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ÚLTIMA HORA: Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Fiscalía apela decisión de la Cámara de procesar en libertad a magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años
Esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una apelación en contra de la decisión de la Cámara de lo Civil de procesar en libertad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años.
La Fiscalía informó que esta tarde presentará el documento ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, en el que pedirá que se retiren las medidas sustitutivas otorgadas al magistrado y se le imponga prisión preventiva mientras se desarrolle todo el proceso penal.
El Ministerio Público argumentó ante la Cámara que este tipo de delitos, por su gravedad, no debe contar con medidas alternas, incluso por protección a la víctima.
El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.
Para que el funcionario no fuera a prisión, la defensa del imputado presentó una serie de arraigos como ser empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ser casado y con tres hijos y mostrar sus pasaporte de Estados Unidos y proporcionado por la CSJ. Estos últimos documentos permanecerán en reaguardo en la Secretaría de la Cámara como garantía de su permanencia en el país.
Tras el pago, Escalante queda en libertad y debe presentarse cada 30 días a firmar ante la instancia y no salir de país. Sin embargo, si se aprueba la apelación este tendrá que ser detenido inmediatamente.
El viernes 23 de marzo Escalante fue intimado por la Cámara, en la cual se le explicaron los delitos por los cuales será procesado y, además, de cómo se desarrollaría su proceso judicial. Ese mismo día, él señaló ante los medios de comunicación dijo que fue involucrado por terceras personas.
«Dejen que haya una resolución, que se aclaren todos estos hechos y salga la verdad a la luz y podamos deducir quién está tras esta canallada”, señaló el imputado.
El 4 de marzo, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad desaforar al magistrado para que le permitiera ser llevado ante la justicia. Para llegar a esto, se necesitó de una comisión especial de antejuicio donde se discutieron las versiones que se presentaron ante la misma.
Según la relación de los hechos, la menor de edad se encontraba con otros niños en la residencial Altavista, de Soyapango, cuando presuntamente el magistrado se vio involucrado en un accidente de tránsito donde aprovechó a realizar tocamientos sobre la ropa en las partes íntimas de la niña.
Nota tomada de El Salvador Times
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
