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Secretario jurídico dice aún falta aclarar participación de Rodolfo Parker en masacre de jesuitas
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, reaccionó este viernes a la condena de 133 años de prisión para el excoronel Inocente Montano, por la masacre de cinco sacerdotes españoles, perpetrada en 1989 en la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA).
Consideró que apenas comienza a hacerse justicia en el caso y que aún faltan muchas otras personas qué procesar, entre ellas el diputado Rodolfo Parker, del PDC, contra quien existen señalamientos de haber encubierto el crimen.
“Esa herida, de alguna manera, está llegando a obtener justicia, sé que hay varios elementos por conocerse, hay señalamientos en contra del diputado Rodolfo Parker, vamos a ver qué va a pasar con esto”, manifestó en la entrevista de Noticiero Hechos.
Castro enfatizó que este tipo de delitos “no pueden quedar impune” y que todas las personas que tuvieron cualquier grado de participación en el crimen deben ser juzgados y condenados.
En otro tema, habló sobre la sanción y publicación del decreto que avaló parte de las asignaciones presupuestarias del préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos de @FOMILENIOII y apoyar otros sectores.
Resaltó que “el Presidente Nabib Bukele hizo un análisis a las necesidades y prioridades del país”, y ponderó los más de 36 proyectos contemplados dentro de FOMILENIO II, así como la situación de los veteranos y excombatientes del conflicto armado
El funcionario recalcó que los diputados han negado en reiteradas ocasiones los fondos que el Ejecutivo ha solicitado para la compra de insumos de primera línea requeridos para el Hospital El Salvador y la asignación aprobada el pasado 9 de septiembre fue solo para salarios del personal médico.
También explicó la deuda histórica con veteranos y excombatientes e indicó que esta administración ha dado el reconocimiento que el sector merece; sin embargo, el bloqueo del Legislativo provocó un retraso en el pago de las pensiones debido a que no aprobaban los fondos requeridos para solventar dicho compromiso.
El integrante del equipo legal de Presidencia lamentó que los diputados hayan nieguen los fondos para atender la crisis que atraviesan micros, pequeños y medianos empresarios, afectados por la pandemia y hayan priorizado asignar los $75 millones para las alcaldías, sin solicitarles un informe del uso de los recursos.
«La Asamblea Legislativa está en un año preelectoral dando todo el dinero posible a las alcaldías que son de ARENA y el FMLN» y sostuvo que esos fondos podrían ser utilizados con fines electorales. Lamentó que “para las alcaldías sí existe emergencia por COVID-19 y para el Ejecutivo no”, según la visión de los legisladores.
Pese al recurrente bloqueo, Castro dijo que el Gobierno salvadoreño continuará insistiendo en la aprobación de los fondos restantes de los $250 millones, de los cuales solo fueron autorizados $197.4 millones para FOMILENIO II, alcaldías y veteranos.
“Hago un llamado a los señores diputados a que nos ubiquemos, que apoyemos a la población que tanto lo necesita en estos momentos (…) No podemos darnos el lujo, en este momento, de perder ese dinero”, reiteró y añadió que existen organismos internacionales que están en la línea de apoyar al país.
Respecto al análisis para realizar una reforma constitucional, indicó que el vicepresidente Félix Ulloa ha sido designado para encabezar este esfuerzo con el fin de establecer modificaciones que lleven a «tener realmente un cambio estructural en nuestro país».
Negó que con las reformas constitucionales se busque que el Presidente Bukele pueda reelegirse y que existe morbo en torno al tema, impulsado por sectores que quieren distorsionar el tema. Resaltó que la Constitución de la República no ha sido modificada desde 1,983 y la actual coyuntura ha dejado al descubierto la necesidad de modernizarla.
Finalmente, reiteró que el actual Gobierno no ha pactado con las pandillas, como lo hicieron las administraciones anteriores, y su enfoque ha sido en un plan integral de seguridad, que ha está llevando tranquilidad a las familias salvadoreñas.
“Que la Fiscalía General de la República investigue es bueno para que vean que la estrategia es en pro de la población», subrayó.
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
A través del sistema de fotomultas, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a cinco conductores por sobrepasar los límites de velocidad establecidos, con lo cual pusieron en peligro sus vidas y las de los demás usuarios viales.
En la autopista a Comalapa fue sancionado el conductor del vehículo placas P 113 D2B circulando a 140 kilómetros por hora. Mientras que en el bulevar Monseñor Romero, el pick up con placas P 71 F83 fue captado a 125 km/h.
De igual manera, en la carretera al Puerto de La Libertad dos vehículos circulaban a 101 km/h y un tercero a 107 km/h. Por lo que, el VMT les aplicó una multa de $150 por circular a una mayor velocidad de la permitida.
En ese sentido, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales.
«Con nuestro sistema de fotomultas seguimos sancionando a quienes ponen en riesgo la vida de los demás», enfatizó el funcionario en la red X.
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) participa en el 69. ° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND), que se desarrolla del 9 al 13 de marzo en Viena, Austria. Representantes de más de 100 países se han reunido para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en soluciones frente al problema mundial de las drogas.
El superintendente Noé García compartió los avances de El Salvador en el fortalecimiento del sistema regulatorio de medicamentos fiscalizados y la modernización de los mecanismos de control con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).
«Participamos como Superintendencia de Regulación Sanitaria con el propósito de fortalecer la presencia de El Salvador en espacios internacionales de cooperación en materia de regulación y control», dijo García.
Durante la sesión, García destacó la transformación digital del sistema de control y la importancia de la cooperación internacional para garantizar el acceso a medicamentos con fines médicos y científicos, junto con medidas para prevenir su desvío y uso indebido.
En esta misión oficial, también participa Luis Reyes, jefe de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados; y Sulay Mejía, jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, quienes forman parte del equipo técnico de la SRS y contribuyen al intercambio de experiencias y conocimientos que fortalecen las acciones de regulación frente al problema mundial de las drogas.
«Agradezco el apoyo de la Embajada de El Salvador en Austria y del Embajador Kennedy Obed Reyes Lazo, cuyo acompañamiento fortalece la presencia institucional de nuestro país en estos espacios de coordinación internacional», expresó el funcionario.
