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Sala de lo Constitucional emite medidas de protección a favor de abogado al que una fiscal “fabricó” pruebas para acusarlo falsamente
Al conocer este día de un proceso de Hábeas Corpus, interpuesto por un Abogado, que por cuestiones de seguridad se omite su nombre, la Sala de lo Constitucional de forma unánime accedió a su petición y además dictó medidas cautelares con la finalidad de proteger su derecho a la libertad física, el cual se encontraba en riesgo ante la posibilidad que de forma arbitraria la Fiscalía General de la República (FGR), emitiera una orden de detención administrativa.
En el Expediente tramitado bajo la referencia 555-2020, consta que el citado abogado, se encontraba ejerciendo en calidad de Defensor Particular de una persona imputada por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, derivado de las diligencias de investigación fiscal 1273-UDV-2015, ante el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador. Precisamente en el curso de la etapa de instrucción, la Fiscal del Caso solicitó la realización de un anticipo de prueba, correspondiente a la declaración del testigo clave “Mirely” y mientras se llevaba a cabo la diligencia el Abogado realizó objeciones a diversas preguntas realizadas por la agente fiscal, impidiendo que el interrogatorio se desarrollara como esperaba realizarlo, irrespetando la legalidad, por parte de la mencionada fiscal, lo que además dejó entrever que la testigo “Mirely” no estaba realizando una declaración espontánea, sino ajustada a parámetros para los que la había preparado la fiscal.
Al día siguiente continuó el interrogotario, pero el abogado no pudo comparecer desde el inicio por tener otras diligencias, pero al incorporarse fue informado que la testigo “Mirely” en su declaración había vinculado “a un abogado de apellido S” con el cometimiento de conductas ilícitas relacionadas con la divulgación de la identidad de víctimas a pandilleros, lo que resultó en la muerte del testigo clave “Cojute”
En su solicitud de Hábeas Corpus, el abogado afirma que en virtud de estar seguro que de los profesionales que estaban ejerciendo defensa técnica en esa causa penal, era el único con “apellido S” y que nunca tuvo contacto con la persona fallecida, la vinculación efectuada por la testigo sin rostro “Mirely” únicamente pudo deberse a instrucciones recibidas de la fiscal del caso, quien se encontraba adscrita a la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) en una acción revanchista de aquella, por haber dejado previamente en descubierto la manipulación de la testigo.
En el contenido se lee también que ante la preocupación generada por las acciones que la FGR podía realizar a partir de esa prueba falsa, inclusive la de librarle orden de detención administrativa, se movilizó con prontitud presentando denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derehos Humanos y ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR, sin que ninguna de ambas instituciones le brindara la adecuada protección de sus derechos humanos, sobre todo cuando resalta que la posible manipulación de la declaración de la testigo sin rostro, pero sobre todo las acciones dispuestas por la fiscal del caso para afectarlo, también debían ser valoradads bajo el contexto de su función como defensor de derechos, “lo cual puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de esa labor que también afectaría el desempeño de otros defensores ante la utilización de declaraciones de coimputados o “criteriados” como aparente reacción fiscal contra el trabajo de los abogados en los procesos penales, con lo que se estaría criminalizando tal profesión.”
De hecho, el abogado peticionante invoca como fundamento de su petición los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, que tienen como principal exigencia que “Los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e independiente.”
La institución Fiscal ha sido ampliamente cuestionada durante los últimos años, especialmente por el aumento porcentual en el uso de testigos criteraridos y testigos sin rostro como medio principal de prueba en los procesos penales, hace poco más de un año, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, 13 de octubre de 2019) en su Editorial reconocía que: “Utilizar a un solo testigo -al que se le da plena credibilidad- para incriminar a cincuenta, cien o cuatrocientas personas viola garantías judiciales básicas, algo que agrava una tendencia procedimental ya anomala.”
Pero también los señalamientos vienen del uso de prueba obtenida de forma ilícita, prueba adulterada y prueba prohibida sobre la cual la FGR ha sustentado múltiples causas penales, como ha sido denunciado por ejemplo en el conocido como caso “CORRUPTELA” donde los agentes fiscales asignados construyeron el caso basados en coacciones a sus propios compañeros fiscales y empleados de la entidad Fiscal; el caso RAIS MARTÍNEZ, construido a partir de intervenciones telefónicas ilegales y de la suplantación de prueba donde una Técnico fiscal afirma en un documento de análisis, que el empresario Enrique Rais, tenía en uso un número telefónico, que en el procedimiento de captación de escuchas tenían constancia que se trataba de otra persona, sin ninguna vinculación con Rais.
Luego de que en 2025, El Salvador registrara saldos históricos por ingreso de remesas con más de $9,224.9 millones, las mediciones de este indicador en enero de 2026 reflejan un ritmo sostenido, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).
Al primer mes de este año, se registra la llegada de $759.4 millones a los hogares salvadoreños, lo que significa un crecimiento de 12.3 %, al compararlo con el mismo mes del año pasado cuando fueron registrados $676.3 millones, es decir $83.1 millones adicionales.
Los datos también indican que el 92 % de este dinero proviene de Estados Unidos con $698.6 millones, con los que consolidó un crecimiento interanual del 11.8 % en el monto de estos envíos.
