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Primera Dama, Gabriela de Bukele, se reúne con ministros y diputados para hablar sobre inversión a Primera Infancia
Esta tarde, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, se reunió con los ministros de Educación, Salud, Hacienda, la Jefa de Proyectos del Despacho y los diputados, Suecy Callejas Estrada y Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, con el fin de abordar detalles sobre las iniciativas de financiamiento presentadas a la Asamblea Legislativa.
Las tres iniciativas de financiamiento están encaminadas en la inversión de la primera infancia para mejorar el desarrollo, la economía, y la calidad de vida del país y serán ejecutadas por los Ministerios de Salud y Educación bajo el liderazgo de la Primera Dama.
“Nunca se había hecho una inversión así en nuestro país. Ahora solo tenemos el desafío de implementar estas acciones. Si esto se hubiera hecho hace 30 años ¿qué ciudadanos tuviéramos ahora?”, expresó Gabriela de Bukele.
Al mismo tiempo, añadió: «Si de verdad queremos cambiar la realidad en la que viven nuestros niños tenemos que cambiar la forma en la que venimos al mundo. Esto requiere una alta inversión, voluntad política y compromiso de parte de todos los actores de la sociedad».
Entre las temáticas desarrolladas durante la reunión también se analizaron las siguientes iniciativas:
- Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador: Creciendo Saludables Juntos, el cual tiene como misión garantizar que niños y jóvenes a nivel nacional tengan los nutrientes necesarios para un crecimiento sano.
- Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador: Crecer y Aprender Juntos, una temática enfocada en mejorar las prácticas de enseñanza en la educación y el cuidado en la primera infancia a nivel nacional.
- Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender, el cual tiene como objetivo contribuir en un futuro digno y de calidad en la cobertura educativa.
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Ante esto, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró: “Lo que estamos haciendo ahora es viendo la política pública desde una perspectiva humana, es algo que tenemos que hacer por ley, es un derecho de nuestros niños”.
Asimismo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, destacó que “como país debemos garantizarle a nuestra niñez lo básico. La Política ˈCrecer Juntosˈ va a garantizar que la niñez reciba estas necesidades básicas y madres estarán seguras de que sí las van a recibir”.
Mientras que, la diputada Suecy Callejas Estrada, se refirió al trato que brinda el Hospital El Salvador y destacó la adecuada atención que se ofrece a los pacientes con COVID-19, un tema que ella asegura debe transmitirse a la niñez salvadoreña.
“Con tan sola una persona que logré transmitir esta calidez esto se va transmitiendo a las demás. En el Hospital El Salvador no hay ninguna persona que diga que se le ha tratado mal. Esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestra niñez”, destacó Suecy Callejas Estrada.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
