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Sala resuelve controversia sobre reforma a Ley de FOSALUD y da la razón al presidente Bukele
La Sala de lo Constitucional en aplicación de precedentes jurisprudenciales, declaró inconstitucional la reforma realizada por la Asamblea Legislativa a la ley especial para la Constitución del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), la cual fue vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele.
El decreto controvertido se refería a la determinación del ingreso, distribución y erogación de los recursos provenientes de la recaudación tributaria por la producción y comercialización de alcohol y bebidas etílicas, productos del tabaco y lo relacionados con el control y regulación de armas de fuego, municiones y artículos similares.
Además, sobre el incremento del porcentaje para el financiamiento de Fosalud y establecimiento de un monto mínimo que de tales ingresos debe aportarse al referido fondo. A la vez, determina que dicho porcentaje solo podrá ser utilizado para el pago de horas extras, pagos de días festivos y horas nocturnas. Por último, el decreto ordenaba al Presidente de la República que, mediante el Ministerio de Hacienda, solicitara las reformas necesarias a la Ley del Presupuesto General del Estado, para iniciar el pago a la totalidad de los estudiantes internados y año social.
El veto del Presidente se basó a dos aspectos: el primer lugar, en que la Asamblea Legislativa infringió el artículo 138 de la Constitución porque las reforma fue ratificada sin que se hayan considerado las razones que él adujo para vetarla; en segundo lugar, en que la reforma interfiera en la iniciativa presupuestaria del Órgano Ejecutivo y también afecta el principio de equilibrio presupuestario.
La Sala señala que en efecto que el proceso se ha acreditado el cumplimiento de la actividad de reconsideración y ratificación requerida por la Constitución. De ahí que se descarta la violación constitucional alegada en relación con el proceso ratificación del decreto legislativo.
Sobre el segundo punto, la sentencia establece que dicha reforma contenía mandatos que muestran un elevadísimo nivel de concreción, y configuran una directriz normativa específica para el uso del presupuesto del Ministerio de Salud, porque se regula en qué se han invertido los fondos asignados. Estas características son propias de los preceptos que componen el presupuesto general del Estado, ya que solo dicha ley puede mostrar ese nivel de especialidad presupuestaria. Por ello, la Sala resolvió que la Asamblea no podía elaborar por sí misma y luego aprobar los preceptos consignados en el decreto vetado.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
