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Salvadoreños de escasos recursos acceden a viviendas dignas gracias al enfoque social en el Gobierno
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
La construcción de un nuevo país exige una base firme, con un sistema de protección social que garantice a las poblaciones vulnerables unas condiciones adecuadas de vida.
Bajo este principio, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene un conjunto de programas que resuelven deudas históricas.
Así, el Sistema Nacional de Vivienda destacó que durante la gestión del Presidente Bukele han beneficiado a 33,000 familias con créditos, contribuciones para construcción o mejoramiento, escrituras de propiedad y reasentamientos.
Gracias a estos resultados, hay familias que pueden dormir tranquilas por primera vez en su vida, pues cuentan con un techo seguro cuando lleguen las tormentas, o por fin obtuvieron los documentos que acreditan su propiedad después de años de espera.
Para cubrir a toda esta población, el Gobierno ha hecho una inversión de $500 millones. La cifra es histórica relacionada con esta actividad de bienestar social
Por ejemplo, la titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, habló de la importancia que tiene para una familia tener seguridad sobre el lugar que vive. “La entrega de escrituras de propiedad es una deuda histórica que estamos saldando con muchas comunidades, más de 5,000 familias ya tienen certeza jurídica y las cuadrillas de legalización del sistema de vivienda”, comentó la funcionaria.
Uno de los sitios donde están entregando ese documento son las comunidades Nuevo Amanecer y La Esperanza sectores 1 y 2: 137 hogares por fin tendrán su patrimonio afianzado para darlo a las futuras generaciones.
Un sector de la población que ha pasado durante años con promesas que los otros gobiernos nunca cumplían son los veteranos de guerra y los excombatientes. A pesar de haberse metido a luchar en la guerra, pocos beneficios les reconocía el Estado. Ya eso cambió y el Gobierno registra una inversión de $1.5 millones en beneficiar a este grupo (son más de 427 los beneficiarios).
Gracias a las transformaciones que ha impulsado la ministra Sol en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), en atención al mandato presidencial de proveer los mejores servicios a los usuarios, ha colocado $500 millones en créditos para un total de 31,500 familias. El 96 % es para vivienda de interés social, pero además, el 53 %lo recibieron jefas de hogar. “El Sistema de Vivienda nació con la visión estratégica del Presidente Bukele de unir los esfuerzos en el tema de vivienda para trabajar en la reducción del déficit habitacional del país. Nos falta mucho por hacer, pero tenemos grandes avances”, expresó la ministra Sol.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
