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Transportistas de Santa Ana se preparan para atender pasajeros a partir de este lunes 24 de agosto
Este miércoles el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Herrera, visitó las instalaciones de la terminal de buses de Transportes Unidos de Occidente (TUDO) en Santa Ana, para verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad que se tienen que implementar este lunes 24 de agosto al abrirse la economía nacional.
El objetivo es garantizar la movilización segura y ordenada de la población que utiliza autobuses y microbuses, y fueron homologados con empresarios del transporte para que su aplicación disminuya de la manera más eficaz los contagios por Covid-19.
“Una forma que podemos contener el virus es tomando todas las medidas necesarias que se han establecido”, remarcó Herrera.
En el recorrido por el lugar junto a Daniel Santamaría, gerente general de TUDO, el titular de Obras Públicas constató la labor realizada en la terminal y sus salas de espera.
“El pago del viaje se hará en las boleterías para evitar el contacto con el motorista, habrá uso de alcohol gel y lavado de manos», subrayó Santamaría. Agregó que se realizarán una desinfección por viaje para minimizar los contagios.
Santamaría destacó que las ventas no serán permitidas, ni tampoco el abordaje de usuarios sin mascarillas o que consuman alimentos en la unidad de transporte. El uso del celular será solo para redes sociales.
“Las personas no van a poder comer y esto para evitar que una posible persona asintomática pueda contagiar a otras”, acompañó por su cuenta el ministro Herrera.
Entre otras recomendaciones, los autobuses de TUDO no podrán funcionar con aire acondicionado para evitar la recirculación del virus en las unidades.
Las bahías de abordaje, además estarán señalizadas para mantener el distanciamiento social durante la espera. Las superficies con las que los usuarios tengan contacto deberán ser desinfectadas.
Todo esto se complementará con un despliegue de gestores de tráfico, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y promotores de salud, que estarán presentes en lugares como la terminal TUDO y paradas de buses y microbuses, para brindar orientación y comprobar medidas.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
