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Sala de lo Constitucional emite medidas de protección a favor de abogado al que una fiscal “fabricó” pruebas para acusarlo falsamente
Al conocer este día de un proceso de Hábeas Corpus, interpuesto por un Abogado, que por cuestiones de seguridad se omite su nombre, la Sala de lo Constitucional de forma unánime accedió a su petición y además dictó medidas cautelares con la finalidad de proteger su derecho a la libertad física, el cual se encontraba en riesgo ante la posibilidad que de forma arbitraria la Fiscalía General de la República (FGR), emitiera una orden de detención administrativa.
En el Expediente tramitado bajo la referencia 555-2020, consta que el citado abogado, se encontraba ejerciendo en calidad de Defensor Particular de una persona imputada por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, derivado de las diligencias de investigación fiscal 1273-UDV-2015, ante el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador. Precisamente en el curso de la etapa de instrucción, la Fiscal del Caso solicitó la realización de un anticipo de prueba, correspondiente a la declaración del testigo clave “Mirely” y mientras se llevaba a cabo la diligencia el Abogado realizó objeciones a diversas preguntas realizadas por la agente fiscal, impidiendo que el interrogatorio se desarrollara como esperaba realizarlo, irrespetando la legalidad, por parte de la mencionada fiscal, lo que además dejó entrever que la testigo “Mirely” no estaba realizando una declaración espontánea, sino ajustada a parámetros para los que la había preparado la fiscal.
Al día siguiente continuó el interrogotario, pero el abogado no pudo comparecer desde el inicio por tener otras diligencias, pero al incorporarse fue informado que la testigo “Mirely” en su declaración había vinculado “a un abogado de apellido S” con el cometimiento de conductas ilícitas relacionadas con la divulgación de la identidad de víctimas a pandilleros, lo que resultó en la muerte del testigo clave “Cojute”
En su solicitud de Hábeas Corpus, el abogado afirma que en virtud de estar seguro que de los profesionales que estaban ejerciendo defensa técnica en esa causa penal, era el único con “apellido S” y que nunca tuvo contacto con la persona fallecida, la vinculación efectuada por la testigo sin rostro “Mirely” únicamente pudo deberse a instrucciones recibidas de la fiscal del caso, quien se encontraba adscrita a la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) en una acción revanchista de aquella, por haber dejado previamente en descubierto la manipulación de la testigo.
En el contenido se lee también que ante la preocupación generada por las acciones que la FGR podía realizar a partir de esa prueba falsa, inclusive la de librarle orden de detención administrativa, se movilizó con prontitud presentando denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derehos Humanos y ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR, sin que ninguna de ambas instituciones le brindara la adecuada protección de sus derechos humanos, sobre todo cuando resalta que la posible manipulación de la declaración de la testigo sin rostro, pero sobre todo las acciones dispuestas por la fiscal del caso para afectarlo, también debían ser valoradads bajo el contexto de su función como defensor de derechos, “lo cual puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de esa labor que también afectaría el desempeño de otros defensores ante la utilización de declaraciones de coimputados o “criteriados” como aparente reacción fiscal contra el trabajo de los abogados en los procesos penales, con lo que se estaría criminalizando tal profesión.”
De hecho, el abogado peticionante invoca como fundamento de su petición los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, que tienen como principal exigencia que “Los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e independiente.”
La institución Fiscal ha sido ampliamente cuestionada durante los últimos años, especialmente por el aumento porcentual en el uso de testigos criteraridos y testigos sin rostro como medio principal de prueba en los procesos penales, hace poco más de un año, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, 13 de octubre de 2019) en su Editorial reconocía que: “Utilizar a un solo testigo -al que se le da plena credibilidad- para incriminar a cincuenta, cien o cuatrocientas personas viola garantías judiciales básicas, algo que agrava una tendencia procedimental ya anomala.”
Pero también los señalamientos vienen del uso de prueba obtenida de forma ilícita, prueba adulterada y prueba prohibida sobre la cual la FGR ha sustentado múltiples causas penales, como ha sido denunciado por ejemplo en el conocido como caso “CORRUPTELA” donde los agentes fiscales asignados construyeron el caso basados en coacciones a sus propios compañeros fiscales y empleados de la entidad Fiscal; el caso RAIS MARTÍNEZ, construido a partir de intervenciones telefónicas ilegales y de la suplantación de prueba donde una Técnico fiscal afirma en un documento de análisis, que el empresario Enrique Rais, tenía en uso un número telefónico, que en el procedimiento de captación de escuchas tenían constancia que se trataba de otra persona, sin ninguna vinculación con Rais.
Los registros inflacionarios de El Salvador mostraron una disminución en el inicio de 2026, según el último informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), dato que es coincidente con la tendencia mostrada el año pasado.
Las estadísticas muestran que, hasta el 31 de enero de 2026, el índice exhibió un 0.65 %, lo que implica una reducción de 26 puntos porcentuales con respecto al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicó en 0.91 %.
El reporte del primer mes de este año refleja que sectores importantes de la economía mostraron estabilidad en sus tasas inflacionarias, entre estas destaca el sector de alimentos, que mostró un 0.89 %.
Este caso específico es atribuido por las autoridades de Gobierno a la estabilidad de precios lograda gracias a los más de 60 agromercados distribuidos en el país, y centros de ventas que junto a la Central de Abastos de Soyapango se han convertido en una alternativa real para el acceso a alimentos.
