Sucesos
Circulan audios de supuestos pandilleros y aseguran pondrán sus propias reglas para castigar a quienes irrespeten la cuarentena impuesta por el Gobierno
Desde la tarde del día lunes, audios y mensajes de texto que comenzaron a circular en cadenas de WhatsApp, han mantenido preocupados a los salvadoreños.
En los mensajes, presuntamente pandilleros advierten que serán ellos quienes vigilen las medidas de cuarentena domiciliar impuesta por el Gobierno para contener el COVID-19, aseguran que serán los que velen por que sea cumplida la ley en los territorios donde ellos tienen pleno dominio territorial.
Sin embargo, las autoridades de Seguridad no se han pronunciado al respecto, pese a que la presunta amenaza se ha viralizado.
No obstante, el lunes anterior, en una entrevista televisiva, el ministro de Defensa, contraalmirante Francis René Merino Monroy, dijo que a consecuencia de la emergencia nacional para contrarrestar el COVID-19, habían empeñado más efectivos militares y que eso había dado como resultado la disminución de homicidios.
“Llevamos un promedio de 2.17 homicidios diarios, esperamos que este mes sea muestra de la eficiencia del Plan Control Territorial”, escribió en Twitter, la cuenta del Ministerio de Defensa, atribuyendo la frase a Merino Monroy, quien ese mismo día dijo que por orden de Bukele habían desplegado 2,000 efectivos más en el Comando Sumpul, para el control de fronteras.
Las presuntas amenazas afirman que: “La verdad estamos viendo que este asunto ya se le salió de las manos al presidente”, dice uno de los audios que circulaba entre habitantes de colonias de Soyapango e Ilopango.
Según estos supuestos audios, ante la necedad de la gente de acatar la cuarentena domiciliar y seguros de que, si una persona en esas colonias llegara a ser infectado, el contagio sería masivo y eso es lo que no quieren que suceda.
La circulación de tales audios y mensajes de texto, según habitantes de colonias controladas por la Mara Salvatrucha (MS-13), comenzó después de la media tarde del pasado lunes, pocas horas después de que multitudes abarrotaran las oficinas de los Cenade (Centro de Atención de Demandas) instaladas en diversos municipios del país, en algunas de las cuales hubo represión de parte de las autoridades contra quienes demandaban información sobre el beneficio de los $300 anunciado por el presidente Nayib Bukele, el cual sería entregado a 1.5 millones de familias para ayudarles a paliar la crisis económica por no salir a trabajar.
En los mensajes de pandilleros que han circulado, piden que se difunda entre todos los vecinos y familiares para que todos estén enterados de las acciones que tomarán los pandilleros y así no llegar al extremo de golpear o “tomar otras medidas” en caso de que vean personas fueras de sus casas, en las calles o pasajes, sin razón justificada.
Aunque en algunos audios, el común denominador es la petición de parte de los pandilleros reitera que no quieren que sus familias o sus hijos vayan a enfermarse.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
