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Vigilante de un almacén es acusado de hurtar artículos de una bodega
Un vigilante identificado como Héctor C. de 86 años de edad, es acusado de hurtar artículos de una bodega valorados en $4,576.
Luego de terminar su turno nocturno en una bodega de un almacén en Apopa el vigilante hurtó lámparas, mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras y hasta una sierra. Sus jefes lo descubrieron infraganti y sospechan que lo hacía desde hace tres años.
Héctor comenzó trabajando como bodeguero y con el paso del tiempo se convirtió en vigilante de la bodega del almacén. Sin embargo, José (nombre cambiado por protección), el dueño del establecimiento, comenzó a percatarse que varias cosas comenzaron desaparecer y por ser el único en el lugar comenzaron a sospechar de él por lo que montaron un operativo para descubrir al verdadero ladrón.
Todo ocurrió cuando uno de los encargados de la bodega le comentó a Roxana (nombre modificado), la hija de José, que en la bodega hacían falta diversos artículos que no concordaban con el listado del inventario. Ambos extrañados comenzaron a investigar a las personas que tenían contacto con el lugar hasta llegar a concluir que podría ser Héctor.
Una de las pesquisas que llevaron a tal conclusión fue que las cosas desaparecían en horas de la mañana, antes de que el local abriera y de que Héctor terminara su jornada nocturna. La mujer comenzó a ingeniar un plan para poder descubrirlo, necesitaba pruebas suficientes para inculparlo. El operativo consistía en vigilar a Héctor por tres días.
Según el expediente judicial, fue el 2, 3 y 4 de octubre del 2015 cuando descubrieron el modo de operar que tenía el vigilante, el cual consistía en tomar la mayor cantidad del botín durante la soledad de su turno para luego ir a esconderlo en un pequeño cuarto donde descansaba afuera del edificio.
Con las pruebas, ambos fueron donde José y le explicaron lo que había pasado por lo que decidieron abordarlo al día siguiente antes de que se fuera del establecimiento; todo esto fue ejecutado sin que el vigilante sospechara de los movimientos en su contra.
Eran las 7:00 de la mañana del 5 de octubre. “Lo vamos a registrar”, dijo José con autoridad, mientras que Héctor se dio por descubierto. Puso en el piso una bolsa plástica negra y para su sorpresa encontraron un par de lámparas de mano, una sierra, memorias microSD, varias herramientas y extensiones eléctricas. Según los dueños del establecimiento, el monto por estos artículos hacía un total de $275.
El dueño llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron Héctor no sabía qué hacer. Al verse acorralado decidió confesar su delito, pero suplicó que no lo llevaran a la cárcel; ante la petición del afligido, José le dijo que una de las alternativas era seguir trabajando para él, pero que le descontaría de su salario hasta que saldara su cuenta.
El vigilante le explicó que aceptaría la oferta, pero que en los próximos días le entregarían un dinero con el cual terminaría de cancelar la deuda, sin embargo, esto nunca pasó por lo que fue arrestado días después.
José y sus trabajadores volvieron hacer un inventario y determinaron que por tres años el vigilante había hurtado decenas de artículos que hicieron un total de $4,576; mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras eran una de tantas cosas que supuestamente se extraviaron.
En la audiencia preliminar, la defensa de Héctor cuestionó la falta de investigación que había realizado la Fiscalía General de la República (FGR) ante las pruebas presentadas por el dueño del establecimiento y puso en duda sobre el número de personas que tienen acceso al material en esa bodega. “¿Por qué si mi representado hurtaba a diario por qué razón no lo denunció en su momento?”, discutió.
El caso pasó a la última instancia y será el juzgado Sexto de sentencia de San Salvador, quien determinará el futuro jurídico de Héctor.
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