Estos lugares mantienen precios bajos debido a que eliminan los intermediarios al facilitar la compra directa de productores e importadores, lo que al mismo tiempo garantiza la frescura y calidad de los productos.
Otros rubros que también reflejaron inflación moderada o baja en enero de 2026 fueron los bienes y servicios con 1.05 %; y la educación con un 0.46 %
En el análisis también resaltaron ítems que mostraron comportamientos de inflación negativa, entre los que se encuentra el transporte con -3.27 %; recreación y cultura con -0.61 %; comunicaciones con -0.53 %; prendas de vestir y calzado con -0.49%; muebles y artículos para el hogar con -0.13 %.
Los resultados reportados en enero son consistentes con la estabilidad mostrada por este índice en 2025, cuando mantuvo su promedio en 0.93 %.
En información compartida de forma reciente con «Diario El Salvador», el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, indicó que el registro del año pasado se ubicó por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años.
El funcionario explicó que los resultados obtenidos en 2025 implican que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiarios del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y del aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %.
Apuntó que este comportamiento se atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador estuvo en 2025 entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
El mercado de valores salvadoreño concluyó el 2025 con un desempeño positivo que refleja una mayor utilización de los instrumentos bursátiles por parte de inversionistas y agentes económicos. Durante el año, se realizaron 7,992 transacciones que sumaron $6,031.6 millones, superando los $5,429.4 millones negociados en 2024 y marcando un crecimiento interanual de 11.1 %, según el Boletín de Mercado de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El aumento en el monto negociado estuvo acompañado por una participación activa de distintos segmentos del mercado, lo que evidenció un mayor volumen promedio por operación y una consolidación del mercado de capitales como mecanismo para canalizar inversiones y gestionar liquidez. Solo en el último tramo del año se reportaron 507 operaciones por $586.7 millones, contribuyendo al cierre positivo del ejercicio.
Por tipo de mercado, los reportos se mantuvieron como el principal motor de la actividad bursátil. Este segmento, donde se realizan operaciones de recompra de valores para obtener liquidez de corto plazo, transó $2,832.7 millones, equivalente al 47 % del total negociado. La mayoría de estas operaciones se pactaron a plazos de uno a cuatro días, por un monto de $1,269.2 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 4.34 %.
En este mercado, las personas naturales concentraron el 61.3 % de la demanda de liquidez, mientras que los fondos de inversión abiertos aportaron el 57.7 % de los recursos, reflejando el papel de estos vehículos como proveedores clave de financiamiento dentro del sistema financiero.
El mercado primario de renta fija y variable, donde se colocan por primera vez los valores emitidos por empresas y el sector público, registró un monto acumulado de $1,005 millones. Aunque esta cifra fue inferior a los $1,514.2 millones de 2024, el segmento continuó siendo relevante para el financiamiento de proyectos y necesidades de inversión de los emisores.
Por su parte, el mercado secundario, en el que se compran y venden valores ya emitidos, transó $249.3 millones y representó el 4.1 % del total negociado, contribuyendo a la liquidez del mercado y permitiendo a los inversionistas ajustar sus portafolios.
Las operaciones internacionales mostraron un comportamiento dinámico a lo largo del año. Las compras y ventas de instrumentos internacionales sumaron $1,668.3 millones, con una mayor presencia de deuda soberana extranjera y local. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $276.4 millones, impulsado principalmente por instrumentos de origen extranjero, reflejando una mayor diversificación de las opciones de inversión disponibles.
Fondos de inversión fortalecen su presencia
El crecimiento del mercado también se reflejó en el desempeño de los fondos de inversión. Al cierre de 2025, el patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,893.6 millones. De este total, los fondos abiertos concentraron $552.4 millones, mientras que los fondos cerrados alcanzaron $1,341.2 millones, consolidándose como vehículos relevantes para inversiones de mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó avanzando. Durante 2025, la bolsa integrada registró 867 operaciones por un monto de $272.9 millones. Desde el inicio de este mecanismo en 2017 y hasta el cierre de 2025, el monto acumulado negociado ascendió a $879.8 millones, con la participación de 12 intermediarios bursátiles autorizados, seis salvadoreños y seis panameños.
En conjunto, los resultados del cierre de 2025 confirman un mayor dinamismo y profundidad del mercado de valores salvadoreño, reflejado en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de los reportos, la actividad del mercado primario y el fortalecimiento de los fondos de inversión, consolidando al mercado de capitales como un componente clave del sistema financiero nacional.
El falso importador de vehículos Raúl Alberto C., comenzó a enfrentar un proceso penal por el delito de estafa, en el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango.
En la audiencia inicial, se ordenó que el expediente pase a la segunda etapa procesal y que sea el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, el que continue conociendo de la fase de investigación.
En la acusación presentada por la Fiscalía General de la República y que nace de una denuncia interpuesta, se detalla que el imputado publicó en redes sociales su negocio de importación de vehículos.
La víctima dijo que en junio del año pasado lo contactó a través de redes sociales y que al contactarlo acordó adquirir dos vehículos por la cantidad de $19,781.46.
El afectado le entregó el dinero, pero con el paso del tiempo los automotores no se los entregaba, cuando le preguntaba el imputado siempre salía con excusas para justificar los motivos por los cuales no cumplía con el acuerdo.
Al final, la víctima pidió a la Fiscalía que iniciara acciones legales con el fin de recuperar los más de $19,000, hasta la fecha no ha recibido los fondos entregados.
