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Primera Jornada de entrega de prestaciones económicas del FONAT
El Fondo para la Atención a las víctimas de Accidentes de Tránsito realiza la primera jornada de entrega de prestaciones económicas del 2022, para beneficiar a más de 195 familias salvadoreñas afectadas por un hecho vial.
Con un presupuesto total proyectado a entregar de $202, 500, se distribuirá $90,000 a 100 personas lesionadas con algún grado de discapacidad como consecuencia de un siniestro vial. Mientras que $112,500 será recibido por 95 beneficiarios de fallecidos en un accidente de tránsito a nivel nacional.
Estas entregas se llevan a cabo en forma simultánea en las tres sedes del FONAT: Santa Ana para los beneficiarios del occidente del país, San Salvador con cobertura para la zona central y para central y en San Miguel para las solicitudes de prestación económica del área oriental.
La Ley del FONAT establece lo siguiente:
Prestación Económica a lesionados, con algún grado de discapacidad: (no mayor a $1,200.00) La prestación económica en el caso de personas con algún grado de discapacidad no podrá ser superior a mil doscientos dólares, según el grado de discapacidad temporal o permanente con que resulte una víctima de accidente de tránsito, será entregado por una sola vez.
BENEFICIO PARA FAMILIARES DE VICTIMAS FALLECIDAS: ($2,500.00) El monto de la prestación económica a cubrir por el FONAT, será por una sola vez y hasta la suma de dos mil dólares por fallecido, más la suma de quinientos dólares de los estados unidos de américa, para gastos funerarios.
PLAZO PARA INICIAR CON LA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA: Los beneficiarios tendrán un plazo de SEIS MESES contados a partir de ocurrido el accidente de tránsito, para presentar la solicitud correspondiente por el fallecimiento de su pariente. Vencido el plazo señalado, sin que las personas antes referidas hayan presentado la solicitud correspondiente, éstos perderán el derecho a reclamar las prestaciones económicas.
Entregas de Prestaciones Económicas en 2021
En el año anterior, el Consejo Directivo aprobó un total de 2,313 solicitudes de prestaciones económicas, con un monto total de $2,499,400. De este total entregado, $912,400 correspondió a lesionados y $1,582 fueron distribuidos a familiares de fallecidos en hechos viales.
A lo largo del año 2021, se entregaron 2,094 prestaciones económicas, el 37% para beneficiarios de fallecidos y 63% para lesionados, con algún grado de discapacidad, como consecuencia de un siniestro vial.
Ingreso de Solicitud de Prestación Económica
Para iniciar con solicitud de prestación económica, la persona afectada por un siniestro vial puede realizar el proceso en línea a través de www.fonat.gob.sv. Siguiendo los pasos: 1.) Ingresar a Solicitud de Prestación económica 2.) Mirar el video tutorial según corresponda para lesionado o fallecido 3.) Ingresar todos los datos, según los campos solicitados 4.) Subir las imágenes o escaneos de documentación requerida 5.) Enviar la solicitud al finalizar todo el formulario.


Principal
Agresor de menor de edad es condenado a ocho años de cárcel
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a ocho años de cárcel a Boris Stanley R. G., tras encontrarlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.
«Durante la vista pública, el Tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y testimoniales, e impuso una condena civil», señaló el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad.
«Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y cometer los hechos», explicó el fiscal.
En otro caso a 16 años de prisión fue condenado Santos Rivas Portillo por tocar el cuerpo de una niña. Los hechos ocurrieron en el distrito de Jicalapa, municipio de La Libertad Costa, entre 2012 y 2019.
Rivas Portillo convivía en la misma casa de la víctima y se aprovechaba del vínculo cercano para tocarla.
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Violador de adolescente pasará más de 26 años preso
Carlos Alberto Guillén Molina fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones, entre el 2023 y el 2024 en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
«Según consta en el expediente de la Fiscalía, Guillén en septiembre del 2023, convenció a la joven de 14 años para que trabajara en su casa y que también cuidara a su hijo de siete años de edad, la víctima por la necesidad económica de su familia, aceptó», explicó la fiscal del caso.
El imputado comenzó a acosar a la víctima, luego de tres meses de estar realizando trabajos domésticos, Guillén Molina la violó en varias ocasiones.
«En junio del 2024, producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada. Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró la condena y el pago $600 a favor de la víctima», indicó la fiscal.
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Vicepresidente Ulloa participa en cátedra de Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos en México
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en un conversatorio sobre Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos, en el marco de la Cátedra Dong Nguyen Huu, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en México. En la actividad, el Director de este Instituto, Jorge Pascacio junto a la comunidad académica, brindó una cordial bienvenida al Vicemandatario y afirmó que este es un espacio orientado a la reflexión y al diálogo sobre los principales desafíos de la región.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa agradeció a las autoridades universitarias por la invitación y por abrir este debate para compartir la experiencia de El Salvador en materia de seguridad, subrayando que no se trata de exportar un modelo, sino de dar a conocer los esfuerzos emprendidos por el país para recuperar la paz, el orden y la institucionalidad.

En ese contexto, el Vicemandatario hizo un repaso por la historia reciente de El Salvador, señalando que, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, en la Ciudad de México, en Castillo de Chapultepec, el país transitó por un prolongado período de postguerra marcado por la debilidad institucional, la corrupción y la expansión de estructuras criminales. Indicó que, al inicio del actual proceso de transformación, el Gobierno enfrentó severas limitaciones políticas y legislativas que dificultaban impulsar las reformas de fondo que el país requería.
Asimismo, destacó que, bajo el #RégimenDeExcepción, y haciendo uso del jus ad bellum, el Presidente Nayib Bukele tomó acciones determinantes, logrando una paz que ha permitido más de 1,170 días con cero homicidios. Señaló que, también se adoptaron medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y proteger a la población, haciendo énfasis, que esta decisión respondió a circunstancias excepcionales y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De igual forma, subrayó que la población salvadoreña continúa respaldando esta medida.

Finalmente, mencionó que la segunda fase de esta transformación, tras alcanzar el milagro de la seguridad, se centra en impulsar el milagro económico, con una apuesta inédita por la innovación, la modernización del Estado y la formación de servidores públicos más eficientes, así como por el fortalecimiento de la educación mediante la entrega de dispositivos electrónicos a estudiantes para mejorar su preparación académica.
Como parte del diálogo, también se abordaron los desafíos de la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional. Recalcó que la seguridad es una preocupación compartida por los países del continente y valoró positivamente toda iniciativa orientada a homologar esfuerzos de preparación policial, cooperación judicial e intercambio estratégico, al considerar que el combate a estas amenazas demanda respuestas coordinadas entre los Estados.
Con su participación en este encuentro, el Vicepresidente Ulloa reafirmó la disposición de El Salvador de contribuir al debate académico e institucional sobre los retos de la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza democrática, compartiendo su experiencia nacional desde una perspectiva de diálogo, respeto a la soberanía de los Estados y búsqueda de soluciones conjuntas.






