Sucesos
Circulan audios de supuestos pandilleros y aseguran pondrán sus propias reglas para castigar a quienes irrespeten la cuarentena impuesta por el Gobierno
Desde la tarde del día lunes, audios y mensajes de texto que comenzaron a circular en cadenas de WhatsApp, han mantenido preocupados a los salvadoreños.
En los mensajes, presuntamente pandilleros advierten que serán ellos quienes vigilen las medidas de cuarentena domiciliar impuesta por el Gobierno para contener el COVID-19, aseguran que serán los que velen por que sea cumplida la ley en los territorios donde ellos tienen pleno dominio territorial.
Sin embargo, las autoridades de Seguridad no se han pronunciado al respecto, pese a que la presunta amenaza se ha viralizado.
No obstante, el lunes anterior, en una entrevista televisiva, el ministro de Defensa, contraalmirante Francis René Merino Monroy, dijo que a consecuencia de la emergencia nacional para contrarrestar el COVID-19, habían empeñado más efectivos militares y que eso había dado como resultado la disminución de homicidios.
“Llevamos un promedio de 2.17 homicidios diarios, esperamos que este mes sea muestra de la eficiencia del Plan Control Territorial”, escribió en Twitter, la cuenta del Ministerio de Defensa, atribuyendo la frase a Merino Monroy, quien ese mismo día dijo que por orden de Bukele habían desplegado 2,000 efectivos más en el Comando Sumpul, para el control de fronteras.
Las presuntas amenazas afirman que: “La verdad estamos viendo que este asunto ya se le salió de las manos al presidente”, dice uno de los audios que circulaba entre habitantes de colonias de Soyapango e Ilopango.
Según estos supuestos audios, ante la necedad de la gente de acatar la cuarentena domiciliar y seguros de que, si una persona en esas colonias llegara a ser infectado, el contagio sería masivo y eso es lo que no quieren que suceda.
La circulación de tales audios y mensajes de texto, según habitantes de colonias controladas por la Mara Salvatrucha (MS-13), comenzó después de la media tarde del pasado lunes, pocas horas después de que multitudes abarrotaran las oficinas de los Cenade (Centro de Atención de Demandas) instaladas en diversos municipios del país, en algunas de las cuales hubo represión de parte de las autoridades contra quienes demandaban información sobre el beneficio de los $300 anunciado por el presidente Nayib Bukele, el cual sería entregado a 1.5 millones de familias para ayudarles a paliar la crisis económica por no salir a trabajar.
En los mensajes de pandilleros que han circulado, piden que se difunda entre todos los vecinos y familiares para que todos estén enterados de las acciones que tomarán los pandilleros y así no llegar al extremo de golpear o “tomar otras medidas” en caso de que vean personas fueras de sus casas, en las calles o pasajes, sin razón justificada.
Aunque en algunos audios, el común denominador es la petición de parte de los pandilleros reitera que no quieren que sus familias o sus hijos vayan a enfermarse.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
