Sucesos
Condenan a pandilleros que asesinaron a elemento policial
El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, condenó a penas de entre 20 y 45 años de prisión, a 14 miembros de una pandilla, que operaba en el departamento de San Vicente.
La condena de los terroristas es por homicidio agravado, en perjuicio de un agente policial y un presunto pandillero.
Así mismo, la jueza les impuso penas entre tres y cinco años más de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que en el juicio quedó plenamente establecido que todos los imputados cometieron delitos como extorsiones, robos, venta de droga, armas entre otros.
Por el homicidio del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron condenados a 45 años de cárcel, los pandilleros Carlos Francisco Portillo Portillo, Nelson Antonio Aguilar y Reinaldo Donato Martínez, hecho cometido en 2015.
Según la declaración que rindió el testigo con criterio de oportunidad, recibieron la orden de asesinar al agente policial a través de fotografías compartidas entre los pandilleros por una red social, de tal manera, identificaron al agente, quien residía en el municipio de Apastepeque, San Vicente, acatando la orden, lo desmembraron y luego lo enterraron en un predio baldío.
En el desarrollo de la vista pública la juzgadora cambió la calificación del delito de organizaciones terroristas al de agrupaciones ilícitas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), establece desde el 2 de mayo al 15 de junio de 2025 la veda nacional de camarón marino, con la que se protege a dicha especie y se garantiza el desarrollo económico de las zonas costeras de El Salvador.
Durante los próximos 45 días queda suspendida la extracción de camarón marino, debido a que es el período de mayor reproducción y crecimiento de la especie.
La veda nacional de camarón marino no restringe la comercialización y el consumo, siempre que el camarón proceda de las reservas que mantienen los comercios o restaurantes, y las cuales hayan adquirido antes de establecer la medida de ordenamiento pesquero.
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Los supermercados, restaurantes, hoteles, comerciantes mayoristas, importadores y exportadores de productos pesqueros deberán presentar el Formulario de Control de Inventario en CENDEPESCA, a más tardar tres días después de iniciada la veda, para asegurar el cumplimiento de las normativas y evitar decomisos.
Durante el período de veda, CENDEPESCA y otras autoridades auxiliares harán inspecciones a embarcaciones, plantas o establecimientos de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, centros de acopio, mercados y otros espacios relacionados con la comercialización del camarón marino, ya que de haber incumplimiento los responsables serán sancionados de acuerdo a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y demás disposiciones legales aplicables.
Las denuncias por extracción o comercialización ilegal de camarón marino podrán hacerse en cualquiera de las oficinas de CENDEPESCA a nivel nacional.
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Usuarios de redes sociales viralizaron el video de una mujer, quien agresivamente impide que estudiantes de un popular colegio y padres de familia se sienten en la acera frente a su vivienda.
“Aquí no hay colegio, allá está el colegio Don Bosco”, le dijo la mujer a una madre de familia que le reclamó porque levantó de forma violenta a su niña pequeña.
De acuerdo a los autores de la denuncia, esta no es la primera vez que la señora se comporta de esta forma con estudiantes, menores de edad, y padres de familia.
Al parecer, la señora es agresiva hasta con los mismos vecinos quienes le recuerdan que la acera es un espacio público.
El pleito entre las diputadas guatemaltecas Elena Motta y Greicy de León ha continuado con ácidas declaraciones en redes sociales y denuncias penales.
“Me pica la mano, de la cachetada que le di hoy (martes) a una mal educada”, publicó la diputada Greicy de León en su perfil de X.
La publicación fue escrita la misma noche cuando ocurrió el pleito tras la sesión plenaria del Congreso Nacional de Guatemala.
Además, cada diputada ha presentado denuncias penales ante el Ministerio Público (fiscalía) para que se inicien las investigaciones del caso.
Ambas diputadas se culpan mutuamente de las agresiones, mientras que en redes sociales son virales los videos del pleito y cómo comenzó.
