Judicial
Un carpintero dio más de 20 años de trabajo para levantar un negocio, su pago fue ser despedido injustificadamente
Luego de haber dado los mejores años de su vida, un carpintero dijo sentirse traicionado por la mujer con la que trabajó por más de 20 años y que antes de despedirlo le robó el dinero que tenía que ser destinado al pago de las prestaciones por sus servicios en una venta de muebles.
Desde los 23 años, Hugo (nombre modificado por seguridad) trabajó para Ángela L. una mujer de 62 años que administraba un negocio de su propiedad en el municipio de Ciudad Delgado en San Salvador.
La relación entre patrona y empleador fue la mejor, el carpintero era uno de los más consolidados en el negocio debido a la experiencia que tenía en el oficio y la calidad que ofrecía en cada una de sus obras.
Pese a esto, el hombre, que comenzó a trabajar en este negocio cuando cumplió 23 años, nunca dejó de percibir más del salario mínimo, algo que hasta cierto punto no le molestaba ya que le servía para vivir.
El carpintero era pieza clave en el negocio de Ángela, quien desde los 30 años estableció su venta de muebles en la que tenía a su disposición 10 empleados que le ayudaron a ganar una buena reputación en la zona.
Un despido sin justificación
La empresaria comenzó a planificar cambios en su negocio y en estos no estaba incluído Hugo a quien el 27 de agosto de 2015 le notificó que estaba despedido, algo que fue difícil de asimilar en un primer momento.
En esta empresa fue que el carpintero se especializó en la manipulación de maquinaria para trabajar la madera, algo por lo que su jefa obtuvo buenas ganancias que no fueron agradecidas al terminar su relación.
El empleado esperaba una gran indemnización por el tiempo laborado, sin embargo, Ángela nunca le entregó el dinero lo que provocó su enojo y una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
En el proceso, la víctima se enteró que la mujer por la que llegó a sentir afecto se había aprovechado de esto ya que se había apropiado de las cuotas del Seguro Social.
Hugo explicó que siempre recibió su pago en efectivo y que su patrona anotaba en un libro los $7 semanales que le descontaba para realizar el pago del Seguro Social. Tras analizar el caso, el afectado descubrió que el descuento realmente era de $9.
Esto puso en alerta al carpintero y fue a las oficinas del Seguro Social donde le emitieron un informe de su cotización el cual estableció que faltaba el pago de varios meses de los años 2002, 2003, 2008 y 2009, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía.
El proceso judicial
El 30 de enero del 2017, se instaló la audiencia inicial donde Ángela se defendió de las acusaciones y dijo que “nunca le he descontado al señor, él me pedía en pago anticipado».
La imputada también señaló que «siempre pedía permiso porque él trabajaba en una conjunto musical a cantar. Yo le decía que fuera a trabajar y él contestaba ‘¡Que lo haga otro!». Además, la mujer aseguró que el carpintero le robaba materias y que por amenazas que le hacía nunca lo denunció.
En su defensa, el ofendido señaló que las únicas ausencias que se registraban en su historial laboral eran cuando Ángela le sugería que por falta de trabajo se fuera para su casa, algo que llegó a darse en periodos de hasta 15 días consecutivos.
También afirmó que no había hurtado ningún tipo de material. “Yo soy el único que se atrevió a denunciar, hay otras ocho personas en la mis situación”, concluyó.
El caso por retención indebida de cuotas ha llegado hasta el Juzgado Tercero de sentencia de San Salvador en el que se tiene previsto realizar la vista pública agendada para inicios del presente año.
NOTA DE El SALVADOR TIMES
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