Otros países que reflejaron importantes aportes fueron Canadá con $6.7 millones, y un crecimiento de 1.5 % con respecto a enero de 2025; España con $6.1 millones, y un alza de 34.8 %; e Italia con $5.6 millones con 25.2 % de aumento.
Este dinero se materializó a través de 2 millones de operaciones, un crecimiento del 3.8 %, respecto al plazo en cuestión. De estas, el 53.6 % se ejecutó a través de empresas remesadoras; el 41.7 % mediante instituciones bancarias; el 3.8 % en efectivo; el 0.7 % por medio de billeteras digitales de criptomonedas; y el 0.2 % vía recargas telefónicas.
Por otra parte, las estadísticas revelan que el departamento de San Salvador fue el mayor flujo de remesas recibió en enero de 2026 con $143.6 millones; seguido por San Miguel con $84.2 millones; La Libertad con $64.6 millones; Santa Ana con $60.3 millones; y Usulután con $56 millones; en contraste el que menos recibió fue Cuscatlán con $21.3 millones.
A su vez, en el análisis de los distritos más favorecidos con la recepción de dinero de remesas destacan las cabeceras departamentales, principalmente San Salvador, San Miguel y Santa Ana, que recibieron $73.5 millones; $44.6 millones; y $25.6 millones, respectivamente.
El reporte también refleja que la remesa mensual promedio que recibieron las familias en enero pasado fue de $372.6.
Con respecto a los flujos de uso de este dinero, el BCR indica que, de lo registrado el mes pasado, 98.7 % fue para consumo; y el 1.3 % para inversión.
En cuanto a los montos que más se repitieron en enero pasado, el informe de la institución estatal revela que el 71.9 % fue de cero a $499; mientras que el 10.5 % fue de $500 a $999; y el 8.9 % fue de $1,000 a $4,999.
Datos revelados por el Censo de Población y Vivienda 2024, indican que un 26.8 % de los hogares salvadoreños reciben remesas, lo que implica un incremento entre la población receptora con respecto del ejercicio de 2007, en el que solo 19.2 % recibía fondos por esta vía.
Este ingreso representa un factor de dinamización importante para la economía nacional.
Dos personas fallecieron la madrugada de este día luego de ser atropelladas en el kilómetro 83 de la carretera que de Ahuachapán conduce hacia Santa Ana, en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable fue identificado como Óscar Esaú Rivas Aguirre, quien conducía un microbús cuando perdió el control del vehículo debido a una velocidad inadecuada, se salió de la carretera y embistió a un hombre y a una mujer que se encontraban en una parada de buses. Las víctimas murieron al instante a causa del impacto.
Las autoridades verificaron que el conductor tenía la licencia de conducir vencida y acumulaba varias infracciones de tránsito pendientes. Además, el microbús que manejaba era utilizado para el traslado de pasajeros sin contar con los permisos correspondientes.
Rivas Aguirre será remitido por el delito de homicidio culposo, mientras las autoridades continúan con el proceso correspondiente para deducir responsabilidades.
La PNC reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para evitar tragedias en las carreteras del país.
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La embajada de Japón en El Salvador celebró el 66 aniversario del natalicio del emperador Naruhito
La embajada de Japón en El Salvador llevó a cabo ayer en la noche la Fiesta Nacional en conmemoración del 66 aniversario del natalicio de su majestad el emperador Naruhito.
Esta celebración es en honor al emperador Naruhito quien nació el 23 de febrero de 1960 y ascendió al trono en mayo de 2019, con lo cual dio inicio la era «Reiwa» en Japón, que se traduce como «bella armonía», explicó la embajada de la nación asiática.
Además, esta Fiesta Nacional es una tradición significativa en Japón y simboliza la unidad y la identidad nacional.
En ese sentido, la embajada de Japón en El Salvador organiza cada febrero, desde 2020, una elegante recepción que se convierte en una oportunidad para compartir y disfrutar de la cultura japonesa, la gastronomía y la música.
Este año, la Fiesta Nacional se llevó a cabo en un hotel capitalino y asistió el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como el Nuncio Apostólico en El Salvador, monseñor Luigi Roberto Cona, y funcionarios de diferentes carteras del Estado, entre ellos, la vicecanciller Adriana Mira, y la ministra de vivienda, Michelle Sol.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el embajador designado del Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, quien en su discurso también destacó las sólidas relaciones diplomáticas entre el país asiático y El Salvador.
«El año pasado, El Salvador y Japón celebraron el 90 ° aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, se pudieron llevar a cabo diversas actividades conmemorativas que fortalecieron nuestros lazos de amistad. Este año, es el primer paso para la década rumbo al centenario. Japón es el primer país asiático con el que El Salvador estableció relaciones diplomáticas», expresó el embajador designado del Japón en el país.
En la Fiesta Nacional, los invitados degustaron de comida japonesa y también pudieron conocer información de la cooperación económica que brinda Japón a El Salvador en un stand que fue colocado en el salón y en el cual los especialistas de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en el inglés) brindaron boletines, degustaciones y promocionales referentes de los proyectos que ejecutan en el país.
