformada por 32 piezas que contiene información patrimonial de los demandados.

El proceso civil tiene como base un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en el año 2024, un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.

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Judicial

FGR pide agrupar en un solo expediente a 1,128 pandilleros de la MS

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En los Tribunales Primero y Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó una nueva solicitud para agrupar en un solo expediente a 1,128 terroristas de la Mara Salvatrucha de seis clicas que por décadas habían estado extorsionando y asesinando en varias localidades del departamento de La Libertad.

Se trata de las clicas Porteños Locos Salvatruchos, con 106 pandilleros, Kaskajeras Locos Salvatruchos, que incluye a 126 de sus miembros, 94 mareros de la clica Villa Madrid Locos Salvatruchos, de la Cinco Cedros Locos Salvatruchos son 318, de la Quezaltecos Locos Salvatruchos, 323 y de la Zaragoza Locos Salvatruchos, la Fiscalía agregó a 161.

Todos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 y que ha permitido a las fuerzas de seguridad capturar a más de 80,000 pandilleros y colaboradores.

Los 1,128 agrupados en un solo proceso ante los dos tribunales son acusados de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y de guerra, casos especiales de lavado de dinero y posesión y tenencia.

El ministerio público informó que entre los acusados hay pandilleros de diferentes rangos dentro de la estructura, incluyendo corredores de clica y de programa.

A los miembros de pandilla con el rango de homeboy de ser encontrados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, la reformada Ley contra el Crimen Organizado ordena que se les debe imponer 30 años de cárcel y a los corredores de clica y programas, por ser cabecillas, la normativa establece que pueden ser condenados hasta con 60 años de prisión.

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El 26 de julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo.

Para procesar en grupo a los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción.

Las medidas buscan agilizar los miles de expedientes que comenzaron a ser presentados en los tribunales la segunda semana de abril de 2022. Al aprobarse la reforma quedó establecido que los procesos deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses, y que los detenidos en el marco del régimen de excepción deben ser agrupados según sus clicas (estructuras) y canchas (lugares donde delinquían).

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