Nacionales
Sala de lo Constitucional emite medidas de protección a favor de abogado al que una fiscal “fabricó” pruebas para acusarlo falsamente
Al conocer este día de un proceso de Hábeas Corpus, interpuesto por un Abogado, que por cuestiones de seguridad se omite su nombre, la Sala de lo Constitucional de forma unánime accedió a su petición y además dictó medidas cautelares con la finalidad de proteger su derecho a la libertad física, el cual se encontraba en riesgo ante la posibilidad que de forma arbitraria la Fiscalía General de la República (FGR), emitiera una orden de detención administrativa.
En el Expediente tramitado bajo la referencia 555-2020, consta que el citado abogado, se encontraba ejerciendo en calidad de Defensor Particular de una persona imputada por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, derivado de las diligencias de investigación fiscal 1273-UDV-2015, ante el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador. Precisamente en el curso de la etapa de instrucción, la Fiscal del Caso solicitó la realización de un anticipo de prueba, correspondiente a la declaración del testigo clave “Mirely” y mientras se llevaba a cabo la diligencia el Abogado realizó objeciones a diversas preguntas realizadas por la agente fiscal, impidiendo que el interrogatorio se desarrollara como esperaba realizarlo, irrespetando la legalidad, por parte de la mencionada fiscal, lo que además dejó entrever que la testigo “Mirely” no estaba realizando una declaración espontánea, sino ajustada a parámetros para los que la había preparado la fiscal.
Al día siguiente continuó el interrogotario, pero el abogado no pudo comparecer desde el inicio por tener otras diligencias, pero al incorporarse fue informado que la testigo “Mirely” en su declaración había vinculado “a un abogado de apellido S” con el cometimiento de conductas ilícitas relacionadas con la divulgación de la identidad de víctimas a pandilleros, lo que resultó en la muerte del testigo clave “Cojute”
En su solicitud de Hábeas Corpus, el abogado afirma que en virtud de estar seguro que de los profesionales que estaban ejerciendo defensa técnica en esa causa penal, era el único con “apellido S” y que nunca tuvo contacto con la persona fallecida, la vinculación efectuada por la testigo sin rostro “Mirely” únicamente pudo deberse a instrucciones recibidas de la fiscal del caso, quien se encontraba adscrita a la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) en una acción revanchista de aquella, por haber dejado previamente en descubierto la manipulación de la testigo.
En el contenido se lee también que ante la preocupación generada por las acciones que la FGR podía realizar a partir de esa prueba falsa, inclusive la de librarle orden de detención administrativa, se movilizó con prontitud presentando denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derehos Humanos y ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR, sin que ninguna de ambas instituciones le brindara la adecuada protección de sus derechos humanos, sobre todo cuando resalta que la posible manipulación de la declaración de la testigo sin rostro, pero sobre todo las acciones dispuestas por la fiscal del caso para afectarlo, también debían ser valoradads bajo el contexto de su función como defensor de derechos, “lo cual puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de esa labor que también afectaría el desempeño de otros defensores ante la utilización de declaraciones de coimputados o “criteriados” como aparente reacción fiscal contra el trabajo de los abogados en los procesos penales, con lo que se estaría criminalizando tal profesión.”
De hecho, el abogado peticionante invoca como fundamento de su petición los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, que tienen como principal exigencia que “Los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e independiente.”
La institución Fiscal ha sido ampliamente cuestionada durante los últimos años, especialmente por el aumento porcentual en el uso de testigos criteraridos y testigos sin rostro como medio principal de prueba en los procesos penales, hace poco más de un año, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, 13 de octubre de 2019) en su Editorial reconocía que: “Utilizar a un solo testigo -al que se le da plena credibilidad- para incriminar a cincuenta, cien o cuatrocientas personas viola garantías judiciales básicas, algo que agrava una tendencia procedimental ya anomala.”
Pero también los señalamientos vienen del uso de prueba obtenida de forma ilícita, prueba adulterada y prueba prohibida sobre la cual la FGR ha sustentado múltiples causas penales, como ha sido denunciado por ejemplo en el conocido como caso “CORRUPTELA” donde los agentes fiscales asignados construyeron el caso basados en coacciones a sus propios compañeros fiscales y empleados de la entidad Fiscal; el caso RAIS MARTÍNEZ, construido a partir de intervenciones telefónicas ilegales y de la suplantación de prueba donde una Técnico fiscal afirma en un documento de análisis, que el empresario Enrique Rais, tenía en uso un número telefónico, que en el procedimiento de captación de escuchas tenían constancia que se trataba de otra persona, sin ninguna vinculación con Rais.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió una advertencia a la población salvadoreña ante la entrada de un sistema de vientos nortes que afecta el territorio desde ayer y se prolongará hasta el jueves 29 de enero.
Durante este periodo, habrá ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas del occidente y nororiente del país.
La institución enfatizó que este fenómeno meteorológico, caracterizado por fuertes ráfagas de viento, puede incrementar el riesgo de caídas de árboles, ramas y objetos livianos, por lo que instó a la ciudadanía a tomar precauciones, particularmente al transitar por áreas arboladas o con infraestructura vulnerable.
De acuerdo con el pronóstico del MARN, los vientos nortes se presentarán con mayor intensidad entre este día y la mitad de la semana, siendo más notorios en zonas altas del occidente y nororiente del país, aunque también se sentirán ráfagas moderadas en otras regiones.
Mientras que, el viernes 30 de enero será «un día de transición», previo al ingreso de otro episodio de Vientos Nortes el fin de semana.
«En la madrugada de ese viernes, se prevé que las temperaturas se perciban un poco frías en gran parte del país», comunicó el MARN.
