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Sale a flote cuerpo de hombre ahogado en poza de río Nahulingo, Sonsonate
Las labores de búsqueda del cuerpo de un hombre que desapareció tras hundirse en el río Tecuma de Nahulingo, Sonsonate, fueron detenidas durante la noche del jueves, sin embargo, este salió a flote de forma inesperada.
Durante la madrugada de este viernes, el cuerpo fue hallado flotando en una poza del río conocida como El Salto, ubicada en el cantón Piedra de Moler.
De acuerdo a los reportes, se trata de un joven miembro de una iglesia evangélica con la cual participaba como misionero. Este había llegado a dicho lugar junto a un grupo de personas para pasar un momento agradable, pero sufrió un trágico accidente.
Se estima que la víctima, identificada como Élder Antonio R., de 21 años, habría quedado atrapado en una cueva ubicada en la poza en cuestión.
Desde tempranas horas, el jueves se realizó la búsqueda del joven con socorristas y equipos de rescate de Cruz Roja Salvadoreña, apoyados por buzos de la Fuerza Armada, pero las labores terminaron por la noche sin tener resultados.
Fue hasta horas de la madrugada que elementos policiales que se encontraban custodiando el lugar, notaron que el cuerpo estaba flotando sobre la poza.
Una rastra volcó por conducir a excesiva velocidad, esta madrugada de martes, en el departamento de San Miguel, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
“El conductor de un cabezal perdió el control y volcó. La excesiva velocidad fue la causa”, detalló la PNC.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Panamericana, a la altura del redondel de Moncagua, en el municipio de San Miguel Centro.
Personal policial se mantiene en la zona con paso restringido a un carril mientras llega una grúa para retirar el cabezal.
Autoridades añadieron que, pese a lo aparatoso del suceso, ese “solo ocasionó daños materiales”.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto tras hallarle drogas y 300 dólares en efectivo, la noche del lunes, en el departamento de San Salvador.Historia
Se trata de Jorge Alexander González Coreas, de 21 años de edad, quién será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Fue intervenido en la urbanización Cumbres de San Bartolo, en el distrito de Tonacatepeque, del municipio de San Salvador Este.
A Coreas le incautaron una porción de marihuana, una porción de cocaína, $300 en efectivo y un celular.
El Gobierno de Venezuela publicó este lunes en la Gaceta Oficial el decreto n.º 5.200, mediante el cual declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar un presunto ataque armado de Estados Unidos.
La medida otorga amplios poderes al Ejecutivo y ordena a los cuerpos de seguridad la búsqueda y captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” de la supuesta agresión contra el país.
El documento, con fecha del sábado, está firmado por Nicolás Maduro —capturado ese día por militares estadounidenses y actualmente detenido en Nueva York— y refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Este decreto, que tiene rango de ley, establece una vigencia inicial de 90 días, prorrogable por un periodo igual, y fija medidas excepcionales orientadas a preservar el orden interno, la seguridad del Estado y el funcionamiento institucional.
Entre las disposiciones centrales, el artículo 5 instruye a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales a intervenir de manera inmediata en la identificación, captura y procesamiento de personas que, a juicio del Ejecutivo, estén vinculadas con la promoción o respaldo del presunto ataque, bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal.
El texto señala que estas actuaciones deberán realizarse con observancia del debido proceso y el derecho a la defensa, pese a la declaratoria de excepción.
El decreto también ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado, y somete temporalmente a su personal al régimen militar.
Asimismo, faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como las reuniones y manifestaciones públicas, aunque afirma mantener vigentes garantías consideradas intangibles, como el derecho a la vida y el debido proceso.
