Judicial
ÚLTIMA HORA: Juez ordena reapertura del caso jesuitas
El caso será retomado luego de que la Cámara decidiera reabrir el caso para procesar a los autores intelectuales de la masacre, perpetrada en 1989.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió este lunes reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados presuntamente por el Ejército salvadoreño en 1989, confirmó Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)
La resolución llega luego de que Baulenas acudiera el pasado 26 de febrero a interponer un escrito en el que se solicitaba de manera expresa que se resolviera rápidamente una apelación hecha por la parte defensora para reabrir el caso y así evitar a los autores intelectuales de esta masacre.
El caso fue reabierto el 16 de abril de 2018, fecha en que la defensa de los procesados se mostraron inconformes y apelaron a la decisión.
Baulenas detalló que uno de los abogados defensores presentó un recurso de recusación de nuevos magistrados y el caso llegó a la Sala de lo Penal para decidir si efectivamente el magistrado debía o no debía conocer el caso.
«La Sala de lo Penal dijo que este magistrado no tenía ningún tipo de razón por no conocer y que por tanto se devolvía el caso a la Cámara para que resolviera lo pertinente. El caso llegó en octubre de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta», dijo Baulenas en febrero.
Baulenas sostuvo que el objetivo de reabrir el caso es garantizar un proceso judicial «de verdad» para hacer justicia a las víctimas involucradas en este caso.
«Entendemos que es un derecho básico de cualquier víctima, no solo de buscar justicia, sino de tener derecho de acceso a la justica y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de que haya un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar los actores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA», indicó Baulenas.
Entre los autores intelectuales, según Andreu Oliva, rector de la UCA, está el expresidente de la República Alfredo Cristiani. De acuerdo con las autoridades de la UCA, el expresidente estuvo involucrado de una u otra forma en la masacre, ya que también era el comandante general de la Fuerza Armada.
Además del expresidente Cristiani, las autoridades señalan a los militares retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano como los autores intelectuales.
La reapertura del caso busca que una resolución emitida en 2000 quede sin efecto. En esa ocasión los procesados fueron absueltos por la extinta Ley de Amnistía.
El único militar que está en prisión por el caso es Guillermo Benavides, quien fue capturado con fines de extradición a España, pero la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
