Nacionales
Salvadoreños de escasos recursos acceden a viviendas dignas gracias al enfoque social en el Gobierno
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
La construcción de un nuevo país exige una base firme, con un sistema de protección social que garantice a las poblaciones vulnerables unas condiciones adecuadas de vida.
Bajo este principio, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene un conjunto de programas que resuelven deudas históricas.
Así, el Sistema Nacional de Vivienda destacó que durante la gestión del Presidente Bukele han beneficiado a 33,000 familias con créditos, contribuciones para construcción o mejoramiento, escrituras de propiedad y reasentamientos.
Gracias a estos resultados, hay familias que pueden dormir tranquilas por primera vez en su vida, pues cuentan con un techo seguro cuando lleguen las tormentas, o por fin obtuvieron los documentos que acreditan su propiedad después de años de espera.
Para cubrir a toda esta población, el Gobierno ha hecho una inversión de $500 millones. La cifra es histórica relacionada con esta actividad de bienestar social
Por ejemplo, la titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, habló de la importancia que tiene para una familia tener seguridad sobre el lugar que vive. “La entrega de escrituras de propiedad es una deuda histórica que estamos saldando con muchas comunidades, más de 5,000 familias ya tienen certeza jurídica y las cuadrillas de legalización del sistema de vivienda”, comentó la funcionaria.
Uno de los sitios donde están entregando ese documento son las comunidades Nuevo Amanecer y La Esperanza sectores 1 y 2: 137 hogares por fin tendrán su patrimonio afianzado para darlo a las futuras generaciones.
Un sector de la población que ha pasado durante años con promesas que los otros gobiernos nunca cumplían son los veteranos de guerra y los excombatientes. A pesar de haberse metido a luchar en la guerra, pocos beneficios les reconocía el Estado. Ya eso cambió y el Gobierno registra una inversión de $1.5 millones en beneficiar a este grupo (son más de 427 los beneficiarios).
Gracias a las transformaciones que ha impulsado la ministra Sol en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), en atención al mandato presidencial de proveer los mejores servicios a los usuarios, ha colocado $500 millones en créditos para un total de 31,500 familias. El 96 % es para vivienda de interés social, pero además, el 53 %lo recibieron jefas de hogar. “El Sistema de Vivienda nació con la visión estratégica del Presidente Bukele de unir los esfuerzos en el tema de vivienda para trabajar en la reducción del déficit habitacional del país. Nos falta mucho por hacer, pero tenemos grandes avances”, expresó la ministra Sol.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
