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Vigilante de un almacén es acusado de hurtar artículos de una bodega
Un vigilante identificado como Héctor C. de 86 años de edad, es acusado de hurtar artículos de una bodega valorados en $4,576.
Luego de terminar su turno nocturno en una bodega de un almacén en Apopa el vigilante hurtó lámparas, mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras y hasta una sierra. Sus jefes lo descubrieron infraganti y sospechan que lo hacía desde hace tres años.
Héctor comenzó trabajando como bodeguero y con el paso del tiempo se convirtió en vigilante de la bodega del almacén. Sin embargo, José (nombre cambiado por protección), el dueño del establecimiento, comenzó a percatarse que varias cosas comenzaron desaparecer y por ser el único en el lugar comenzaron a sospechar de él por lo que montaron un operativo para descubrir al verdadero ladrón.
Todo ocurrió cuando uno de los encargados de la bodega le comentó a Roxana (nombre modificado), la hija de José, que en la bodega hacían falta diversos artículos que no concordaban con el listado del inventario. Ambos extrañados comenzaron a investigar a las personas que tenían contacto con el lugar hasta llegar a concluir que podría ser Héctor.
Una de las pesquisas que llevaron a tal conclusión fue que las cosas desaparecían en horas de la mañana, antes de que el local abriera y de que Héctor terminara su jornada nocturna. La mujer comenzó a ingeniar un plan para poder descubrirlo, necesitaba pruebas suficientes para inculparlo. El operativo consistía en vigilar a Héctor por tres días.
Según el expediente judicial, fue el 2, 3 y 4 de octubre del 2015 cuando descubrieron el modo de operar que tenía el vigilante, el cual consistía en tomar la mayor cantidad del botín durante la soledad de su turno para luego ir a esconderlo en un pequeño cuarto donde descansaba afuera del edificio.
Con las pruebas, ambos fueron donde José y le explicaron lo que había pasado por lo que decidieron abordarlo al día siguiente antes de que se fuera del establecimiento; todo esto fue ejecutado sin que el vigilante sospechara de los movimientos en su contra.
Eran las 7:00 de la mañana del 5 de octubre. “Lo vamos a registrar”, dijo José con autoridad, mientras que Héctor se dio por descubierto. Puso en el piso una bolsa plástica negra y para su sorpresa encontraron un par de lámparas de mano, una sierra, memorias microSD, varias herramientas y extensiones eléctricas. Según los dueños del establecimiento, el monto por estos artículos hacía un total de $275.
El dueño llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron Héctor no sabía qué hacer. Al verse acorralado decidió confesar su delito, pero suplicó que no lo llevaran a la cárcel; ante la petición del afligido, José le dijo que una de las alternativas era seguir trabajando para él, pero que le descontaría de su salario hasta que saldara su cuenta.
El vigilante le explicó que aceptaría la oferta, pero que en los próximos días le entregarían un dinero con el cual terminaría de cancelar la deuda, sin embargo, esto nunca pasó por lo que fue arrestado días después.
José y sus trabajadores volvieron hacer un inventario y determinaron que por tres años el vigilante había hurtado decenas de artículos que hicieron un total de $4,576; mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras eran una de tantas cosas que supuestamente se extraviaron.
En la audiencia preliminar, la defensa de Héctor cuestionó la falta de investigación que había realizado la Fiscalía General de la República (FGR) ante las pruebas presentadas por el dueño del establecimiento y puso en duda sobre el número de personas que tienen acceso al material en esa bodega. “¿Por qué si mi representado hurtaba a diario por qué razón no lo denunció en su momento?”, discutió.
El caso pasó a la última instancia y será el juzgado Sexto de sentencia de San Salvador, quien determinará el futuro jurídico de Héctor.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
