Judicial
Un carpintero dio más de 20 años de trabajo para levantar un negocio, su pago fue ser despedido injustificadamente
Luego de haber dado los mejores años de su vida, un carpintero dijo sentirse traicionado por la mujer con la que trabajó por más de 20 años y que antes de despedirlo le robó el dinero que tenía que ser destinado al pago de las prestaciones por sus servicios en una venta de muebles.
Desde los 23 años, Hugo (nombre modificado por seguridad) trabajó para Ángela L. una mujer de 62 años que administraba un negocio de su propiedad en el municipio de Ciudad Delgado en San Salvador.
La relación entre patrona y empleador fue la mejor, el carpintero era uno de los más consolidados en el negocio debido a la experiencia que tenía en el oficio y la calidad que ofrecía en cada una de sus obras.
Pese a esto, el hombre, que comenzó a trabajar en este negocio cuando cumplió 23 años, nunca dejó de percibir más del salario mínimo, algo que hasta cierto punto no le molestaba ya que le servía para vivir.
El carpintero era pieza clave en el negocio de Ángela, quien desde los 30 años estableció su venta de muebles en la que tenía a su disposición 10 empleados que le ayudaron a ganar una buena reputación en la zona.
Un despido sin justificación
La empresaria comenzó a planificar cambios en su negocio y en estos no estaba incluído Hugo a quien el 27 de agosto de 2015 le notificó que estaba despedido, algo que fue difícil de asimilar en un primer momento.
En esta empresa fue que el carpintero se especializó en la manipulación de maquinaria para trabajar la madera, algo por lo que su jefa obtuvo buenas ganancias que no fueron agradecidas al terminar su relación.
El empleado esperaba una gran indemnización por el tiempo laborado, sin embargo, Ángela nunca le entregó el dinero lo que provocó su enojo y una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
En el proceso, la víctima se enteró que la mujer por la que llegó a sentir afecto se había aprovechado de esto ya que se había apropiado de las cuotas del Seguro Social.
Hugo explicó que siempre recibió su pago en efectivo y que su patrona anotaba en un libro los $7 semanales que le descontaba para realizar el pago del Seguro Social. Tras analizar el caso, el afectado descubrió que el descuento realmente era de $9.
Esto puso en alerta al carpintero y fue a las oficinas del Seguro Social donde le emitieron un informe de su cotización el cual estableció que faltaba el pago de varios meses de los años 2002, 2003, 2008 y 2009, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía.
El proceso judicial
El 30 de enero del 2017, se instaló la audiencia inicial donde Ángela se defendió de las acusaciones y dijo que “nunca le he descontado al señor, él me pedía en pago anticipado».
La imputada también señaló que «siempre pedía permiso porque él trabajaba en una conjunto musical a cantar. Yo le decía que fuera a trabajar y él contestaba ‘¡Que lo haga otro!». Además, la mujer aseguró que el carpintero le robaba materias y que por amenazas que le hacía nunca lo denunció.
En su defensa, el ofendido señaló que las únicas ausencias que se registraban en su historial laboral eran cuando Ángela le sugería que por falta de trabajo se fuera para su casa, algo que llegó a darse en periodos de hasta 15 días consecutivos.
También afirmó que no había hurtado ningún tipo de material. “Yo soy el único que se atrevió a denunciar, hay otras ocho personas en la mis situación”, concluyó.
El caso por retención indebida de cuotas ha llegado hasta el Juzgado Tercero de sentencia de San Salvador en el que se tiene previsto realizar la vista pública agendada para inicios del presente año.
NOTA DE El SALVADOR TIMES
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
