Nacionales
Siete de cada diez salvadoreños quieren un cambio en todas las alcaldías de San Salvador, según encuesta de la UTEC
La última encuesta de Opinión Pública presentada por la Universidad Tecnológica, UTEC, reveló que siete de cada diez habitantes del departamento de San Salvador quieren un cambio en las alcaldías.
La encuesta, que es más representativa en la cabecera departamental, presentó los resultados sobre preferencias políticas y electorales de cara a las votaciones de este 28 de febrero.
El estudio de la UTEC destacó que el mal manejo de la pandemia, la falta de recolección y disposición final de la basura así como la delincuencia y falta de acciones por parte de las municipalidades para contrarrestar este problema son, entre otros, de los factores que la población resiente de parte de los jefes edilicios de San Salvador.
De acuerdo con el estudio, el 29% de los consultados evaluó como malo el trabajo y las acciones que la alcaldía de su municipio ha realizado para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.
Además, casi el 26% de los entrevistados consideró como principal problema la delincuencia y la falta del combate a este problema, pese a que algunos ediles destacan como logro de su gestión el combate a la criminalidad.
La encuesta también reveló que un 24.8% opinó que la recolección de la basura, sumado a la contaminación (18%) es el principal problema que su alcaldía no ha podido resolver durante la última gestión.
En el caso específico del municipio de San Salvador, la tendencia se mantiene y casi siete de cada diez capitalinos consideran que es necesario un cambio de alcalde. Ernesto Muyshondt, jefe edilicio de la capital, obtuvo una nota de 5.9 en su gestión, según el estudio de la UTEC.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Ministerio de Salud (Minsal) continúa su apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la lucha contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), un parásito que representa una amenaza para la ganadería nacional y la salud animal.
Ambas instituciones han implementado una serie de acciones a nivel nacional, que incluyen la revisión de ganado y mascotas, así como la aplicación de desparasitantes internos y externos. Estas medidas buscan reducir la carga parasitaria en los animales y evitar el contagio de miasis, enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida popularmente como Gusano Barrenador del Ganado.
El Minsal se ha sumado como aliado estratégico en esta campaña conjunta con el MAG, recorriendo diariamente granjas y zonas ganaderas para evaluar el estado sanitario de los animales, establecer puntos de control para regular el tránsito del ganado, realizar visitas técnicas y mantener un monitoreo constante.
Unos 900 trabajadores, entre promotores, inspectores de salud, médicos, veterinarios y personal administrativo, forman parte de este esfuerzo coordinado, que también cuenta con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Aunque el GBG estuvo erradicado en El Salvador durante más de 30 años, el resurgimiento en 2023 en Panamá y Costa Rica provocó su expansión por Centroamérica y México. Hasta la fecha, se reportan 64,927 casos en la región, pero El Salvador mantiene índices bajos, con solo 105 casos registrados, equivalentes a menos del 0.5 % del total regional.
En abril de 2024, el gobierno salvadoreño declaró Estado de Alerta y Zoosanitario para enfrentar esta enfermedad, activando un plan preventivo que ha logrado contener su avance en el país.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos miembros activos de la Mara Salvatrucha (MS) que intentaban evadir la justicia y reactivar estructuras criminales en distintos puntos del país.
Uno de los detenidos es Vladimir Alfredo Rivera Molina, alias «Limpia Mundo», arrestado en la zona costera de La Libertad Costa. Según el informe oficial, Rivera Molina era un homeboy de la clica San Diego Locos Salvatruchos y pretendía reorganizar actividades ilícitas en la bocana de San Diego, donde incluso intimidaba a los habitantes exigiéndoles alimentos.
Las autoridades detallaron que el sujeto intentó borrar los tatuajes alusivos a la pandilla para no ser identificado, pero los registros policiales confirmaron su perfil como terrorista.
En otro operativo, desarrollado el pasado 8 de junio, fue capturado Juan Antonio Ayala Guerrero, alias «Slacky», de 45 años, en el distrito de San Rafael Oriente, en San Miguel Oeste. El sujeto intentaba pasar desapercibido como vendedor ambulante, pero sus tatuajes revelaron su pertenencia a la estructura criminal.
Ayala Guerrero fue intervenido por agentes de las Fuerzas Especiales durante un patrullaje y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
La PNC reiteró su compromiso de continuar con los patrullajes preventivos y las investigaciones para evitar el resurgimiento de estructuras terroristas en el país.
