Judicial
ÚLTIMA HORA: Juez ordena reapertura del caso jesuitas
El caso será retomado luego de que la Cámara decidiera reabrir el caso para procesar a los autores intelectuales de la masacre, perpetrada en 1989.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió este lunes reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados presuntamente por el Ejército salvadoreño en 1989, confirmó Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)
La resolución llega luego de que Baulenas acudiera el pasado 26 de febrero a interponer un escrito en el que se solicitaba de manera expresa que se resolviera rápidamente una apelación hecha por la parte defensora para reabrir el caso y así evitar a los autores intelectuales de esta masacre.
El caso fue reabierto el 16 de abril de 2018, fecha en que la defensa de los procesados se mostraron inconformes y apelaron a la decisión.
Baulenas detalló que uno de los abogados defensores presentó un recurso de recusación de nuevos magistrados y el caso llegó a la Sala de lo Penal para decidir si efectivamente el magistrado debía o no debía conocer el caso.
«La Sala de lo Penal dijo que este magistrado no tenía ningún tipo de razón por no conocer y que por tanto se devolvía el caso a la Cámara para que resolviera lo pertinente. El caso llegó en octubre de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta», dijo Baulenas en febrero.
Baulenas sostuvo que el objetivo de reabrir el caso es garantizar un proceso judicial «de verdad» para hacer justicia a las víctimas involucradas en este caso.
«Entendemos que es un derecho básico de cualquier víctima, no solo de buscar justicia, sino de tener derecho de acceso a la justica y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de que haya un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar los actores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA», indicó Baulenas.
Entre los autores intelectuales, según Andreu Oliva, rector de la UCA, está el expresidente de la República Alfredo Cristiani. De acuerdo con las autoridades de la UCA, el expresidente estuvo involucrado de una u otra forma en la masacre, ya que también era el comandante general de la Fuerza Armada.
Además del expresidente Cristiani, las autoridades señalan a los militares retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano como los autores intelectuales.
La reapertura del caso busca que una resolución emitida en 2000 quede sin efecto. En esa ocasión los procesados fueron absueltos por la extinta Ley de Amnistía.
El único militar que está en prisión por el caso es Guillermo Benavides, quien fue capturado con fines de extradición a España, pero la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
