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ÚLTIMA HORA: Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
Esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una apelación en contra de la decisión de la Cámara de lo Civil de procesar en libertad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años.
La Fiscalía informó que esta tarde presentará el documento ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, en el que pedirá que se retiren las medidas sustitutivas otorgadas al magistrado y se le imponga prisión preventiva mientras se desarrolle todo el proceso penal.
El Ministerio Público argumentó ante la Cámara que este tipo de delitos, por su gravedad, no debe contar con medidas alternas, incluso por protección a la víctima.
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Para que el funcionario no fuera a prisión, la defensa del imputado presentó una serie de arraigos como ser empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ser casado y con tres hijos y mostrar sus pasaporte de Estados Unidos y proporcionado por la CSJ. Estos últimos documentos permanecerán en reaguardo en la Secretaría de la Cámara como garantía de su permanencia en el país.
Tras el pago, Escalante queda en libertad y debe presentarse cada 30 días a firmar ante la instancia y no salir de país. Sin embargo, si se aprueba la apelación este tendrá que ser detenido inmediatamente.
El viernes 23 de marzo Escalante fue intimado por la Cámara, en la cual se le explicaron los delitos por los cuales será procesado y, además, de cómo se desarrollaría su proceso judicial. Ese mismo día, él señaló ante los medios de comunicación dijo que fue involucrado por terceras personas.
«Dejen que haya una resolución, que se aclaren todos estos hechos y salga la verdad a la luz y podamos deducir quién está tras esta canallada”, señaló el imputado.
El 4 de marzo, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad desaforar al magistrado para que le permitiera ser llevado ante la justicia. Para llegar a esto, se necesitó de una comisión especial de antejuicio donde se discutieron las versiones que se presentaron ante la misma.
Según la relación de los hechos, la menor de edad se encontraba con otros niños en la residencial Altavista, de Soyapango, cuando presuntamente el magistrado se vio involucrado en un accidente de tránsito donde aprovechó a realizar tocamientos sobre la ropa en las partes íntimas de la niña.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
