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Salud reporta reducción del 50% de casos de Covid-19 en El Salvador
Francisco Alabí, ministro de Salud, afirmó que este miércoles 19 de agosto de 2020 fue el décimo día consecutivo en el que se experimentó una reducción en los casos positivos de Covid-19 en El Salvador, lo que se puede interpretar como un descenso de casos en un 50 por ciento.
Esta noticia es consecuencia de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele durante la ampliación de la fase 1 de la reapertura de la economía nacional.
«Esta reducción es el fruto de la efectividad de las estrategias y del trabajo interinstitucional que realizan todas las instituciones del Gobierno», resaltó Alabí.
No obstante, ante la inminente reapertura total del próximo lunes 24 de agosto donde las personas van a estar más expuestas al virus, el funcionario afirmó que eso provocará un aumento en los contagios y reiteró el llamado para continuar implementando los protocolos de bioseguridad de manera responsable.
«Al haber más salvadoreños en contacto con el virus en las zonas con mayor circulación, es muy evidentemente que tendremos un incremento en la cantidad de infecciones y casos de coronavirus a nivel nacional, incluso en aquellos lugares donde el número de contagios es muy bajo», detalló.
Sin embargo, el Ministerio de Salud se está preparado para los próximos días y prueba de ello son las 1,500 camas disponibles con las que se cuentan en la red hospitalaria del país para atender a quienes lo requieran.
Mientras esto sucede, el trabajo de Salud no se frena en beneficio del personal sanitario, pese a que históricamente se encuentran mal remunerado por las gestiones gubernamentales anteriores.
En este sentido, Francisco Alabí subrayó que se ha realizado una inversión de $2.5 millones para garantizar un seguro de vida al 100%, además de la entrega de un tercer bono económico y otros beneficios.
No obstante, los recursos continúan escasos ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar la asignación presupuestaria a los fondos obtenidos por el Gobierno para la atención de la pandemia, lo que dificulta la compra de insumos médicos así como el pago de nocturnidades.
Para reparar tales deficiencias, Alabí destacó la orden del Presidente Bukele de cambiar el techo presupuestario al Ministerio de Salud para el 2021, lo que posibilitará dar cumplimiento a los casos más urgentes.
Es necesario, destacó el ministro, que además de los pacientes con Covid-19 se brinde la atención idónea «a las grandes necesidades de salud del país», donde se ubica un grupo históricamente desatendido por gobiernos anteriores, como lo son las personas con insuficiencia renal, hemantoncológicas, y quienes requieren de cirugía cardiovascular. Además se debe mejorar la cadena de abastecimiento y la atención prehospitalaria.
Consultado sobre el papel del Hospital El Salvador tras la pandemia, Alabí indicó que este moderno nosocomio se convertirá en un complejo médico que permitirá la atención de pacientes crónicos.
Finalmente, destacó que el Gobierno continuará con campañas educativas sobre el coronavirus durante la reapertura económica, como una estrategia efectiva para la prevención de contagios e instó a las personas que regresarán a la actividad productiva y laboral a poner en práctica todas las medidas sanitarias que se han detallado en los protocolos de bioseguridad para salvaguardar su salud y la de sus seres queridos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
