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Salud reporta reducción del 50% de casos de Covid-19 en El Salvador
Francisco Alabí, ministro de Salud, afirmó que este miércoles 19 de agosto de 2020 fue el décimo día consecutivo en el que se experimentó una reducción en los casos positivos de Covid-19 en El Salvador, lo que se puede interpretar como un descenso de casos en un 50 por ciento.
Esta noticia es consecuencia de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele durante la ampliación de la fase 1 de la reapertura de la economía nacional.
«Esta reducción es el fruto de la efectividad de las estrategias y del trabajo interinstitucional que realizan todas las instituciones del Gobierno», resaltó Alabí.
No obstante, ante la inminente reapertura total del próximo lunes 24 de agosto donde las personas van a estar más expuestas al virus, el funcionario afirmó que eso provocará un aumento en los contagios y reiteró el llamado para continuar implementando los protocolos de bioseguridad de manera responsable.
«Al haber más salvadoreños en contacto con el virus en las zonas con mayor circulación, es muy evidentemente que tendremos un incremento en la cantidad de infecciones y casos de coronavirus a nivel nacional, incluso en aquellos lugares donde el número de contagios es muy bajo», detalló.
Sin embargo, el Ministerio de Salud se está preparado para los próximos días y prueba de ello son las 1,500 camas disponibles con las que se cuentan en la red hospitalaria del país para atender a quienes lo requieran.
Mientras esto sucede, el trabajo de Salud no se frena en beneficio del personal sanitario, pese a que históricamente se encuentran mal remunerado por las gestiones gubernamentales anteriores.
En este sentido, Francisco Alabí subrayó que se ha realizado una inversión de $2.5 millones para garantizar un seguro de vida al 100%, además de la entrega de un tercer bono económico y otros beneficios.
No obstante, los recursos continúan escasos ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar la asignación presupuestaria a los fondos obtenidos por el Gobierno para la atención de la pandemia, lo que dificulta la compra de insumos médicos así como el pago de nocturnidades.
Para reparar tales deficiencias, Alabí destacó la orden del Presidente Bukele de cambiar el techo presupuestario al Ministerio de Salud para el 2021, lo que posibilitará dar cumplimiento a los casos más urgentes.
Es necesario, destacó el ministro, que además de los pacientes con Covid-19 se brinde la atención idónea «a las grandes necesidades de salud del país», donde se ubica un grupo históricamente desatendido por gobiernos anteriores, como lo son las personas con insuficiencia renal, hemantoncológicas, y quienes requieren de cirugía cardiovascular. Además se debe mejorar la cadena de abastecimiento y la atención prehospitalaria.
Consultado sobre el papel del Hospital El Salvador tras la pandemia, Alabí indicó que este moderno nosocomio se convertirá en un complejo médico que permitirá la atención de pacientes crónicos.
Finalmente, destacó que el Gobierno continuará con campañas educativas sobre el coronavirus durante la reapertura económica, como una estrategia efectiva para la prevención de contagios e instó a las personas que regresarán a la actividad productiva y laboral a poner en práctica todas las medidas sanitarias que se han detallado en los protocolos de bioseguridad para salvaguardar su salud y la de sus seres queridos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
