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Sala de lo Constitucional emite medidas de protección a favor de abogado al que una fiscal “fabricó” pruebas para acusarlo falsamente
Al conocer este día de un proceso de Hábeas Corpus, interpuesto por un Abogado, que por cuestiones de seguridad se omite su nombre, la Sala de lo Constitucional de forma unánime accedió a su petición y además dictó medidas cautelares con la finalidad de proteger su derecho a la libertad física, el cual se encontraba en riesgo ante la posibilidad que de forma arbitraria la Fiscalía General de la República (FGR), emitiera una orden de detención administrativa.
En el Expediente tramitado bajo la referencia 555-2020, consta que el citado abogado, se encontraba ejerciendo en calidad de Defensor Particular de una persona imputada por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, derivado de las diligencias de investigación fiscal 1273-UDV-2015, ante el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador. Precisamente en el curso de la etapa de instrucción, la Fiscal del Caso solicitó la realización de un anticipo de prueba, correspondiente a la declaración del testigo clave “Mirely” y mientras se llevaba a cabo la diligencia el Abogado realizó objeciones a diversas preguntas realizadas por la agente fiscal, impidiendo que el interrogatorio se desarrollara como esperaba realizarlo, irrespetando la legalidad, por parte de la mencionada fiscal, lo que además dejó entrever que la testigo “Mirely” no estaba realizando una declaración espontánea, sino ajustada a parámetros para los que la había preparado la fiscal.
Al día siguiente continuó el interrogotario, pero el abogado no pudo comparecer desde el inicio por tener otras diligencias, pero al incorporarse fue informado que la testigo “Mirely” en su declaración había vinculado “a un abogado de apellido S” con el cometimiento de conductas ilícitas relacionadas con la divulgación de la identidad de víctimas a pandilleros, lo que resultó en la muerte del testigo clave “Cojute”
En su solicitud de Hábeas Corpus, el abogado afirma que en virtud de estar seguro que de los profesionales que estaban ejerciendo defensa técnica en esa causa penal, era el único con “apellido S” y que nunca tuvo contacto con la persona fallecida, la vinculación efectuada por la testigo sin rostro “Mirely” únicamente pudo deberse a instrucciones recibidas de la fiscal del caso, quien se encontraba adscrita a la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) en una acción revanchista de aquella, por haber dejado previamente en descubierto la manipulación de la testigo.
En el contenido se lee también que ante la preocupación generada por las acciones que la FGR podía realizar a partir de esa prueba falsa, inclusive la de librarle orden de detención administrativa, se movilizó con prontitud presentando denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derehos Humanos y ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR, sin que ninguna de ambas instituciones le brindara la adecuada protección de sus derechos humanos, sobre todo cuando resalta que la posible manipulación de la declaración de la testigo sin rostro, pero sobre todo las acciones dispuestas por la fiscal del caso para afectarlo, también debían ser valoradads bajo el contexto de su función como defensor de derechos, “lo cual puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de esa labor que también afectaría el desempeño de otros defensores ante la utilización de declaraciones de coimputados o “criteriados” como aparente reacción fiscal contra el trabajo de los abogados en los procesos penales, con lo que se estaría criminalizando tal profesión.”
De hecho, el abogado peticionante invoca como fundamento de su petición los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, que tienen como principal exigencia que “Los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e independiente.”
La institución Fiscal ha sido ampliamente cuestionada durante los últimos años, especialmente por el aumento porcentual en el uso de testigos criteraridos y testigos sin rostro como medio principal de prueba en los procesos penales, hace poco más de un año, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, 13 de octubre de 2019) en su Editorial reconocía que: “Utilizar a un solo testigo -al que se le da plena credibilidad- para incriminar a cincuenta, cien o cuatrocientas personas viola garantías judiciales básicas, algo que agrava una tendencia procedimental ya anomala.”
Pero también los señalamientos vienen del uso de prueba obtenida de forma ilícita, prueba adulterada y prueba prohibida sobre la cual la FGR ha sustentado múltiples causas penales, como ha sido denunciado por ejemplo en el conocido como caso “CORRUPTELA” donde los agentes fiscales asignados construyeron el caso basados en coacciones a sus propios compañeros fiscales y empleados de la entidad Fiscal; el caso RAIS MARTÍNEZ, construido a partir de intervenciones telefónicas ilegales y de la suplantación de prueba donde una Técnico fiscal afirma en un documento de análisis, que el empresario Enrique Rais, tenía en uso un número telefónico, que en el procedimiento de captación de escuchas tenían constancia que se trataba de otra persona, sin ninguna vinculación con Rais.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
