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Salvadoreños de escasos recursos acceden a viviendas dignas gracias al enfoque social en el Gobierno
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
La construcción de un nuevo país exige una base firme, con un sistema de protección social que garantice a las poblaciones vulnerables unas condiciones adecuadas de vida.
Bajo este principio, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene un conjunto de programas que resuelven deudas históricas.
Así, el Sistema Nacional de Vivienda destacó que durante la gestión del Presidente Bukele han beneficiado a 33,000 familias con créditos, contribuciones para construcción o mejoramiento, escrituras de propiedad y reasentamientos.
Gracias a estos resultados, hay familias que pueden dormir tranquilas por primera vez en su vida, pues cuentan con un techo seguro cuando lleguen las tormentas, o por fin obtuvieron los documentos que acreditan su propiedad después de años de espera.
Para cubrir a toda esta población, el Gobierno ha hecho una inversión de $500 millones. La cifra es histórica relacionada con esta actividad de bienestar social
Por ejemplo, la titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, habló de la importancia que tiene para una familia tener seguridad sobre el lugar que vive. “La entrega de escrituras de propiedad es una deuda histórica que estamos saldando con muchas comunidades, más de 5,000 familias ya tienen certeza jurídica y las cuadrillas de legalización del sistema de vivienda”, comentó la funcionaria.
Uno de los sitios donde están entregando ese documento son las comunidades Nuevo Amanecer y La Esperanza sectores 1 y 2: 137 hogares por fin tendrán su patrimonio afianzado para darlo a las futuras generaciones.
Un sector de la población que ha pasado durante años con promesas que los otros gobiernos nunca cumplían son los veteranos de guerra y los excombatientes. A pesar de haberse metido a luchar en la guerra, pocos beneficios les reconocía el Estado. Ya eso cambió y el Gobierno registra una inversión de $1.5 millones en beneficiar a este grupo (son más de 427 los beneficiarios).
Gracias a las transformaciones que ha impulsado la ministra Sol en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), en atención al mandato presidencial de proveer los mejores servicios a los usuarios, ha colocado $500 millones en créditos para un total de 31,500 familias. El 96 % es para vivienda de interés social, pero además, el 53 %lo recibieron jefas de hogar. “El Sistema de Vivienda nació con la visión estratégica del Presidente Bukele de unir los esfuerzos en el tema de vivienda para trabajar en la reducción del déficit habitacional del país. Nos falta mucho por hacer, pero tenemos grandes avances”, expresó la ministra Sol.
Durante la madrugada y la mañana del domingo se prevé cielo poco nublado, sin lluvias. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche y la madrugada se mantendrá poco nublado, siempre sin precipitaciones.
Se tendrá el ingreso de Vientos Nortes con velocidades entre 10 y 22 km/h y ráfagas de 50 a 70 km/h. En zonas donde la geografía favorece el aceleramiento del viento, podrían registrarse ráfagas de hasta 80 km/h durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Estas condiciones están asociadas a una alta presión sobre el sur de Estados Unidos y el golfo de México, que impulsa un frente frío por el Caribe y favorece la presencia de Vientos Nortes en la región.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
