La Sala de lo Constitucional en aplicación de precedentes jurisprudenciales, declaró inconstitucional la reforma realizada por la Asamblea Legislativa a la ley especial para la Constitución del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), la cual fue vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele.

El decreto controvertido se refería a la determinación del ingreso, distribución y erogación de los recursos provenientes de la recaudación tributaria por la producción y comercialización de alcohol y bebidas etílicas, productos del tabaco y lo relacionados con el control y regulación de armas de fuego, municiones y artículos similares.

Además, sobre el incremento del porcentaje para el financiamiento de Fosalud y establecimiento de un monto mínimo que de tales ingresos debe aportarse al referido fondo. A la vez, determina que dicho porcentaje solo podrá ser utilizado para el pago de horas extras, pagos de días festivos y horas nocturnas. Por último, el decreto ordenaba al Presidente de la República que, mediante el Ministerio de Hacienda, solicitara las reformas necesarias a la Ley del Presupuesto General del Estado, para iniciar el pago a la totalidad de los estudiantes internados y año social.

El veto del Presidente se basó a dos aspectos: el primer lugar, en que la Asamblea Legislativa infringió el artículo 138 de la Constitución porque las reforma fue ratificada sin que se hayan considerado las razones que él adujo para vetarla; en segundo lugar, en que la reforma interfiera en la iniciativa presupuestaria del Órgano Ejecutivo y también afecta el principio de equilibrio presupuestario.

La Sala señala que en efecto que el proceso se ha acreditado el cumplimiento de la actividad de reconsideración y ratificación requerida por la Constitución. De ahí que se descarta la violación constitucional alegada en relación con el proceso ratificación del decreto legislativo.

Sobre el segundo punto, la sentencia establece que dicha reforma contenía mandatos que muestran un elevadísimo nivel de concreción, y configuran una directriz normativa específica para el uso del presupuesto del Ministerio de Salud, porque se regula en qué se han invertido los fondos asignados. Estas características son propias de los preceptos que componen el presupuesto general del Estado, ya que solo dicha ley puede mostrar ese nivel de especialidad presupuestaria. Por ello, la Sala resolvió que la Asamblea no podía elaborar por sí misma y luego aprobar los preceptos consignados en el decreto vetado.