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Vigilante de un almacén es acusado de hurtar artículos de una bodega
Un vigilante identificado como Héctor C. de 86 años de edad, es acusado de hurtar artículos de una bodega valorados en $4,576.
Luego de terminar su turno nocturno en una bodega de un almacén en Apopa el vigilante hurtó lámparas, mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras y hasta una sierra. Sus jefes lo descubrieron infraganti y sospechan que lo hacía desde hace tres años.
Héctor comenzó trabajando como bodeguero y con el paso del tiempo se convirtió en vigilante de la bodega del almacén. Sin embargo, José (nombre cambiado por protección), el dueño del establecimiento, comenzó a percatarse que varias cosas comenzaron desaparecer y por ser el único en el lugar comenzaron a sospechar de él por lo que montaron un operativo para descubrir al verdadero ladrón.
Todo ocurrió cuando uno de los encargados de la bodega le comentó a Roxana (nombre modificado), la hija de José, que en la bodega hacían falta diversos artículos que no concordaban con el listado del inventario. Ambos extrañados comenzaron a investigar a las personas que tenían contacto con el lugar hasta llegar a concluir que podría ser Héctor.
Una de las pesquisas que llevaron a tal conclusión fue que las cosas desaparecían en horas de la mañana, antes de que el local abriera y de que Héctor terminara su jornada nocturna. La mujer comenzó a ingeniar un plan para poder descubrirlo, necesitaba pruebas suficientes para inculparlo. El operativo consistía en vigilar a Héctor por tres días.
Según el expediente judicial, fue el 2, 3 y 4 de octubre del 2015 cuando descubrieron el modo de operar que tenía el vigilante, el cual consistía en tomar la mayor cantidad del botín durante la soledad de su turno para luego ir a esconderlo en un pequeño cuarto donde descansaba afuera del edificio.
Con las pruebas, ambos fueron donde José y le explicaron lo que había pasado por lo que decidieron abordarlo al día siguiente antes de que se fuera del establecimiento; todo esto fue ejecutado sin que el vigilante sospechara de los movimientos en su contra.
Eran las 7:00 de la mañana del 5 de octubre. “Lo vamos a registrar”, dijo José con autoridad, mientras que Héctor se dio por descubierto. Puso en el piso una bolsa plástica negra y para su sorpresa encontraron un par de lámparas de mano, una sierra, memorias microSD, varias herramientas y extensiones eléctricas. Según los dueños del establecimiento, el monto por estos artículos hacía un total de $275.
El dueño llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron Héctor no sabía qué hacer. Al verse acorralado decidió confesar su delito, pero suplicó que no lo llevaran a la cárcel; ante la petición del afligido, José le dijo que una de las alternativas era seguir trabajando para él, pero que le descontaría de su salario hasta que saldara su cuenta.
El vigilante le explicó que aceptaría la oferta, pero que en los próximos días le entregarían un dinero con el cual terminaría de cancelar la deuda, sin embargo, esto nunca pasó por lo que fue arrestado días después.
José y sus trabajadores volvieron hacer un inventario y determinaron que por tres años el vigilante había hurtado decenas de artículos que hicieron un total de $4,576; mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras eran una de tantas cosas que supuestamente se extraviaron.
En la audiencia preliminar, la defensa de Héctor cuestionó la falta de investigación que había realizado la Fiscalía General de la República (FGR) ante las pruebas presentadas por el dueño del establecimiento y puso en duda sobre el número de personas que tienen acceso al material en esa bodega. “¿Por qué si mi representado hurtaba a diario por qué razón no lo denunció en su momento?”, discutió.
El caso pasó a la última instancia y será el juzgado Sexto de sentencia de San Salvador, quien determinará el futuro jurídico de Héctor.
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Confirman que voraz incendio en el centro de San Salvador no dejó lesionados
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
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Superintendencia de Competencia recibió certificación antisoborno
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.


