Judicial
ÚLTIMA HORA: Juez ordena reapertura del caso jesuitas
El caso será retomado luego de que la Cámara decidiera reabrir el caso para procesar a los autores intelectuales de la masacre, perpetrada en 1989.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió este lunes reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados presuntamente por el Ejército salvadoreño en 1989, confirmó Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)
La resolución llega luego de que Baulenas acudiera el pasado 26 de febrero a interponer un escrito en el que se solicitaba de manera expresa que se resolviera rápidamente una apelación hecha por la parte defensora para reabrir el caso y así evitar a los autores intelectuales de esta masacre.
El caso fue reabierto el 16 de abril de 2018, fecha en que la defensa de los procesados se mostraron inconformes y apelaron a la decisión.
Baulenas detalló que uno de los abogados defensores presentó un recurso de recusación de nuevos magistrados y el caso llegó a la Sala de lo Penal para decidir si efectivamente el magistrado debía o no debía conocer el caso.
«La Sala de lo Penal dijo que este magistrado no tenía ningún tipo de razón por no conocer y que por tanto se devolvía el caso a la Cámara para que resolviera lo pertinente. El caso llegó en octubre de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta», dijo Baulenas en febrero.
Baulenas sostuvo que el objetivo de reabrir el caso es garantizar un proceso judicial «de verdad» para hacer justicia a las víctimas involucradas en este caso.
«Entendemos que es un derecho básico de cualquier víctima, no solo de buscar justicia, sino de tener derecho de acceso a la justica y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de que haya un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar los actores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA», indicó Baulenas.
Entre los autores intelectuales, según Andreu Oliva, rector de la UCA, está el expresidente de la República Alfredo Cristiani. De acuerdo con las autoridades de la UCA, el expresidente estuvo involucrado de una u otra forma en la masacre, ya que también era el comandante general de la Fuerza Armada.
Además del expresidente Cristiani, las autoridades señalan a los militares retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano como los autores intelectuales.
La reapertura del caso busca que una resolución emitida en 2000 quede sin efecto. En esa ocasión los procesados fueron absueltos por la extinta Ley de Amnistía.
El único militar que está en prisión por el caso es Guillermo Benavides, quien fue capturado con fines de extradición a España, pero la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
