Judicial
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
La Cámara Especializada confirmó la detención provisional, emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción C contra Edwin Enrique Hernández Varela, procesado por agrupaciones ilícitas, trata de personas y falsedad ideológica.
La base de la apelación, presentada por su abogado defensor, fue que la Ley de Trata de Personas no había entrado en vigencia cuando se capturó al referido abogado; sin embargo, la citada instancia sostuvo que efectivamente ya estaba en vigencia, por lo tanto se confirmó la actual detención provisional. El período para que la instrucción termine será hasta el 27 de mayo del presente año. En esa fecha la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar su dictamen de acusación. Actualmente Hernández Varela se encuentra en el penal de Metapán, Santa Ana.
En su momento el Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió imponerle detención provisional a la imputada, Edith Emelda Ramírez, acusada por trata de personas agravada, agrupaciones ilícitas, suplantación y alteración del estado familiar, falsedad ideológica y tenencia ilegal de armas de fuego; además, además, le decretó medidas alternativas a los procesados Juan Abilio Guerra Melgar y Arturo Armando Minero Sandoval, quienes siguen sometidos al proceso y cumplen las restricciones.
La jueza interina valoró, el 28 de noviembre del año pasado, los indicios presentados por la FGR, mientras que la defensa del doctor Minero Sandoval y Guerra Melgar entregaron los arraigos familiares y laborales en regla de Ley, además, que el delito permite que en estos casos se pueda procesar a los incoados en libertad. Sin embargo, en el caso de Hernández Varela, abogado de profesión, y Ramírez, de 75 años de edad, deberán afrontar la justicia desde un centro penal. El ente investigador del Estado solicitó 24 semanas (seis meses) para profundizar en las indagaciones, las cuales fueron concedidas por la administradora de justicia. Esto alcanza también a los que quedaron bajo medidas.
Las otras medidas son presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, cancelar una caución económica de $ 3 mil, no salir del país, presentar antecedentes penales y judiciales para así poder recuperar la libertad y someterse a la justicia.
Según la solicitud de imposición de medidas, presentada el pasado domingo, se refiere a que hay siete hechos en los que se involucraba a los ya referidos, junto con Esmeralda Aravel Flores Acosta, José Nelson Acosta, Franklin Bladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, María Cristina Flores de Cruz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia A y que actualmente guardan detención en penales como Izalco, Apanteos y cárcel de mujeres.
La acusación señala que la víctima, bajo régimen de protección, declaró que José Nelson se aprovechó que la ofendida estaba embarazada y le ofreció llevársela a la casa de su supuesta sobrina, Esmeralda Flores, con el objetivo que luego le dieran al bebé en adopción. Sin embargo, al arribar a la residencia fue trasladada a una casa en Ahuachapán, en donde sufrió maltrato físico, verbal y psicológico hasta que dio a luz.
Le propusieron quedarse en la casa para que trabajara como empleada doméstica y así estuviese cerca de la niña, pero fue ella siempre sufrió ese tipo de maltrato. La recién nacida fue asentada en la alcaldía municipal de Ilobasco, Cabañas, por Esmeralda, quien fingió ser la verdadera madre. Por otro lado, ella forzó a casarse la víctima con “Emerson” y así poder sacar un seguro de vida, el cual planeaban cobrarlo una vez lo mataran, lo cual no ocurrió. Este sujeto era pareja sentimental de Esmeralda Aravel Flores.
Los imputados obligaron a la verdadera madre de la niña a prostituirse en el lugar llamado “Blue Birds” y el pago se le daba a la acusada. Asimismo, el abogado Edwin Enrique Hernández Varela, fingió ser el esposo de Esmeralda para así lograr el cobro de otro seguro de una señora que vivía en Santa Ana. El médico Arturo Armando Minero Sandoval, quien laboraba en el hospital ProFamilia, como ginecólogo y se daba a la tarea de alterar los plantares de los recién nacidos.
Por último, los acusados forzaron a una nueva víctima llamada “Mateo” a casarse con Eduardo Krhiona Gutiérrez, quien ya falleció, puesto que hubo una planificación previa para cobrar dos seguros de aproximadamente $30 mil cada uno. En este caso la procesada Edith Emelda Ramírez, de 75 años, se prestó para adquirir el dinero.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
