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ÚLTIMA HORA: Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
Esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una apelación en contra de la decisión de la Cámara de lo Civil de procesar en libertad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años.
La Fiscalía informó que esta tarde presentará el documento ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, en el que pedirá que se retiren las medidas sustitutivas otorgadas al magistrado y se le imponga prisión preventiva mientras se desarrolle todo el proceso penal.
El Ministerio Público argumentó ante la Cámara que este tipo de delitos, por su gravedad, no debe contar con medidas alternas, incluso por protección a la víctima.
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Para que el funcionario no fuera a prisión, la defensa del imputado presentó una serie de arraigos como ser empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ser casado y con tres hijos y mostrar sus pasaporte de Estados Unidos y proporcionado por la CSJ. Estos últimos documentos permanecerán en reaguardo en la Secretaría de la Cámara como garantía de su permanencia en el país.
Tras el pago, Escalante queda en libertad y debe presentarse cada 30 días a firmar ante la instancia y no salir de país. Sin embargo, si se aprueba la apelación este tendrá que ser detenido inmediatamente.
El viernes 23 de marzo Escalante fue intimado por la Cámara, en la cual se le explicaron los delitos por los cuales será procesado y, además, de cómo se desarrollaría su proceso judicial. Ese mismo día, él señaló ante los medios de comunicación dijo que fue involucrado por terceras personas.
«Dejen que haya una resolución, que se aclaren todos estos hechos y salga la verdad a la luz y podamos deducir quién está tras esta canallada”, señaló el imputado.
El 4 de marzo, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad desaforar al magistrado para que le permitiera ser llevado ante la justicia. Para llegar a esto, se necesitó de una comisión especial de antejuicio donde se discutieron las versiones que se presentaron ante la misma.
Según la relación de los hechos, la menor de edad se encontraba con otros niños en la residencial Altavista, de Soyapango, cuando presuntamente el magistrado se vio involucrado en un accidente de tránsito donde aprovechó a realizar tocamientos sobre la ropa en las partes íntimas de la niña.
Nota tomada de El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
