Sucesos
Circulan audios de supuestos pandilleros y aseguran pondrán sus propias reglas para castigar a quienes irrespeten la cuarentena impuesta por el Gobierno
Desde la tarde del día lunes, audios y mensajes de texto que comenzaron a circular en cadenas de WhatsApp, han mantenido preocupados a los salvadoreños.
En los mensajes, presuntamente pandilleros advierten que serán ellos quienes vigilen las medidas de cuarentena domiciliar impuesta por el Gobierno para contener el COVID-19, aseguran que serán los que velen por que sea cumplida la ley en los territorios donde ellos tienen pleno dominio territorial.
Sin embargo, las autoridades de Seguridad no se han pronunciado al respecto, pese a que la presunta amenaza se ha viralizado.
No obstante, el lunes anterior, en una entrevista televisiva, el ministro de Defensa, contraalmirante Francis René Merino Monroy, dijo que a consecuencia de la emergencia nacional para contrarrestar el COVID-19, habían empeñado más efectivos militares y que eso había dado como resultado la disminución de homicidios.
“Llevamos un promedio de 2.17 homicidios diarios, esperamos que este mes sea muestra de la eficiencia del Plan Control Territorial”, escribió en Twitter, la cuenta del Ministerio de Defensa, atribuyendo la frase a Merino Monroy, quien ese mismo día dijo que por orden de Bukele habían desplegado 2,000 efectivos más en el Comando Sumpul, para el control de fronteras.
Las presuntas amenazas afirman que: “La verdad estamos viendo que este asunto ya se le salió de las manos al presidente”, dice uno de los audios que circulaba entre habitantes de colonias de Soyapango e Ilopango.
Según estos supuestos audios, ante la necedad de la gente de acatar la cuarentena domiciliar y seguros de que, si una persona en esas colonias llegara a ser infectado, el contagio sería masivo y eso es lo que no quieren que suceda.
La circulación de tales audios y mensajes de texto, según habitantes de colonias controladas por la Mara Salvatrucha (MS-13), comenzó después de la media tarde del pasado lunes, pocas horas después de que multitudes abarrotaran las oficinas de los Cenade (Centro de Atención de Demandas) instaladas en diversos municipios del país, en algunas de las cuales hubo represión de parte de las autoridades contra quienes demandaban información sobre el beneficio de los $300 anunciado por el presidente Nayib Bukele, el cual sería entregado a 1.5 millones de familias para ayudarles a paliar la crisis económica por no salir a trabajar.
En los mensajes de pandilleros que han circulado, piden que se difunda entre todos los vecinos y familiares para que todos estén enterados de las acciones que tomarán los pandilleros y así no llegar al extremo de golpear o “tomar otras medidas” en caso de que vean personas fueras de sus casas, en las calles o pasajes, sin razón justificada.
Aunque en algunos audios, el común denominador es la petición de parte de los pandilleros reitera que no quieren que sus familias o sus hijos vayan a enfermarse.
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron este domingo a cuatro perros que resultaron lesionados tras tener contacto con un puercoespín en el municipio de Quezaltepeque.
El incidente ocurrió en el caserío La Esperanza, cantón El Puente, donde los animales presentaban púas incrustadas en el hocico y en distintas partes del cuerpo. Los rescatistas brindaron atención para retirar las espinas y aliviar las lesiones.
Según informó la institución humanitaria, este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de apoyo que realiza en favor de las comunidades y el bienestar animal.
Principal
CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
