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Salvadoreños de escasos recursos acceden a viviendas dignas gracias al enfoque social en el Gobierno
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
La construcción de un nuevo país exige una base firme, con un sistema de protección social que garantice a las poblaciones vulnerables unas condiciones adecuadas de vida.
Bajo este principio, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene un conjunto de programas que resuelven deudas históricas.
Así, el Sistema Nacional de Vivienda destacó que durante la gestión del Presidente Bukele han beneficiado a 33,000 familias con créditos, contribuciones para construcción o mejoramiento, escrituras de propiedad y reasentamientos.
Gracias a estos resultados, hay familias que pueden dormir tranquilas por primera vez en su vida, pues cuentan con un techo seguro cuando lleguen las tormentas, o por fin obtuvieron los documentos que acreditan su propiedad después de años de espera.
Para cubrir a toda esta población, el Gobierno ha hecho una inversión de $500 millones. La cifra es histórica relacionada con esta actividad de bienestar social
Por ejemplo, la titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, habló de la importancia que tiene para una familia tener seguridad sobre el lugar que vive. “La entrega de escrituras de propiedad es una deuda histórica que estamos saldando con muchas comunidades, más de 5,000 familias ya tienen certeza jurídica y las cuadrillas de legalización del sistema de vivienda”, comentó la funcionaria.
Uno de los sitios donde están entregando ese documento son las comunidades Nuevo Amanecer y La Esperanza sectores 1 y 2: 137 hogares por fin tendrán su patrimonio afianzado para darlo a las futuras generaciones.
Un sector de la población que ha pasado durante años con promesas que los otros gobiernos nunca cumplían son los veteranos de guerra y los excombatientes. A pesar de haberse metido a luchar en la guerra, pocos beneficios les reconocía el Estado. Ya eso cambió y el Gobierno registra una inversión de $1.5 millones en beneficiar a este grupo (son más de 427 los beneficiarios).
Gracias a las transformaciones que ha impulsado la ministra Sol en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), en atención al mandato presidencial de proveer los mejores servicios a los usuarios, ha colocado $500 millones en créditos para un total de 31,500 familias. El 96 % es para vivienda de interés social, pero además, el 53 %lo recibieron jefas de hogar. “El Sistema de Vivienda nació con la visión estratégica del Presidente Bukele de unir los esfuerzos en el tema de vivienda para trabajar en la reducción del déficit habitacional del país. Nos falta mucho por hacer, pero tenemos grandes avances”, expresó la ministra Sol.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
