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Rastras provocan: 11 muertes, 28 lesionados y destrozos en 69 vehículos
Los accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados conductores de rastras han provo-cado la muerte de 11 personas, lesiones que van desde leves hasta muy graves en 28 víctimas y destrozos en 69 vehículos durante los últimos dos meses, según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC).
El más reciente accidente de tránsito ocurrió el domingo 21 de mayo en el km 10 de la carretera Panamericana, cerca del redondel Integración donde cinco personas resultaron lesionadas y ocho vehículos quedaron destrozados tras ser impactados por una rastra.
En este caso, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, explicó que el automotor era conduci-do a velocidad inadecuada, el trailero identificado como Eduardo Antonio Rodríguez Molina, de 52 años, resultó lesionado y fue llevado a un centro hospitalario.
La escena de este percance fue similar a la que ocurrió el 14 de marzo en el bulevar Los Próceres cuando un trailer arrasó con 30 automóviles y provocó dos muertes y 15 lesionados, además de caos vehicular.
Las víctimas mortales fueron el subinspector de la Policía, Luis Alfredo Deodanes Miranda, y el empleado de un call center, Edwin Otoniel Vargas Flores. El conductor de la rastra, de nombre Car-los Alberto Portillo Vásquez fue arrestado y luego puesto en libertad.
El lunes 22 de mayo, el conductor de la rastra placas C114-939, con remolque RE6-691 que trans-portaba hierro, perdió el control y se estrelló contra un paredón en el km 7 de la autopista al Aero-puerto Internacional, al sur de San Salvador. El hombre huyó del lugar al ver la presencia policial.
Por suerte, solo hubo daños materiales; sin embargo, las autoridades creen que si el trailero no hu-biese maniobrado, el percance habría tenido saldos fatales debido a que en dicha autopista circulan a diario un promedio de 52,208 vehículos, de los cuales 3,926 es transporte de carga, según datos del Ministerio de Obras Públicas.
La madrugada del 25 de abril, cuatro personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas luego que el pick up, P962-284, en que viajaban se estrellara contra la parte trasera de la rastra, C104-284, la cual se encontraba estacionada en el km 14 de la autopista Aeropuerto Internacional, en San Marcos.
Por este hecho, la Policía capturó al motorista de un pickup, Carlos Enrique González García, quien se habría distraído en la conducción hasta estrellarse en el trailer, fue acusado del delito de homici-dio culposo. Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Janeth Delgado y Teresa López.
Carlos Antonio Galeano Rodríguez, de 33 años, y su novia Karla María Villalta Flores, de 24, mu-rieron al ser embestidos por una rastra cuando viajaban en la moto, placas 502-510, por el km 49 y medio de la carretera Litoral, en Tamanique, La Libertad.
En redes sociales circularon imágenes de la tragedia y de cómo lugareños y extranjeros intentaron auxiliar a la pareja, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fueron llevados a la unidad médica situada en la playa Conchalío y al hospital San Rafael, en Santa Tecla. Tras lo ocurrido el trailero huyó de la escena.
El 13 de mayo, una vaca fue arrollada por la rastra, placas C126-996, en el km 77 de carretera de Santa Ana a Metapán. En el mismo percance el parabrisas del vehículo, P865-633, quedó destruido producto de la colisión con el animal. Socorristas llegaron a la escena para auxiliar a las víctimas que únicamente tuvieron golpes leves.
Las autoridades policiales advierten a conductores manejar con precaución en esa zona, debido a que repentinamente se cruzan la carretera, vacas, venados y otros animales, lo que pone en riesgo a quienes conducen.
A raíz de este tipo de accidentabilidad, el Viceministerio de Transporte (VMT) activó un plan que busca minimizar la siniestralidad del transporte de carga, por lo que de manera sorpresiva inspecto-res de la institución se instalan en carreteras para garantizar que los traileros cumplan horarios de circulación.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, en lo que va del 2023 han aplicado 13,151 multas al transporte de carga por no cumplimiento a la normativa vial. Los controles incluyen verificar el peso de carga y evitar que circulen sobrecargadas y que los motoristas no conduzcan bajo los efec-tos de bebidas embriagantes, drogas y que tengan documentación.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1° de enero al 22 de mayo de este año se han registrado 6,821 accidentes que dejaron 4,133 lesionados y 475 fallecidos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
