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Vigilante de un almacén es acusado de hurtar artículos de una bodega
Un vigilante identificado como Héctor C. de 86 años de edad, es acusado de hurtar artículos de una bodega valorados en $4,576.
Luego de terminar su turno nocturno en una bodega de un almacén en Apopa el vigilante hurtó lámparas, mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras y hasta una sierra. Sus jefes lo descubrieron infraganti y sospechan que lo hacía desde hace tres años.
Héctor comenzó trabajando como bodeguero y con el paso del tiempo se convirtió en vigilante de la bodega del almacén. Sin embargo, José (nombre cambiado por protección), el dueño del establecimiento, comenzó a percatarse que varias cosas comenzaron desaparecer y por ser el único en el lugar comenzaron a sospechar de él por lo que montaron un operativo para descubrir al verdadero ladrón.
Todo ocurrió cuando uno de los encargados de la bodega le comentó a Roxana (nombre modificado), la hija de José, que en la bodega hacían falta diversos artículos que no concordaban con el listado del inventario. Ambos extrañados comenzaron a investigar a las personas que tenían contacto con el lugar hasta llegar a concluir que podría ser Héctor.
Una de las pesquisas que llevaron a tal conclusión fue que las cosas desaparecían en horas de la mañana, antes de que el local abriera y de que Héctor terminara su jornada nocturna. La mujer comenzó a ingeniar un plan para poder descubrirlo, necesitaba pruebas suficientes para inculparlo. El operativo consistía en vigilar a Héctor por tres días.
Según el expediente judicial, fue el 2, 3 y 4 de octubre del 2015 cuando descubrieron el modo de operar que tenía el vigilante, el cual consistía en tomar la mayor cantidad del botín durante la soledad de su turno para luego ir a esconderlo en un pequeño cuarto donde descansaba afuera del edificio.
Con las pruebas, ambos fueron donde José y le explicaron lo que había pasado por lo que decidieron abordarlo al día siguiente antes de que se fuera del establecimiento; todo esto fue ejecutado sin que el vigilante sospechara de los movimientos en su contra.
Eran las 7:00 de la mañana del 5 de octubre. “Lo vamos a registrar”, dijo José con autoridad, mientras que Héctor se dio por descubierto. Puso en el piso una bolsa plástica negra y para su sorpresa encontraron un par de lámparas de mano, una sierra, memorias microSD, varias herramientas y extensiones eléctricas. Según los dueños del establecimiento, el monto por estos artículos hacía un total de $275.
El dueño llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron Héctor no sabía qué hacer. Al verse acorralado decidió confesar su delito, pero suplicó que no lo llevaran a la cárcel; ante la petición del afligido, José le dijo que una de las alternativas era seguir trabajando para él, pero que le descontaría de su salario hasta que saldara su cuenta.
El vigilante le explicó que aceptaría la oferta, pero que en los próximos días le entregarían un dinero con el cual terminaría de cancelar la deuda, sin embargo, esto nunca pasó por lo que fue arrestado días después.
José y sus trabajadores volvieron hacer un inventario y determinaron que por tres años el vigilante había hurtado decenas de artículos que hicieron un total de $4,576; mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras eran una de tantas cosas que supuestamente se extraviaron.
En la audiencia preliminar, la defensa de Héctor cuestionó la falta de investigación que había realizado la Fiscalía General de la República (FGR) ante las pruebas presentadas por el dueño del establecimiento y puso en duda sobre el número de personas que tienen acceso al material en esa bodega. “¿Por qué si mi representado hurtaba a diario por qué razón no lo denunció en su momento?”, discutió.
El caso pasó a la última instancia y será el juzgado Sexto de sentencia de San Salvador, quien determinará el futuro jurídico de Héctor.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
