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Secretario jurídico dice aún falta aclarar participación de Rodolfo Parker en masacre de jesuitas
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, reaccionó este viernes a la condena de 133 años de prisión para el excoronel Inocente Montano, por la masacre de cinco sacerdotes españoles, perpetrada en 1989 en la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA).
Consideró que apenas comienza a hacerse justicia en el caso y que aún faltan muchas otras personas qué procesar, entre ellas el diputado Rodolfo Parker, del PDC, contra quien existen señalamientos de haber encubierto el crimen.
“Esa herida, de alguna manera, está llegando a obtener justicia, sé que hay varios elementos por conocerse, hay señalamientos en contra del diputado Rodolfo Parker, vamos a ver qué va a pasar con esto”, manifestó en la entrevista de Noticiero Hechos.
Castro enfatizó que este tipo de delitos “no pueden quedar impune” y que todas las personas que tuvieron cualquier grado de participación en el crimen deben ser juzgados y condenados.
En otro tema, habló sobre la sanción y publicación del decreto que avaló parte de las asignaciones presupuestarias del préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos de @FOMILENIOII y apoyar otros sectores.
Resaltó que “el Presidente Nabib Bukele hizo un análisis a las necesidades y prioridades del país”, y ponderó los más de 36 proyectos contemplados dentro de FOMILENIO II, así como la situación de los veteranos y excombatientes del conflicto armado
El funcionario recalcó que los diputados han negado en reiteradas ocasiones los fondos que el Ejecutivo ha solicitado para la compra de insumos de primera línea requeridos para el Hospital El Salvador y la asignación aprobada el pasado 9 de septiembre fue solo para salarios del personal médico.
También explicó la deuda histórica con veteranos y excombatientes e indicó que esta administración ha dado el reconocimiento que el sector merece; sin embargo, el bloqueo del Legislativo provocó un retraso en el pago de las pensiones debido a que no aprobaban los fondos requeridos para solventar dicho compromiso.
El integrante del equipo legal de Presidencia lamentó que los diputados hayan nieguen los fondos para atender la crisis que atraviesan micros, pequeños y medianos empresarios, afectados por la pandemia y hayan priorizado asignar los $75 millones para las alcaldías, sin solicitarles un informe del uso de los recursos.
«La Asamblea Legislativa está en un año preelectoral dando todo el dinero posible a las alcaldías que son de ARENA y el FMLN» y sostuvo que esos fondos podrían ser utilizados con fines electorales. Lamentó que “para las alcaldías sí existe emergencia por COVID-19 y para el Ejecutivo no”, según la visión de los legisladores.
Pese al recurrente bloqueo, Castro dijo que el Gobierno salvadoreño continuará insistiendo en la aprobación de los fondos restantes de los $250 millones, de los cuales solo fueron autorizados $197.4 millones para FOMILENIO II, alcaldías y veteranos.
“Hago un llamado a los señores diputados a que nos ubiquemos, que apoyemos a la población que tanto lo necesita en estos momentos (…) No podemos darnos el lujo, en este momento, de perder ese dinero”, reiteró y añadió que existen organismos internacionales que están en la línea de apoyar al país.
Respecto al análisis para realizar una reforma constitucional, indicó que el vicepresidente Félix Ulloa ha sido designado para encabezar este esfuerzo con el fin de establecer modificaciones que lleven a «tener realmente un cambio estructural en nuestro país».
Negó que con las reformas constitucionales se busque que el Presidente Bukele pueda reelegirse y que existe morbo en torno al tema, impulsado por sectores que quieren distorsionar el tema. Resaltó que la Constitución de la República no ha sido modificada desde 1,983 y la actual coyuntura ha dejado al descubierto la necesidad de modernizarla.
Finalmente, reiteró que el actual Gobierno no ha pactado con las pandillas, como lo hicieron las administraciones anteriores, y su enfoque ha sido en un plan integral de seguridad, que ha está llevando tranquilidad a las familias salvadoreñas.
“Que la Fiscalía General de la República investigue es bueno para que vean que la estrategia es en pro de la población», subrayó.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
